Bajo el ampuloso y engañoso título de “democratizar la Justicia”, y pese a los denodados esfuerzos del oficialismo de defender estos proyectos, nosotros vemos un peligroso avance hacia una Justicia más dócil y más maleable, y paradojalmente menos democrática, más susceptible del gobierno y a merced del poder político de turno
Eso es lo que encierran estos proyectos que en nada benefician a un Poder Judicial independiente y que necesita por lo contrario más recursos, más juzgados, más tecnología y más respeto.
Pero no somos tan ingenuos. ¿O cómo pueden explicarnos que para una justicia más democrática hay que debilitarla?
Todo lo contrario, hay que fortalecerla y dejarla actuar con libertad, no hay que entrometerse y hay que garantizarles un funcionamiento autónomo y pleno, sin interferencias ni injerencias de ninguna naturaleza.
No se trata de ser progresistas o conservadores como se ha escuchado aquí, se trata de defender la democracia en serio, de cumplir con la Constitución y respetar la división de poderes como garantía del funcionamiento del estado y del gobierno en su relación con los ciudadanos y toda la comunidad.
Quiero dejar sentado como cuestión previa, el avasallamiento de todo el procedimiento reglamentario ya que estamos tratando un conjunto de leyes que fueron enviadas por el Poder Ejecutivo y que a una velocidad inusitada han permitido el ingreso a esta sesión.
En efecto, en primer lugar ninguno de los tres mensajes tuvieron estado parlamentario, es decir recién lo tienen en el día de la fecha, y sin que antes hayan entrado en sesión, como corresponde; se les dio giro a comisiones y en un trámite veloz, ayer tuvieron despacho.
Quiero decirles a los Señores Diputados que si no tenían estado parlamentario no podían ser girados ni mucho menos despachados, pero aquí estamos (arts. 123 y 167 RCD). En segundo lugar, el giro que seguramente lo dio un empleado o funcionario de la cámara, lo fue de manera equivocada, ya que debió tener cabeza en la “Comisión de Justicia” y no en la de “Asuntos Constitucionales”; al menos, en dos de los proyectos en tratamiento (Ingreso al Poder Judicial y publicación de las sentencias y resoluciones de la Corte y demás tribunales).
Es decir, que en estos dos proyectos la competencia de “Justicia” es exclusiva y excluyente; en el tercer proyecto que refiere a las Declaraciones Juradas, a mi criterio igual corresponde a “Justicia”, pero no dejo de reconocer que puede tener una competencia conjunta con la de “Constitucionales”, pero nunca como cabecera, sino que tendría que haber sido “Justicia” la que conduzca el trabajo en comisión y no la de “Constitucionales”.
Digo esto porque por la intervención del Sr. Presidente de dicha comisión pudimos escuchar al secretario general del gremio de Judiciales del país y su oposición al proyecto. Pero se debió también escuchar a los Colegios de Abogados y de Magistrados, y a las demás organizaciones del derecho que en su gran mayoría se han opuesto a estos cambios.
¿Si de democratización hablamos porque razón no se invitaron a estos actores y protagonistas directos y porque se ignoran sus reclamos y posturas?
Además, como si todo esto fuera poco, tampoco se han respetado los siete días de publicación de los dictámenes que tienen la función de que se conozca por los diputados el contenido de los despachos y se sepa con suficiente anticipación que es lo que se va a votar, independientemente si es una sesión especial u ordinaria, los plazos de publicación están dispuestos por igual para todas las sesiones, y este plazo no se ha respetado.
¿Cuál es el apuro?
Otra cosa que observo con preocupación es la urgencia, la premura, la inmediatez del trámite cuando nadie explica porque razón se quiere hacer todo tan rápido.
No sería mejor que se analizara todo con más tiempo y se logren los acuerdos y consensos necesarios para que estas sean leyes a favor del funcionamiento del Poder Judicial, para el mediano y largo plazo, y no tener que derogarlas a todas a fin de año o el año que viene cuando cambien las mayorías parlamentarias. Porque lo vamos a hacer, que les quede en claro.
Les informo, por si no lo saben, que el gremio de los empleados judiciales ha decretado un paro de 72 hs. ante el atropello de estas leyes que se quieren sacar entre gallos y medianoche, y los profesionales del derecho y las asociaciones de jueces, magistrados y funcionarios de todo el país ya se han manifestado contrarios a estas mutaciones.
¿Cómo pueden ignorar estas posturas? ¿Qué los mueve a estar en contra de todos? ¿Quién les dijo que están en lo correcto? Si hasta uno de los ideólogos del modelo ayer se expresó en la otra cámara y hasta se cruzó en áspero debate con el Secretario de Justicia, me refiero a Horacio Verbistky por supuesto.
Las reformas institucionales de los distintos poderes del estado necesitan además de consensos, de un debate sereno, claro, profundo y leal.
