Por Ricardo Marconi (*)
Áreas de inteligencia del Estado, en el inicio de investigaciones relacionadas con la caída de una avioneta Cessna 210 Turbo Centurión, con matrícula boliviana CP, con un cargamento de drogas en un camino vecinal de Avia Terai, en Chaco –generalmente se utilizan las 206-, habrían determinado, en principio, que la misma pertenecería al clan Lima-Lobo, que conduce Jesús Einar Lobo, conocido como “Don Pulo” en Bolivia.
El aludido clan utiliza aeronaves robadas, o registradas como tales, para trasladar cargamentos de cocaína por valor de varios millones de dólares hacia Brasil, Argentina y Uruguay. Las autoridades que investigan el caso dejaron trascender que se recuperaron 324,800 kilos de la mencionada droga, contabilizándose dentro de la avioneta una decena de bultos de gran tamaño, llenos con 30 panes cada uno de cocaína.
El objetivo final del piloto y su acompañante no pudo ser logrado, ya que presuntamente por exceso de peso, al intentar aterrizar la nave se desestabilizó y volcó luego de estrellarse, logrando sus dos ocupantes escapar ilesos, siendo recogidos por cómplices que los esperaban en una camioneta de color azul, dejando tirados en el camino y en el interior de la avioneta, panes con la droga ilegal.
A pesar de la situación de emergencia que vivieron los narcos con la avioneta robada en un aeroclub de La Paz –ya detectada en otras indagaciones y registrada fotográficamente hace tres años-, tuvieron tiempo suficiente para tomar el GPS utilizado, con lo que no se puede determinar la ruta escogida para concretar el traslado ilegal de la droga. Pudo saberse que nueve de los bultos portaban ladrillos con el logo de una mano abierta y otro tenía la imagen de un hombre con barba.
Antecedentes
El clan Lima –Lobo cuenta con numerosos antecedentes criminales desde la década del 90 y ya ha sido probado que su base de operaciones se encuentra en el municipio de San Joaquín, en el Beni, un departamento localizado al norte de Bolivia, en la frontera con Brasil.
Ese centro operativo estaría siendo utilizado para transportar droga a grupos narcos de Colombia y Brasil, siendo su principal cliente en este último Estado el ya mencionado en diversas oportunidades por el Primer Comando de la Capital (PCC), al que hemos hecho mención en otros informes periodísticos.
El diario Clarín, tomando informaciones de un medio especializado, señala que “El grupo contaba con una flota de aviones y pistas de aterrizaje clandestinas, así como otras rutas terrestres y fluviales para enviar cocaína a través de la frontera con Brasil”. La carga es enviada a puertos estratégicos, donde es almacenada en depósitos transitorios y luego en contenedores con destino a Europa.
Consideraciones a tener en cuenta
Habitualmente el traslado de la droga se realiza en avionetas Cessna 206, en las que se han detectado cargas de hasta 1.000 kilos de cocaína. Quizás, en el caso que nos ocupa, al tener la nave problemas técnicos por el exceso de peso que transportaba el piloto intentó descender y posiblemente el aparato al tocar tierra se desestabilizó y volcó en el camino rural.
Quienes esperaban la carga auxiliaron a los tripulantes de la avioneta y, presumiblemente hicieron lo propio con algunos panes de droga antes de huir. El cargamento, se especula, puede haber venido desde Colombia, Ecuador, Perú o Bolivia para llegar a Santa Fe y luego ser derivada al puerto de Rosario. Previamente, una estela de droga puede llegar a quedar en nuestro medio como “costo” del “enfriamiento “de la droga en un depósito.
Ese “sobrante” servirá para que desde un depósito, mediante “papelitos o ravioles” se “alimente” a –según se estima-, 150 búnkeres en Rosario, desde donde se consumen, según una fuente con experiencia internacional, a un promedio de 200 dosis cada cuatro horas. Esa misma fuente indicó que “en Rosario no hay empresas criminales. Sólo hay ladrones de autos que cambiaron de rubro. Los verdaderos jefes están fuera del país”. 
