Las amenazas de muerte y el precio que las ‘narco-mafias’ pusieron por las cabezas del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y del juez de instrucción provincial rosarino, Juan Carlos Vienna, demuestra a las claras que se están llevando a cabo acciones profundas y positivas contra esta clase del mundo del hampa. Además, existe desde la dirigencia política sin exclusiones una contundente decisión de terminar con este flagelo en la provincia
En tanto, denota un crecimiento en la dirigencia política de Rosario en su conjunto el que se haya organizado para este martes, a las 18 horas, una manifestación pública en la plaza ’25 de Mayo’, frente al Palacio Municipal, bajo la consigna “Todos contra el narcotráfico”.
“La convocatoria es para dar un mensaje claro y contundente desde la política con diferentes sectores y partidos contra las ‘narco-mafias’ y la narcocriminalidad de Rosario y del país”, sostuvieron los organizadores al anunciar el mediodía de este viernes último, desde un bar céntrico, la concentración, señalando que “la idea es que estemos todos juntos. Integrantes de la Coalición Cívica, el PRO, Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical, Partido Socialista Argentino, de todos los sectores pensando que el enemigo es el narcotráfico y pelear contra él”.
Por su parte, el gobernador de Santa Fe, el socialista Antonio Bonfatti, ya había manifestado públicamente que “no vamos a claudicar en nuestro propósito por más que algunos intenten detener este proceso con amenazas e intimidaciones".
Las palabras, con tono de advertencia, del jefe de la ‘Casa Gris’ santafesina las expresó acompañado del ministro Lamberto, quienes, además, estaban junto a tres miembros de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación contra las ‘narco-mafias’ se lleva adelante desde septiembre pasado por el juez de Instrucción Vienna, tras el homicidio del llamado Martín ‘Fantasma’ Paz, pesquisa que ha permitido descubrir el funcionamiento de, al menos, tres bandas narco-criminales, por lo que lo llevó a ordenar importantes secuestros y detenciones en los últimos quince días.
Este viernes pasado el mundo del narcotráfico local sufrió un verdadero cimbronazo al hallarse, en la zona sur rosarina, un depósito con 60 kilogramos de cocaína atribuidos a una de esas bandas.
El citado magistrado radicó, asimismo, una denuncia penal ya que por información confidencial tuvo conocimiento previo sobre la preparación de eventuales atentados contra su vida y las del ministro de Seguridad Lamberto y del personal policial que trabaja en los operativos destinados a perseguir a esos grupos criminales en Rosario.
Al conocerse estas amenazas, se suscitó una oleada de adhesiones desde distintos sectores políticos de la provincia hacia los amenazados.
Esta investigación judicial –una de las más grande y profunda que se conocen en los últimos años- permitió sacar a la luz un trasfondo de violencia que, según dicen los mismos investigadores, se inscribe en disputas territoriales y económicas por cuestiones de narcotráfico y en las que están lidiando tres grupos delictivos bien diferenciados.
Voceros indicaron que entre ellos se destaca la llamada banda de ‘Los Monos’, encabezada por la familia Cantero, radicada en el rosarino barrio ‘17 de Agosto’, cuyo líder, Claudio ‘El Pájaro’ Cantero, lo mataron a tiros el pasado domingo 26 de mayo, a la entrada de un boliche bailable situado en una calle colateral de la avenida de Circunvalación, en el vecino municipio de Villa Gobernador Gálvez.
Ataque criminal del sector delictivo bajo investigación
En el marco de esta investigación, se acercó ‘información reservada’ al Juzgado de Instrucción del Palacio de Tribunales provinciales de Rosario, a cargo de la jueza Alejandra Rodenas, por la que se tuvo conocimiento sobre la preparación de un “ataque criminal” proveniente del mismo grupo delictivo que investiga.
Esta información señala que hubo seguimientos contra su persona, contra el ministro Raúl Lamberto por la autopista a Santa Fe y contra -al menos- tres integrantes de la División Judicial de la Unidad Regional II que participa de la pesquisa y cuyos nombres no se consignan pero este diario conoce.
El nuevo dato fue la recepción de un llamado telefónico por el que se dio cuenta de que se habían pagado 500 mil pesos a personas dispuestas a atacar al magistrado y a la secretaria penal de su juzgado.
Frente a esta denuncia, la jueza Rodenas pidió al jefe de Policía de la provincia, Omar Odriozola, que adopte las medidas necesarias para procurar el libre desempeño del personal asignado a la investigación.
No obstante, ya había desde días previos un operativo de protección montado en favor del magistrado, su secretaria penal y el ministro.
Asimismo, desde el entorno de la investigación surge que por escuchas telefónicas se corroboró que hubo seguimientos a familiares de los policías que trabajan en la investigación y cuyos nombres los Cantero disponían por datos suministrados por los dos uniformados presos por esa conducta (el comisario Gustavo Peryra y el sargento Juan Maciel).
En ese sentido, un testimonio clave habla de fotos tomadas al hijo de un oficial de la División Judicial en una parada del colectivo y en la puerta de la casa.
El suministro de nuevos datos a los grupos criminales para estas intimidaciones, según la información que sirvió de base para la denuncia, provino de tres policías hasta ahora no tocados por la pesquisa de Vienna. Sus apellidos son R., D.M. y A., y dos de ellos se desempeñaron en la ex Drogas Peligrosas provincial.
Tras la denuncia hecha frente a la jueza Rodenas y la fiscal Graciela Argüelles por amenazas coactivas, el juez Vienna fue recibido por los camaristas Ernesto Pangia y Carina Lurati.
En tanto, el gobernador Bonfatti abordó el tema junto a los ministros de la Corte Suprema María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Roberto Falistocco.
En esa reunión se decidió, entre otras cosas, que se refuercen algunas medidas de seguridad en los Tribunales de Rosario.
Las precauciones adoptadas incluirán el reforzamiento de la vigilancia en los accesos y el interior del Palacio, y la orden de que el público en general acceda al edificio solo por calle Balcarce, mientras que por los otros tres ingresos lo hagan abogados y personal del Poder Judicial con credenciales y documentos de identidad.
Acuña: “Repudiar las amenazas no debe ser un mero formalismo”
Por su parte, el titular de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia, Héctor Acuña, repudió las amenazas que recibieron los jueces y fiscales que investigan las causas de las bandas narcos instaladas en la provincia de Santa Fe.
“Repudiar las amenazas no debe ser un mero formalismo, sino la clara y contundente respuesta que tenemos que tener frente al flagelo del Narcotráfico y la Narcocriminalidad que vive la provincia”, precisó Acuña.
Y renovó su compromiso de seguir trabajando para construir herramientas que permitan mejorar la Seguridad.
“Desde ya, mi compromiso público de seguir sumando herramientas que le permitan al Gobierno Provincial mejorar su Política de Seguridad Pública”, puntualizó este legislador del Frente para la Victoria (FpV).
En este mismo, sentido Acuña sostuvo que “la sociedad quiere a los delincuentes presos de verdad y no sólo como pantalla y para ese objetivo siempre estaremos sumados, siempre pueden contar con nosotros”.
Enfatizó, asimismo, que “es hora de terminar con las avionetas, pero también encontrar a los pilotos, de terminar con las camionetas pero también dar cuenta de los choferes, y de desbaratar las cocinas pero también de encerrar al cocinero”.
Tras sostener que “la sociedad reclama seguridad, y nosotros apoyaremos a la gestión para que lo logre”, ofreció su “solidaridad plena para con quienes fueron amenazados. Ni un paso atrás”, concluyó. (Jackemate.com).