Claudio Cirigliano, presidente de Cometrans y principal accionista de TBA, junto con Carlo Michele Ferrari, presidente de TBA, y Sergio Tempone y Daniel Rubio, funcionarios de la misma ex concesionaria de las líneas Sarmiento y Mitre, se entregaron detenidos en las últimas horas de este lunes en el edificio Centinela de la Gendarmería Nacional, en pleno barrio de Retiro, y esperan declarar en horas más ante el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la llamada ‘Tragedia de Once’
La presentación de los citados ocurrió horas después de que el juez federal en un abrupto giró ordenó la detención de los directivos de Trenes de Buenos Aires (ex concesionaria de la línea Sarmiento y Mitre) bajo la acusación de entorpecer la investigación judicial.
El juez Bonadío tomó la decisión con el objetivo de avanzar en la investigación del accidente de Once, del 22 de febrero pasado, que dejó 51 muertos y 700 heridos.
Cirigliano, Ferrari, Sergio Tempone (gerente de Operaciones de TBA) y Daniel Rubio (ex director administrativo y de Finanzas) están acusados de haber escondido la documentación contable de la empresa, necesaria para determinar cómo se gastó el dinero recibido del Estado en subsidios para los trenes.
La ‘Casa Rosada’, según fuentes de las mismas, guardó silencio sobre la detención de Cirigliano, un empresario muy cercano al kirchnerismo y, en particular, al ministro de Planificación, Julio De Vido.
Asimismo, este martes deberá comparecer para declarar ante el juez Bonadío el ex secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, quien estaba al frente del área cuando se produjo la tragedia.
Los cuatro directivos de TBA detenidos no están imputados por su eventual responsabilidad en la tragedia ferroviaria, dijeron fuentes judiciales al matutino porteño La Nación.
Ahora el juez decidió detenerlos por obstruir la investigación. Así lo establece el Código Penal en casos de sospechosos mientras dure el proceso. La otra razón es que exista peligro de que se fuguen.
Los ahora detenidos se entregaron anoche en el edificio ‘Centinela’ de la Gendarmería Nacional, previa comunicación a las autoridades judiciales de los empresarios, a través de sus abogados.
La decisión de detener a los directivos de TBA por parte del juez Bonadío se produjo en una semana importante en la investigación de la tragedia de Once.
Es que este lunes declaró Pedro Ochoa Romero, ex titular de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), quien negó cualquier tipo de responsabilidad al afirmarle al juez que no entiende “por qué” está acusado si él era funcionario durante la gestión de Ricardo Jaime al frente de la Secretaría de Transporte, años atrás.
También declaró Roque Cirigliano, gerente de Material Rodante de TBA, quien dijo no ser pariente de Claudio Cirigliano, sino “un ferroviario que estaba en el Sarmiento antes de la llegada de los Cirigliano”.
Roque Cirigliano ante el juez Bonadío afirmó que los frenos del tren “funcionaban bien” y que el accidente se debió a una “falla humana en la conducción”.
Justamente esta semana está previsto que vuelva a declarar el conductor de la formación accidentada del Sarmiento, Marcos Córdoba. Y el viernes será el turno de Ricardo Jaime y de Claudio Cirigliano, quien se presento detenido la noche de este lunes.
Documentos desaparecidos
La decisión de detener a los empresarios fue justificada por el juez en la desaparición de los documentos contables sobre los que había ordenado realizar un peritaje de 17 puntos. Allí se busca establecer cómo manejó la empresa la multimillonaria suma de dinero que recibió del Estado y qué hizo el Gobierno para controlarla.
Los peritos están trabajando en una tabla con los subsidios que recibió TBA desde 2007, agrupados por mes y por línea ferroviaria; la norma que autorizó a entregarlos, y el destino que tenían. También, el ingreso de la compañía y sus gastos, incluido el mantenimiento.
Además, el juez quiere saber si los accionistas de TBA se distribuyeron dividendos y cuánto cobraron de honorarios los miembros del directorio.
También quiere que los peritos determinen si se cumplió con el destino de los fondos recibidos como subsidios, que informen sobre los desvíos y si algún funcionario que debía controlar los advirtió y dispuso alguna sanción.
En eso estaba el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando necesitó completar información con documentos contables que estaban en poder de TBA.
A partir del 24 de mayo, cuando el Gobierno le sacó a TBA la concesión del Sarmiento, los peritos comenzaron a tener problemas para acceder a los documentos. El directivo de la empresa encargado de entregar ese material a la Justicia advirtió por mail que debía dejar de hacerlo.
Al día siguiente hubo una reunión de los peritos oficiales con los peritos de parte, en la que reconocieron que no sabían dónde estaban los documentos, dijeron fuentes judiciales al matutino porteño.
Esa irregularidad encendió las alarmas del juzgado, que la semana pasada decidió entonces allanar el edificio de Ramos Mejía 1358, de Retiro, sede de TBA. Pero no se encontró allí ninguno de los documentos.
Finalmente, tras conversar con los letrados de la empresa se dispusieron nuevos allanamientos. La información recibida era imprecisa. Al juzgado le dijeron que los papeles estaban "en tránsito". Pero no dieron muchas precisiones, dijeron fuentes judiciales.
Así, por ejemplo, se encontraron libros societarios de TBA en una pila contra una pared en una cochera alquilada de Villa Lugano, a nombre de un pariente de un directivo de la firma.
Otros procedimientos realizados el jueves de la semana pasada en diversos lugares permitieron encontrar parte de los documentos, que fueron trasladados nuevamente al edificio que ocupaba TBA en Retiro.
Se los resguardó en una gran bóveda situada en el tercer piso y quedaron con custodia policial. El mismo viernes, Bonadío allanó los cinco pisos del edificio de TBA para asegurarse de que no hubiera quedado nada olvidado: se decomisaron más papeles y computadoras, que fueron colocados en la misma bóveda.
Allegados a TBA dieron otra versión de los sucesos. Dijeron a medios porteños que el 24 de mayo pasado, cuando el Gobierno decidió sacarle la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, la firma resolvió retirar la documentación del edificio para resguardarla.
"No hubo voluntad de esconder nada, sino de resguardar todos los documentos", manifestó una fuente de TBA, que pidió no ser identificada, según publica en su sitio digital ‘La Nación. (Jackemate)