Los capos reales del tráfico de drogas utilizarían los puertos de Buenos aires y Montevideo, en Uruguay para enviar sus cargamentos a Sudáfrica, Madagascar, Oriente Medio y Oriente, junto a Barcelona. No tienen demasiados problemas para conseguir sus objetivos en Argentina, ya que la frontera de nuestro país no tiene un sistema de radares en condiciones y es lo más parecido a un colador de fideos. Para colmo, en nuestro país no hay una Ley de Derribo como en Brasil, que la aplica exitosamente.
“La verdad de la milanesa”
Habitualmente esa frase se utiliza en los barrios de Rosario cuando se quiere señalar un hecho que se quiere dejar claro y en este informe la vamos a utilizar para indicar que “el negocio real de las bandas no es el tráfico de la droga. La razón de ser de las gavillas es la “venta de la violencia” mediante una acción primaria de extorsión y luego una secundaria –por si no pagan- que es la balacera.
El monto del dinero por la que pelean los narcos en Rosario representaría –según una fuente- alrededor de 25 millones de dólares anuales. Obviamente, hay negocios complementarios como la ocupación forzada de viviendas para transformarlas en búnkeres. Casi diariamente nos desayunamos con el accionar de sicarios enviados para eliminar a quienes habitan las propiedades, las que en algunos casos son revendidas.
El Estado ha procedido a rematar propiedades secuestradas a narcos, pero se habría encontrado con que los compradores son presuntos representantes de los narcotraficantes, que al adquirirlas a precio vil –en el mayor de los casos a 25.000 dólares-, blanquean la propiedad utilizando dinero proveniente de la venta de drogas ilegales.
Los narcos no quieren ser políticos
No les conviene a los narcos meterse en política. Los capos prefieren no ser ciudadanos con alta exposición pública. Optan por nombrar testaferros para adquirir viviendas, autos, depósitos, departamentos como los de la torre Maui, donde se han hecho procedimientos en los que se ha detectado droga oculta en el interior de las paredes.
Tampoco les interesa ser funcionarios. Por el contrario prefieren entregarse a ellos cuando, como en el caso del “Guille” Cantero, optan por ser protegidos por ellos dentro de las cárceles, ya que si continúan en libertad corren el riesgo de ser perforados por la ráfaga de una ametralladora. El resto de sus cómplices que comparten celdas de algún penal prefieren no enfrentarlo, ya que el “Guille” tiene la habilidad de resolver problemas difíciles con la ayuda de sus adláteres. Y eso lo saben los policías y los magistrados.
La detención de Corina
En las últimas horas fue apresada Corina V., quien fue detectada cuando concurrió a un penal como visita de un detenido que formaría parte de la banda del narco Rodríguez Granthon.
Hay que recordar que el miércoles y jueves de la semana pasada (10 al 14 de julio de 2023) se hicieron 12 procedimientos contra la organización que lidera desde el penal federal de Ezeiza el condenado narcotraficante de nacionalidad peruana Julio Andrés Rodríguez Granthon. La justicia federal avanzó en investigaciones sobre maniobras de lavado y sobre presuntos implicados en la organización, el transporte y la distribución de droga.
Policías federales hicieron 12 allanamientos contra la organización de Rodríguez Granthon, un preso que sufre dos condenas por narcotráfico en Rosario. Los procedimientos expusieron quiénes son los presuntos miembros de la estructura actual, cuáles son sus roles y cuáles habrían sido las maniobras hechas para lavar dinero proveniente de la venta de droga a través de terceras personas.
Los operativos
Los allanamientos fueron realizados después de una tarea investigativa entre Claudio Kishimoto –titular de la Fiscalía Federal N° 2–, Javier Arzubi Calvo –titular de la Fiscalía N° 1–, Diego Velasco, a cargo de la Procelac, y Diego Iglesias, jefe de la Procunar. Por su parte, el juez Carlos Vera Barros del Juzgado federal N° 3 fue quien autorizó los procedimientos.
En los nuevos allanamientos fueron detenidos Facundo Ariel «Jirafa» Pérez, Darien Iván Mereles, Bruno Iván Ayala, Bryan David Blanco Suárez –quien se presume que actuaba como financista aportando 25.500 dólares-, Claudia Susana Villalba, Ubaldo Leonardo Pérez y Marcelo Alejandro Núñez. Otros componentes de la banda estaban presos: Marcos Nicolás Delafuente, Matías Raúl Aguirre, Norberto Mauricio Petrini y Raúl Carli, junto al mencionado Granthon.
