El jefe del bloque de diputados nacionales socialistas en el Frente Amplio Progresista (FAP), Juan Carlos Zabalza, reclamó este lunes ante el Consejo de la Magistratura la apertura del correspondiente procedimiento para la destitución del controvertido juez federal porteño Norberto Oyarbide ante las “irregularidades” en la tramitación de la causa ‘Schocklender’
En esta investigación judicial sobre quien fuera el principal directivo del proyecto de vivienda propia ‘Sueños Compartidos se investiga el presunto desvío de fondos en las obras financiadas por el Estado nacional, en el marco del llamado ‘Convenio Único de Colaboración y Transferencia’, que fuera suscripto entre diversos municipios y el Ministerio de Planificación Federal
Zabala estuvo acompañado en su reclamo por los diputados nacionales Margarita Stolbizer, Alicia Ciciliani, Ernesto Martínez, Victoria Donda, Graciela Villata, Elida Rasino, Omar Barchetta y Omar Duclós.
En un comunicado el legislador nacional rosarino precisa que dichas irregularidades en la tramitación de la causa dieron lugar a que la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, haya criticado duramente la pesquisa llevada a delante por el juez porteño y, consecuentemente, haya declarado la nulidad de todos los procesamientos dispuestos por el magistrado.
En la denuncia presentada se hace mención a que esa misma Cámara Federal ya había señalado, en noviembre de 2011, que “la ausencia de racionalidad en la búsqueda de información conspira contra el éxito de la pesquisa”.
Zabalza destacó que el juez, a pesar del llamado de atención de la Cámara en el 2011, continuó sin pesquisar el origen y destino de los fondos.
Por tal razón, la Cámara actuante, al declarar las nulidades, sostuvo que “si el objeto procesal de estas actuaciones consiste en establecer el posible desvío de los fondos que el Estado Nacional habría remitido a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, la columna vertebral de la pesquisa debe ser, precisamente, el seguimiento de esos fondos”.
Por ello Zabala indica que el Consejo de la Magistratura deberá ahora analizar si se trató “sólo de una manifiesta arbitrariedad en el proceso de investigación o, atento la gravedad de los hechos y los antecedentes del caso, se oculta un delito de mayor gravedad”.
Oyarbide, según las propios términos de la reciente resolución de dicha Cámara federal porteña, se ha transformado en un “obstáculo para la averiguación de la verdad”, y ello motivó que, “a pesar de las miles de fojas contenidas en la causa, todavía no se conoce el origen y el destino de los más de 750 millones de pesos que el Gobierno nacional destinó a diversos distritos para financiar proyectos de viviendas ejecutados por la fundación”, concluyó. (Jackemate.com)