Por Edgardo Glavinich (*)
Hugo Acero y el coronel Juan Carlos Nieto acaban de plantear, en un artículo denominado “¿Qué hacer con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)?”, una tesis que comparto sin reservas: la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no debe suprimirse ni fusionarse, sino reformarse a fondo, con urgencia y con método.
Su argumento es impecable en la forma, por medio de la continuidad jurídica que evita quedar a ciegas, y valiente en el fondo, porque coloca a las personas, y no a los organigramas, en el centro del cambio.
Quisiera, desde el sur del continente, empujar esa tesis un paso más allá. Porque reformar una entidad es necesario, pero no alcanza si antes no se responde una pregunta más honda: ¿qué clase de oficio es la inteligencia y quién debe ejercerlo?
Una profesión, no una función circunstancial
La respuesta que propongo es incómoda a la costumbre latinoamericana. La inteligencia debe constituirse como una profesión de Estado, no como una función circunstancial. Así como existen militares de carrera, diplomáticos de carrera, jueces y fiscales de carrera, debería existir, con el mismo rango y la misma exigencia, la carrera profesional de inteligencia. No es una metáfora administrativa, es la diferencia entre un Estado que anticipa y uno que improvisa.
Pretender que un profesional cualquiera se desempeñe como oficial de inteligencia sin la preparación adecuada resulta tan improcedente como designar a un arquitecto para litigar como abogado de un día para el otro.
El análisis estratégico, la obtención de información, las operaciones, la contrainteligencia, la anticipación y la asesoría al decisor son disciplinas altamente especializadas que se construyen durante años, con procesos rigurosos de selección, formación continua, desarrollo profesional y estándares éticos estrictos.
El propio texto de Acero y Nieto lo reconoce cuando reclama, entre sus prioridades, “un régimen de carrera propio y profesional, como el que rige la inteligencia en los países de referencia”. Esa frase, casi al pasar, encierra el verdadero corazón de la reforma.
Lo que debilitó a la DNI no fue un organigrama equivocado. Fueron administraciones sucesivas sin el perfil ni la experiencia que exige conducir la inteligencia estratégica de un Estado. El nombramiento por afinidad política, y no por trayectoria profesional, es el vicio de origen que ninguna reestructuración corrige si no se ataca su raíz. Una carrera profesional es, precisamente, el blindaje institucional contra ese vicio.
¿Hacia adentro o hacia afuera?
Definida la profesión, el Estado debe tomar una segunda decisión, todavía más estratégica. Qué modelo de inteligencia quiere construir. ¿Un servicio orientado hacia afuera, capaz de anticipar amenazas del entorno internacional, con competencias internas acotadas para prevenir el abuso del poder? ¿O un aparato volcado sobre el frente doméstico, que corre el riesgo de vigilar a la propia ciudadanía mientras queda ciego ante amenazas externas cada vez más complejas: el crimen organizado transnacional, el espionaje, la injerencia extranjera, las amenazas híbridas, la ciberdelincuencia, las operaciones de influencia y la competencia geopolítica?
No se trata de una disyuntiva técnica ni administrativa. Es una política de Estado, de esas que determinan por décadas la capacidad de un país para protegerse. La tentación autoritaria de mirar hacia adentro, hacia el opositor, el periodista, el disidente, es la enfermedad histórica de los servicios latinoamericanos, diseñados en su origen para vigilar la disidencia interna. Reorientar la mirada hacia las amenazas reales, casi todas transnacionales, es el giro copernicano que la región tiene pendiente.
Argentina, un laboratorio a cielo abierto
La Argentina ofrece, en este punto, un experimento inusualmente transparente. En julio de 2024, el Decreto 614 disolvió la Agencia Federal de Inteligencia y recreó la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side); en 2025, el Decreto 941 la reafirmó como órgano superior del sistema, creó una Agencia Nacional de Contrainteligencia y un Centro Nacional de Ciberseguridad; a comienzos de 2026 se formalizó una Comunidad de Inteligencia Nacional. El Poder Ejecutivo aprobó, además, una nueva Política de Inteligencia Nacional que redefine prioridades y misión.
El diagnóstico que anima esa reforma —funciones superpuestas, estructuras sobredimensionadas, información dispersa— es correcto. Pero conviene decirlo con franqueza, cada uno de esos pasos expandió la capacidad operativa del Estado sin expandir, en la misma medida, su capacidad de control democrático.