Estamos urgidos y nadie sabe bien porque, aunque todos suponen por la incorporación electoral de los nuevos consejeros de la Magistratura, si ello es así, el daño que le haremos a la Republica es de una magnitud inconmensurable, cuando ello siempre puede salvarse a posteriori, haciendo efectivos estos cambios en ulteriores procesos electorales, es decir mediante un periodo de carencia y no aplicarlos en las próximas elecciones, para quitarles las sospechas de alguna conveniencia partidaria.
La ausencia del debate, unido a las violaciones del procedimiento parlamentario y la inexplicable urgencia no hacen más que abonar nuestro rechazo a estos proyectos, y la justicia legítima es la que sale del acuerdo sobre la arquitectura institucional que se pretende con los demás partidos políticos, con participación plural y efectiva de los diversos actores y con el análisis de las distintas propuestas que han sido presentadas por los legisladores y ámbitos académicos o científicos para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. No se permitió modificar ni una coma en comisión.
¿Una nueva teoría del Estado?
Hablando del Secretario de Justicia, quien ha demostrado un notable desconocimiento del derecho y de la ciencia política, ayer nos ha dicho que no debe haber ningún organismo que se ocupe de las declaraciones juradas, sino que debe ser el pueblo y solo el pueblo.
Pero, y entonces, quién y cómo se someten los funcionarios a las normas éticas. Y esa universalidad, según el funcionario, no debería tener más sanción que la que el pueblo le imponga seguramente en las urnas.
¿Pero dónde aprendió tamaña incongruencia? Porque eso significa lisa y llanamente que ya nadie será más responsable del seguimiento del patrimonio de los funcionarios, y que el delito de enriquecimiento ilícito desaparece del Código Penal.
¿Eso es lo que persigue este proyecto de democratizar la justicia? Esto es beneficiar la impunidad y consagrar la imposibilidad de perseguir a los que lucran con el estado desde el propio estado, y además tener a tiro de operación mediática a los magistrados para impedir que estos los persigan judicialmente, no hay otra explicación.
¿Lo que en apariencia sería una buena propuesta no rige para los funcionarios del Ejecutivo? Y lo que es peor aún, se pretende licuar y desbaratar el efectivo control de la evolución patrimonial en el tiempo de los funcionarios públicos o sus familiares y así banalizar a través de un inexistente control y monitoreo popular, el crecimiento económico de los corruptos y venales.
Lo peor aún es que eso se hace en nombre de las mejores prácticas éticas, y en nombre de un supuesto relato moral, y en nombre del peronismo.
¿Qué tendrá que ver esto con la ética, la moral y el peronismo? No estamos de acuerdo para nada con la eliminación de la “Comisión de Ética Pública” sin que esta sea reemplazada por otro organismo de control que ejerza funciones iguales o similares según la ley 25188. Todo quedara en la nada, y sin sentido.
Si bien la luz pública y el control ciudadano mejoran el comportamiento de los funcionarios, el control resulta aún más efectivo cuando también interviene un organismo con las capacidades técnicas y los recursos para su seguimiento y evaluación. La Oficina Anticorrupción ha demostrado ser absolutamente funcional a los gobiernos de turno y el cambio va en sentido contrario a lo que se propone.
Se han escuchado otros dislates, como que los tres poderes del estado deben estar en la misma sintonía, o que la legitimidad debe llegar al Poder Judicial porque no es elegido por el pueblo; nada más absurdo y antidemocrático.
El Poder Judicial es un contrapoder, nunca puede estar subordinado, es decir esta creado para controlar a los otros dos poderes (Legislativo y Ejecutivo) y por lo tanto debe ser preservado de la política y de la partidización, por ello no se pueden analizar los proyectos por separado, ya que les quiero aclarar que tanto los miembros informantes del oficialismo como la propia Presidente de la Republica y los funcionarios que ayer nos acompañaron, los han presentado como un paquete de reformas, y así deberá entenderse.
Además el Judicial es un poder contra mayoritario es decir no tiene por qué estar sujeto a las reglas de las mayorías electorales circunstanciales, precisamente porque tiene que controlar a los otros poderes que si son mayoritarios. Pero de allí a que sea un poder antidemocrático o ilegitimo es un paso muy grande, que solo los que justifican su avasallamiento pueden argumentar.
Estas reformas pretenden un Poder Judicial débil, jueces amenazados por su destitución que ahora sería más fácil, porque se amplía el número de miembros del Consejo de la Magistratura y se baja la mayoría para sancionarlos y excluirlos (verdadero objetivo de todas estas modificaciones).
Además, otros retrocesos que deben analizarse incluso en un solo debate como la creación de las Cámaras de Casación y la limitación de las cautelares, que vienen a coronar la detracción de competencias de la Corte Suprema, a la que también le sacan el control de su propio presupuesto y la facultad de designación de sus miembros.
Esto no puede aprobarse sin saber que hoy en el Senado se están aprobando estas leyes que el Ejecutivo denomina “Democratización de la Justicia”, nada más falaz, más hipócrita y más perverso, porque en definitiva se persigue todo lo contrario.
