Por Luis Fernando Romero Torrejón (*)
Durante mayo de 2026, Bolivia experimentó una crisis económica y social que provocó pérdidas estimadas cercanas a los 2.000 millones de dólares debido a bloqueos de carreteras y movilizaciones prolongadas.
El impacto afectó directamente a la producción nacional, las exportaciones, el abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos, además de generar mayores costos logísticos e inflación.
Los sectores más perjudicados fueron la agroindustria, minería, transporte, comercio, industria manufacturera y turismo. Paralelamente, la disminución del ingreso de divisas agravó las presiones cambiarias existentes en una economía que ya enfrentaba limitaciones de liquidez externa.
Todo ello ocurrió en un contexto de fragilidad macroeconómica caracterizado por elevado déficit fiscal, alta deuda pública y una desaceleración económica acumulada durante los últimos años.
La crisis también tuvo importantes repercusiones financieras e institucionales. El riesgo país superó los 600 puntos básicos, reflejando una mayor percepción de incertidumbre por parte de inversionistas nacionales e internacionales.
Aunque algunos sectores podrían recuperar su actividad operativa en un plazo de entre uno y seis meses, la recuperación financiera y de la confianza podría extenderse entre uno y dos años.
Para acelerar la normalización económica, resulta fundamental implementar programas de apoyo financiero a los sectores afectados, restablecer rápidamente las cadenas logísticas y avanzar hacia un plan integral de estabilización económica y política.
La principal conclusión es que la estabilidad institucional, la seguridad jurídica y la libre circulación económica son condiciones indispensables para recuperar la inversión, fortalecer el crecimiento y evitar que conflictos similares vuelvan a generar costos tan elevados para el país. (Jackemate.com)
(*) Economista, investigador y docente universitario de Bolivia
Informe completo: https://drive.google.com/file/d/1uHxTKaasquSNCHPvFcDEgn85yOvNUSD9/view?usp=sharing