Una reforma que profesionaliza sin fortalecer, en paralelo, la supervisión, construye un poder más eficaz, aunque no necesariamente más confiable. La lección argentina para Colombia es doble; profesionalizar es imprescindible, pero la profesión sin rendición de cuentas no es garantía, sino riesgo.
Los servicios que sobreviven a los cambios de gobierno y conservan la confianza pública son los que operan bajo un control creíble; los demás van de escándalo en escándalo, se disuelven y se refundan, y pierden la continuidad de la que depende su eficacia.
El mundo se está rearmando
Nada de esto ocurre en el vacío. Vivimos una reconfiguración global de la inteligencia, y conviene mirarla de cerca. Japón, que la Constitución de posguerra mantuvo durante ocho décadas sin un servicio exterior comparable a la CIA o al MI6, aprobó en mayo de 2026 la ley que crea su primera agencia nacional de inteligencia, con una oficina central prevista para 2026 y una agencia de inteligencia exterior con capacidades humanas proyectada hacia 2027, la mayor reforma de su historia.
Alemania prepara la transformación más profunda de su agencia de inteligencia (BND) desde su fundación, con nuevos poderes cibernéticos y ofensivos, y un presupuesto incrementado, según reportes de prensa, en torno al 26 %, hasta unos 1.500 millones de euros.
Los Países Bajos, tras concluir que su ley de 2017 resultaba “demasiado restrictiva”, habilitaron a sus servicios a responder con mayor velocidad a los ciberataques y elevaron a doctrina un conjunto de principios auditables, tales como explicabilidad, necesidad, proporcionalidad, supervisión independiente continua, que se han vuelto referencia para la era de los datos.
Tres democracias maduras, tres reformas simultáneas. Ninguna improvisa, todas parten de cuerpos profesionales consolidados y de controles que, con sus defectos, existen. Ese es exactamente el punto de partida que América Latina todavía no tiene.
La revolución pendiente
Porque la región enfrenta un escenario de riesgos, amenazas y oportunidades notablemente similar de un país a otro. El mismo crimen organizado que desafía a Colombia atraviesa el Darién, el Cono Sur y la Amazonía; las mismas redes financieras, las mismas rutas, las mismas operaciones de desinformación.
Y, sin embargo, cada Estado las enfrenta en soledad, con servicios débiles, politizados y refundados a cada cambio de gobierno. La verdadera revolución no es tecnológica, es profesional e institucional. Consiste en construir, por fin, comunidades de inteligencia estables, meritocráticas y sujetas a control, capaces de sobrevivir a la alternancia política, que es, a la larga, la única condición de su eficacia.
Queda un interrogante que prefiero no cerrar, porque no tengo su respuesta. Si las amenazas son compartidas, ¿alcanzará América Latina la madurez para conformar una alianza de inteligencia propia, al estilo de los Cinco Ojos que el mundo anglosajón sostiene desde 1946? La idea no es exótica: en la IV Cumbre Celac-UE de Santa Marta, en noviembre de 2025, la Unión Europea y América Latina se comprometieron a profundizar la cooperación policial y judicial frente al crimen organizado transnacional.
El andamiaje empieza a insinuarse; la confianza que exige, en cambio, todavía está por construirse. Porque no hay socio confiable sin reserva confiable, y no hay reserva confiable sin profesionales de carrera que la garanticen. La suspensión de Colombia del Grupo Egmont, tras la divulgación de información reservada, es el recordatorio de lo frágil que resulta esa confianza cuando falta el oficio.
Fortalecer a toda América, para todos los americanos, sin ceder autonomía nacional ni regional. Esa es la ambición que valdría la pena. Pero ninguna alianza se construye entre aparatos improvisados; se construye entre profesiones.
Por eso la primera reforma, la que Colombia discute hoy con su DNI y la que toda la región posterga, no es la de las estructuras, sino la de las personas que las habitan. La inteligencia, o es una profesión de Estado, o seguirá siendo, como tantas veces entre nosotros, apenas un instrumento del poder de turno.
La pregunta, entonces, no es si podemos permitirnos profesionalizarla. Es cuánto más vamos a permitirnos seguir sin hacerlo. (Jackemate.com)
(*) Director Ejecutivo Fundacion ‘Sherman Kent’ y miembro permanente del Seguridad Integral (Capsi). Especializado en inteligencia estratégica con experiencia en sectores público y privado