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Unos 16 millones de metros cuadrados de construcciones no declaradas en 38 municipios y comunas santafesinas fueron detectados por aplicación del llamado Programa de Fiscalización Catastral que lleva adelante el Gobierno provincial, por intermedio de su Subsecretaría de Ingresos Públicos. “Estas superficies no declaradas, que representan 20 millones de pesos no percibidos, pasarán a engrosar la recaudación en concepto de impuesto Inmobiliario recién a partir de 2011, de acuerdo a lo que indica la normativa vigente”, indicó el subsecretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari.

Y agregó el funcionario: “A los 20 millones de pesos que implican las construcciones no declaradas detectadas, se suman otros 12 millones del retroactivo por los incumplimientos de los últimos 3 años”, recordando que “el control y la detección de estas irregularidades forman parte de la base de la política fiscal que lleva adelante la actual gestión”.

Beccari también se refirió a la puesta en marcha del llamado ‘Observatorio de Valores’ para determinar el valor de referencia de los inmuebles de la provincia y así evitar irregularidades en las operaciones inmobiliarias.

“Una vez que determinemos esos valores, la Administración Provincial de Impuestos (API) podrá ejercer un mejor control sobre las transacciones inmobiliarias”, indicó.

En cuanto al objetivo de fondo de esta política, el funcionario aseguró que “las fiscalizaciones realizadas en colaboración con los municipios y comunas apuntan a que el impuesto Inmobiliario vuelva a representar el 27 por ciento de la recaudación provincial, como en el año 1992. Hoy este impuesto sólo alcanza el 10 por ciento de los ingresos públicos de Santa Fe”.

Las áreas registradas

Del total de construcciones no declaradas, 11.621.176 metros cuadrados fueron detectados en los 38 municipios y comunas que adhirieron al programa "Juntos Vamos a Tomar Medidas".

De acuerdo con los datos recabados por el Servicio de Catastro e Información Territorial, se encontraron superficies no declaradas en Villa Cañas (310.799 m2); Andino (105.608 m2); Arroyo Seco (276.067 m2); Fighiera (56.582 m2); Oliveros (206.020 m2); Villa Gobernador Gálvez (1.122.032 m2); General Lagos (114.991 m2); María Teresa (71.702 m2); Santo Tome (223.414 m2); Baigorria (939.312 m2); Capitán Bermúdez (466.942 m2); San Lorenzo (936.374 m2); Las Rosas (283.541 m2); Las Parejas (337.114 m2); Venado Tuerto (1.120.042 m2); Esperanza (598.530 m2); San Justo (369.465 m2); Coronda (298.553 m2); Armstrong (293.980 m2); Puerto General San Martín (437.865 m2); Vera (186.119 m2); San Cristóbal (142.993 m2); San José Del Rincón (190.507 m2); Reconquista (1.134.208 m2); Firmat (359.475 m2); Pueblo Esther (547.061 m2); San Javier (140.446 m2); y Alvear (150.615 m2).

En la actualidad, en tanto, se están realizando fiscalizaciones en las localidades de Chabás, Fray Luis Beltrán, Ibarlucea, Rafaela, Rufino, San José de La Esquina, Wheelwright, Empalme Villa Constitución y Recreo. Por lo detectado al momento, se estima que se incorporarán a la base de Catastro otros 2,5 millones de metros cuadrados.

A eso se suman otros 991.766 metros cuadrados edificados sin declarar en parques y áreas industriales, sobre un relevamiento de 1.143 empresas; 140.000 metros cuadrados en barrios cerrados y 840.000 metros cuadrados en puertos de la provincia.

Próximos operativos

“Estos operativos continuarán en grandes superficies como shoppings, cines, hoteles, entidades bancarias y centros comerciales a partir del próximo 1 de noviembre”, precisó el titular de Catastro e Información Territorial, Horacio Palavecino.

Además, se está preparando a los equipos técnicos para comenzar a aplicar el proceso de detección de mejoras no declaradas en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Beccari también hizo referencia a la reciente implementación del Observatorio de Valores para determinar el valor de referencia de los inmuebles de la provincia.

“El principal objetivo de esta herramienta es evitar irregularidades en las transacciones inmobiliarias (de venta, compra o mejoras), porque permite conocer en forma permanente los valores actuales de mercado en el territorio provincial”, indicó el funcionario.

“La provincia tiene registrado un valor catastral –por el que se determina el valor del impuesto Inmobiliario urbano y suburbano– de 300 pesos por metro cuadrado; y para los inmuebles rurales–calculando la mejor tierra de la provincia– en 7 mil pesos”, detalló Beccari.

Para dar cuenta de la distorsión existente, explicó que “para la construcción de la autovía 19, el gobierno pagó 8.500 dólares por cada hectárea que debió expropiar”.

En ese marco, Beccari consideró “fundamental contar con los valores de referencia”.

Al respecto, explicó que, en caso que “se realice una operación que esté por debajo del valor de referencia, que no pueda ser justificado, la API llevará a cabo un proceso integral de fiscalización que probablemente determine una reescrituración. Esto, sin alterar las valuaciones fiscales, que datan de 1993”, aclaró Beccari.

Desde su puesta en marcha, dijo que “se ha avanzado en la región norte, en la zona de Reconquista y Rafaela; y en el sur, en Venado Tuerto, con la determinación de la primera base del valor de referencia, que consiste en la toma de los datos del valor fiscal que tiene allí la provincia, para después tomar el valor de mercado y comenzar con el proceso de ponderación en función de las zonas urbanas y suburbanas, y los inmuebles rurales”, concluyó Beccari. (Jackemate.com)

 

Fuente: Información Pública Gobierno de Santa Fe

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