Pudo saberse que Aguirre, Petrini y Carli, habían sido detenidos en mayo pasado en un taller mecánico de la ciudad de Funes con más de 500 kilos de marihuana. Uno de los detenidos, de apellido Pérez, estaba prófugo desde octubre de 2021, quien compraba dólares en una cueva que, trascendió, operaba un ex titular del puerto de Rosario (Gustavo).
Otro de los capturados «Jirafa» Pérez fue encontrado el miércoles de la semana pasada en una casa ubicada en la localidad bonaerense de La Reja. En ese domicilio, según las tareas de inteligencia, recibió en el último tiempo a los eslabones intermedios de la banda para acordar movimientos logísticos y cobros pendientes.
Entre los “visitantes” habrían estado Carli y Petrini, los que fueron arrestados en Funes con media tonelada de marihuana junto con Ricardo Walter Piris, condenado por tráfico de droga y yerno del ex intendente de Itatí, Natividad Roger T., quien también había recibido una pena por estar involucrado en el ingreso de droga desde Paraguay.
Facundo Pérez, además, pudo haber sido el responsable de haberse encargado del transporte y distribución de 200 kilos de cocaína en julio del año pasado por pedido de Granthon.
La comercialización al menudeo se hacía en puntos que fueron determinados por los investigadores policiales y judiciales. Estaban ubicados en Magaldi al 9800, Independencia al 4200, Valparaíso al 2600 y en Berutti al 1900, todos en Rosario.
Quienes llevaban a cabo la comercialización de la droga eran, trascendió Marcelo Núñez, Ubaldo Pérez y Claudia Villalba, que cayeron en los procedimientos de la PFA.
Testaferros bajo investigación
En el expediente judicial se pudo determinar que Rodríguez Granthon realizó operaciones que habrían sido para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Algunas de ellas habrían sido la compra de camiones a través de una firma que se dedica al transporte de cargas.
Fiscales en diciembre pasado, fueron procesados en la banda al presunto jefe de una asociación ilícita a Granthon, que tiene entre sus miembros a Yanina Messina. También los investigadores judiciales avanzaron en el manejo de tres ferreterías de Funes, que están a nombre de un habitante de esa localidad, pero que en realidad pertenecen al condenado narcotraficante. La elección de los locales en esa ciudad no habría sido al azar, ya que allí tiene domicilio parte de la familia Granthon.
Otra de las formas de lavar el dinero de la presunta organización, a criterio de los investigadores judiciales, fue la compra de lotes en troncales del sur de la localidad de Alvear y en Pinares del sur de la ciudad de Piñero, para luego construir casas que fueron puestas a la venta o en alquiler. Por las maniobras de lavado que están en investigación también fueron notificados un agente inmobiliario, un constructor y una mujer que sería prestanombre.
El juicio que se viene
Por fuera de las dos condenas por narcotráfico que purga en prisión, Rodríguez Granthon irá a juicio oral y público en noviembre próximo ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 de Rosario por la causa narco en la que está también procesado el empresario Gustavo Shanahan, entre otros.
El preso en la cárcel de Ezeiza está incriminado como jefe de una asociación ilícita, sospechada de balaceras y extorsiones.
El clan Loza
Ya que nos hemos introducido en la temática de las gavillas narcos, vale puntualizar que el Tribunal Oral Federal 2 de Salta condenó a 15 años de prisión a 4 personas, entre ellas a Valdemar Loza por el delito de transporte de estupefacientes agravado. Valdemar había sido detectado, en su momento, cuando se había reunido con otros dos jefes de una banda como lo son Gravier Ruiz y su hijo Juan Carlos Alexis Gravier Molina.
Ya habíamos hecho referencia a este clan cuando fue detenida el 9 de marzo la “Reina Titi”, de apellido Castillo, quien era buscada por sus estrechos vínculos con los integrantes del Clan Loza. Castillo fue condenada por el Tribunal Federal Nº 2 de Salta a 13 años de prisión. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política