Por Carla Deiana (*)
En el marco de una campaña nacional contra el movimiento piquetero, que va desde el ministro de Desarrollo Social de la Nación del Frente de Todos hasta el Jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, los ediles de JxC de Rosario, aprovecharon para sacar de las catacumbas el Código de Convivencia municipal y sancionar a quienes hagan cortes de calle.
El intendente Pablo Javkin, sabiendo que tiene que hacerse cargo del Código que promovió y que le va a costar recaudar entre la población que no tiene nada, respondió proponiendo una habilitación municipal en un planteo incompatible con las libertades democráticas: es un contrasentido pedirle permiso para protestar al gobierno destinatario de las protestas.
Es instructivo ver cómo mientras el INDEC marca que 17 millones y medio de personas en la Argentina son pobres -es decir, una población que abarca a trabajadores ocupados y desocupados, a jubilados, profesionales, niñas y niños- los partidos que gobiernan están más preocupados por criminalizar la protesta social que por darle una solución de fondo a los motivos que la originan.
El Código de Convivencia en cuestión muestra sus límites insalvables antes de entrar en vigencia. Reduce a una cuestión de “seguridad de tránsito” el derecho a manifestarse y mezcla esto con la actividad de los “trapitos”, que si están extorsionando en la vía pública lo hacen con connivencia estatal.
Las y los concejales que votaron a favor del artículo 300 que sanciona “a la persona que, mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito” ¿piensan multar a los docentes y directivos que cortan las calles aledañas a las escuelas con sus abrazos para denunciar que están sin gas, sin alimentos, sin agua, sin cargos docentes, sin vacantes? ¿Consideran mandar a hacer talleres de “concientización ciudadana” a los familiares, vecinos y amigas, que cortan calles para reclamar por la aparición con vida de mujeres? ¿Van a multar a los vecinos y vecinas que cortan la calle porque la EPE las dejó otra vez sin luz? ¿Sancionarán a los ambientales que cortan el Puente Rosario-Victoria contra las quemas en las islas del Delta?
Como los partidos que gobiernan no tienen condiciones para avanzar en una represión en regla contra toda la población “piquetera”, se ensañan con la más vulnerable y preparan el terreno para una acción represiva de conjunto, frente a la multiplicación de reclamos en una Argentina piquetera.
Quienes contraponen la lucha piquetera al derecho a circular no buscan proteger al laburante, sino amordazar las voces que denuncian a la minoría social que se beneficia de la expoliación del país.
No se escuchó a Charly Cardozo, experto en hacer campaña electoral con demagogia derechista, hablar contra el paro de las patronales del transporte que amenaza con paralizar la cosecha gruesa o contra el peligro real para la seguridad vial que supone la saturación de camiones que destruyen las rutas y explota terriblemente a los camioneros, sin que los pulpos sojeros paguen ningún costo por el impacto social y ambiental de su actividad.
Tampoco se escuchó a ninguno de los bloques políticos que votó este Código de Convivencia que condiciona brutalmente el derecho a luchar, según la opinión del gobierno de turno, proponer revocarle la concesión a las empresas privatizadas del transporte que han convertido a los barrios de Rosario en ‘ghettos’ y a la inseguridad vial en la norma, porque ante la falta de colectivos se multiplican los vehículos clandestinos e inseguros.
En definitiva, en una ciudad donde el narcotráfico arrecia con connivencia policial, judicial y política, en la más absoluta impunidad, es una burla que se quiera resumir la cuestión de la seguridad ciudadana al problema de los piquetes.
No hacía falta la encuesta encargada por el gobierno nacional “sobre el acampe del Polo Obrero” para saber que la mayoría de la población prefiere “el empleo a los planes sociales”.
Esto es así en primer lugar para quienes protagonizaron el acampe piquetero. La hipocresía del gobierno es mayúscula porque la cuestión de fondo no es una preferencia definida por “la cultura del trabajo”, sino que en nuestro país lo único que se abre son comedores y copas de leche mientras se cierran fábricas, comercios y empresas.
Los planes de vivienda y de infraestructura escolar están totalmente congelados porque el gasto público lo marca el ajuste para pagar la deuda con el FMI.
La criminalización de la protesta social no resuelve las demandas sociales, solo muestra la incapacidad de los partidos que gobiernan en resolver una enorme conflictividad social, abierta o latente, que se funda en la enorme pobreza de la mayoría trabajadora.
Los que solo ven cortes de calles se tapan los ojos ante la fuga de la riqueza del polo agroexportador, que se nota con solo asomar la cabeza por la ventana del Concejo Municipal. (Jackemate.com)
(*) Socióloga – Docente y referente del Partido Obrero