Para finalizar digo, que muchas de estas mutaciones ya son reales, actuales y efectivas en el Poder Judicial de la Nación en estos momentos, y en varias provincias, tanto las publicaciones de fallos, resoluciones y sentencias como de la recopilación de jurisprudencia.
Y es el oficialismo el que incumple con la posibilidad concreta de sancionar una ley de “acceso a la información” que se viene demorando año tras año por la decisión política del propio gobierno que no quiere dar a conocer los archivos de la SIDE o las licitaciones del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, entre otros secretos de Estado, ya que se opone a toda forma de transparentar la acción del estado al que está obligado por la exigencia constitucional de dar a publicidad los actos de gobierno.
También no han inventado nada con las presentaciones de las Declaraciones Juradas de todos los funcionarios de la justicia que se exigen en la actualidad, cuando en realidad ello no ocurre en el propio Poder Ejecutivo y donde más se menoscaba la ética pública que todos debemos tener frente a la ciudadanía, y ni que hablar del ingreso a la Administración Publica cuando es en el Poder Judicial donde se respetan los concursos.
Y no así en el Ejecutivo, e incluso cuando estos requisitos son exigidos para todos sus integrantes menos para los miembros del Ministerio Publico. ¿Cuál es la razón para dicha excepción? ¿Cómo se puede sostener una ley tan reglamentarista que permite los contratos de locación de servicios en el estado donde rige la estabilidad?
Y además propone un sorteo por la Lotería Nacional para acceder a los cargos públicos. Donde está el mérito, y donde están los más capaces, y donde está la idoneidad que requiere la Constitución, esta propuesta es absurda y debe ser rechazada totalmente.
Por todo ello, estas reformas que se proponen deben ser para los tres poderes del estado, y no solo para uno, y el gobierno debe dar la ejemplaridad comenzando por su propio ámbito para así generarnos alguna posibilidad de creer que estas propuestas van en el sentido que dicen los títulos se proponen, y no como en realidad lo son al pretender condicionar a otro poder del Estado y obtener sentencias favorables o no investigar los casos de corrupción, que cada día más salen a la luz, y vemos que los jueces se declaran incompetentes porque nadie quiere llevar adelante las investigaciones ante el miedo que suponen estas reformas y la presión futura de un jury.
Huelga decirlo y luce evidente que este gobierno no admite jueces que fallen contra sus intereses, suponen que los intereses del gobierno son los intereses del pueblo, y se quieren llevar las instituciones por delante, como ha dicho la presidente: “Vamos por todo”.
Pues bien, ante confesión de parte, no tenemos otra decisión que respaldar el sistema democrático, vamos a defender la independencia y autonomía del Poder Judicial, y vamos a votar en contra de estos mensajes que solo tienen un maquillaje o un ropaje bajo un título mentiroso, pero que violenta de manera directa y absoluta la intangibilidad, la inamovilidad, la autarquía y el funcionamiento pleno de un poder del estado que goza de protección constitucional para su fiel y normal desempeño autónomo; y que no debe ser menoscabado de ninguna manera por un acto político -como este- que va dirigido exclusivamente a someter a los jueces y así vulnerar la libertad de decidir y de fallar conforme a derecho, lo cual es de una gravedad extraordinaria y no lo vamos a tolerar.
Este gobierno y particularmente en los últimos años, ha dado un fuerte viraje que va en contra de las mayorías nacionales como ha sido la ley antiterrorista, los acuerdos con IRAN, y hasta incluso mañana está prevista la visita de la presidente a Venezuela para avalar un acto comicial, que aún no está definido y cerrado, en clara intromisión a los asuntos internos de un país que debe encontrar por sí mismo el camino que pretende para su futuro, y donde se observan actos de violencia y acusaciones entre los principales líderes que no acuerdan al parecer con los resultados de las urnas.
Nuestro bloque se ha manifestado contrario a dicho viaje al menos hasta que se definan los resultados del último domingo y surja el nuero presidente de ese país.
Pero lo que más nos preocupa es el avance sobre las libertades públicas, sobre las garantías individuales y los derechos constitucionales de los argentinos, el ataque permanente a la libertad de expresión, la opresión y condicionamiento a los gobernadores e intendentes municipales que han sido elegidos por sus conciudadanos y es por ello que, en este caso, vamos a votar en contra de este conjunto de reformas que solo persiguen amordazar a la única garantía de libertad y convivencia en paz entre todos los argentinos.
Pueden condicionar a este parlamento por la mayoría automática, pero no pueden ni deben hacerlo con el Poder Judicial, se lo impediremos.
¿Cómo puede tener andamiaje un paquete de medidas que han unificado todo el arco político opositor, y a todos los actores y protagonistas del quehacer judicial en contra?
Que otra cosa que rechazar estos proyectos por ser inconstitucionales y antidemocráticos, nos queda.
Un gobierno sin controles es un gobierno sin límites, y eso nos lleva a un estado autoritario y totalitario. Salvemos la Republica y seamos leales a la nación. Lo demás, lo demás no importa nada. (Jackemate.com)
(*) Abogado – Diputado Nacional Bloque Frente Peronista