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El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoán, pidió seis meses de licencia en el institución, tras ser ordenado este martes su procesamiento sin prisión preventiva y un millonario embargo por el juez federal porteño Claudio Bonadío, en torno de las investigaciones de la llamada causa de los ‘Cuadernos de las coimas’

En el texto del pedido de licencia, Padoán manifestó “la absoluta convicción de su inocencia” y que la resolución que lo afecta “es contraria a derecho”, por lo que instruyó a sus abogados para que interpongan un recurso de apelación contra la misma.

En consecuencia, la mesa ejecutiva de la BCR, en reunión ordinaria, consideró el pedido formulado y, atento a las razones invocadas, dispuso otorgar la licencia solicitada por un plazo de seis meses.

En virtud de las disposiciones estatutarias se resolvió, además, que durante dicho plazo pase a desempeñarse en la presidencia el vicepresidente primero, Raúl R. Meroi.

Alberto Padoán, CEO de la firma Vicentín, fue procesado en el marco de la causa conocida como "Cuadernos de las coimas", en la que se investigan los datos contenidos en las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

La decisión fue adoptada por el juez federal Bonadio, quien, además, le aplicó al empresario rosarino un embargo por 4.000 millones de pesos.

En la resolución judicial, Padoán aparece como miembro de una “asociación ilícita” y es señalado en dos hechos de “dádivas” en calidad de autor.

El dirigente empresario fue citado a indagatoria el pasado 18 de octubre, pero se negó a responder preguntas, y sólo presentó un escrito con el que buscó despegarse de la investigación sobre aportes de empresarios a funcionarios del gobierno kirchnerista.

La participación de Padoán, según la resolución de Bonadio

En septiembre pasado, en diálogo periodístico, Padoán había admitido un vínculo con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, pero negó haber hecho negocios con él.

“Me llamó poderosamente la atención”, dijo entonces, y aseguró que no hizo “ningún negocio” con el ex funcionario, aunque recordó que éste visitó Avellaneda cuando él era titular de Vicentín, la firma involucrada en la causa.

En contraste con aquella explicación, la resolución judicial de Claudio Bonadio, en el apartado dedicado a "los hechos", alude a Alberto Padoán en estos términos: “Alberto Ángel Padoán participó ordenando las siguientes entregas de dinero, por el “Grupo Agroindustrial Vicentin”, a Lazarte, las cuales se llevaron a cabo en la calle Presidente Luis Sáenz Peña 1074 de esta ciudad: a) el día 16 de septiembre de 2013 se le hizo entrega de quinientos mil dólares (U$D 500.000) y b) el día 16 de junio de 2015 se le hizo entrega de un millón de dólares (U$D 1.000.000).

En el último caso, el dinero fue entregado por Lazarte a Hernán Del Río en el subsuelo del Ministerio de Planificación, para que por intermedio de Olazagasti, se le diera a De Vido.

La resolución dice textualmente en el punto VII: “ Decretar el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Ángel Padoán (…), en orden a los delitos de asociación ilícita en calidad de miembrio; y dación de dádivas –dos (2) hechos–, en calidad de autor, los cuales concurren realmente entre sí…”.

Y en el punto VIII agrega: “Mandar trabar formal embargo sobre los bienes y dineros de Alberto Ángel Padoán, suficientes hasta cubrir la suma de cuatro mil millones de pesos ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del C.P.P.N.)”.

Paolo Rocca, CEO de Techint, también procesado

La resolución del juez Bonadío también ordena un embargo de $4.000 millones al ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Abal Medina, y otros procesados entre quienes se encuentran Rubén Aranda.

En tanto, Claudio de Lassaletta fue procesado, pero le trabaron un embargo por una cifra menor.

El procesamiento recayó además, sobre Paolo Rocca, CEO de Techint y uno de los empresarios más importantes de la Argentina, y fue dispuesto por el juez federal porteño en la causa iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

En la investigación quedó corroborado el pago de coimas por parte de la empresa Techint a ex funcionarios del kirchnerismo para solucionar la situación de la empresa Sidor en Venezuela.

Ya estaba procesado en la causa Luis Betnaza, director de la compañía, a quien Rocca le había endilgado la responsabilidad por el pago de las coimas a los kirchneristas para que intercedieran ante el gobierno de Hugo Chávez por la estatización de la empresa Sidor que pertenecía al Grupo Techint. (Jackemate.com)

 

 

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