El único senador nacional socialista, Rubén Giustiniani, presentó en el Parlamento un proyecto de ley para que se declare “servicio público” a la telefonía móvil y, con ello, poder garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios de telefonía móvil “eficientes, de acuerdo a los estándar aceptables con la tecnología actual, con tarifas razonables y con estricto cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro de los contratos de servicios, en tiempo y forma por parte de las empresas prestadoras del servicio”.
Es por eso que han organizado un debate en torno de esta iniciativa para este miércoles venidero las comisiones de Sistemas de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Derechos y Garantías y, por ello, han sido invitados los principales actores y protagonistas, como la Unión de Usuarios y Consumidores, a Consumidores Libres, al Centro de Educación al Consumidor, a Defensa de Usuarios y Consumidores y a Adelco.
También fueron convocadas las empresas prestadoras de telefonía celular como Movistar, Personal, Claro y Nextel, así como a especialistas en Derecho Administrativo, doctor Alberto Bianchi, y en Derecho de las Telecomunicaciones y del Consumidor, doctor Ariel Caplan.
Según un comunicado del legislador santafesino, existen en la Argentina entre 35 y 37 millones de líneas telefónicas móviles, mientras que son alrededor de 8 millones las líneas fijas, con tarifas reguladas y que garantizan el acceso de la población de todo el territorio nacional.
“La masividad del servicio expresa la necesidad de la existencia de un marco regulatorio para la telefonía móvil”, afirmó Giustiniani, expresando por ello la necesidad de regular las tarifas del servicio “para dotar a sus usuarios de mayores derechos y garantías y dar respuesta a los incesantes reclamos de los usuarios de celulares vinculados, tanto a las deficiencias en la prestación del servicio como a problemas de facturación”.
Explicó el presidente del PS que “la telefonía celular es utilizada en nuestro país por personas de diferentes edades y estratos sociales”, afirmando que en la actualidad “es el medio de comunicación más utilizado por los jóvenes, por los padres de adolescentes y, particularmente, por los sectores con menores recursos”.
El senador socialista apuntó que “las estadísticas demuestran que en las oficinas de Defensa del Consumidor uno de los rubros que mayor cantidad de reclamos tiene es el del servicio de telefonía móvil”.
Por ello la inexistencia de un marco legal regulatorio permite a las empresas prestadoras de servicio una libertad de maniobras “fundamentalmente a la hora de establecer tarifas, sin ningún control del Estado, por lo que resulta pertinente avanzar en una normativa que permita regular tanto la calidad de la prestación, así como el precio de los servicios”, aseveró Giustiniani.
Destacó, en el mismo sentido, que “los marcos regulatorios son la herramienta fundamental con la que cuenta el Estado para fijar los deberes, derechos y obligaciones de las empresas prestatarias de los servicios públicos”
Por último, el senador nacional recordó que los derechos vinculados a la tutela del usuario y del consumidor fueron incorporados en la reforma constitucional de 1994 como ‘Derechos de Tercera Generación’ e “implican un desplazamiento del derecho privado hacia el derecho público toda vez que se pretende tutelar con carácter protectorio a la parte más débil de la contratación masiva, es decir el de servicios”, concluyó. (Jackemate.com)