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Desde la misma ‘Casa Rosada’ ya se admite públicamente la posibilidad de que el avión retenido en el aeropuerto catalán de ‘El Pratt’, de Barcelona, transportando casi una tonelada de cocaína, haya sido cargado en la Argentina. Ahora bien, sólo faltaría saber si este cargamento con narcóticos incautado en España está atravesado por la política y cómo se llegó a cargarla sin ser advertida por los existentes controles de seguridad que se montan en los aeropuertos, especialmente en aquéllos compartidos con bases militares.  

Fue la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien dijo este lunes que los 944 kilos de cocaína secuestrados el 2 de enero último dentro de un avión en España pudieron haber sido cargados en la Argentina y aseguró que se fortalecerán los controles aeroportuarios, que “se han relajado un poco”.

Todavía “no hay seguridad, si bien los últimos datos hacen pensar cada vez más que la droga pudo haber sido cargada en la Argentina”, dijo Garré con respecto a la droga secuestrada en el aeropuerto El Prat, de Barcelona.

La ex ministra de Defensa consideró que, al margen de las conclusiones a que arribe la investigación judicial en curso, se deben “fortalecer los controles en los aeropuertos”.

Y en ese sentido, explicó que “hay controles que se han relajado un poco”, a raíz de las transformaciones del sistema aeroportuario, que pasó del disuelto Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea (FAA) a la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac).

En ese marco, la Policía Nacional Aeroportuaria (PNA) de la Fuerza Aérea Argentina fue sustituida por la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que “controla treinta y cinco aeropuertos de todo el país, mientras que otros, como el de Morón, quedaron fuera de su jurisdicción”, destacó.

Garré evaluó que este nuevo esquema de control debe revisarse “porque, obviamente, el delincuente cuando ve algunos aeropuertos fuera del control de la PSA u otra fuerza de seguridad es ahí donde va a tratar de cometer delitos”, como el embarque de drogas.

Consultada sobre una eventual protección corporativa en la Fuerza Aérea en favor de los involucrados Gustavo y Eduardo Juliá y Matías Miret, que tripulaban el avión Challenger 604 interceptado con cocaína en Barcelona, la ministra responsable de la seguridad en el país señaló que eso debía “determinarlo la investigación judicial”.

Sin embargo, destacó que ella ha “visto funcionar esto y, a veces, ante situaciones de personas que le han hecho mucho mal a esas instituciones se mantiene una cosa de protección, a pesar de todo, sobre ellos, sobre sus grupos familiares en vez de optar por el camino de la ley y de una depuración profunda”. (Jackemate.com)

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