Otra vez la República Argentina deberá pagar fortunas a ‘fondos buitres’ por políticas desacertadas. Ahora, es la Corte del Distrito de Columbia, de los Estados Unidos, la que falló en contra de nuestro país en un caso por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, y permitió que el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) ejecute una deuda que el Estado nacional tiene por un monto de 340 millones de dólares.
Según el fallo, Titan Consortium demandó a la Argentina para la ejecución de un laudo arbitral emitido por un Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
«La Argentina intentó desestimar la demanda por haber prescrito, pero la falta de un período de prescripción expresada en la Sección 1650a complica un poco las cosas. Argentina argumenta que el período de prescripción aplicable es de tres años (según lo tomado de la Ley de Arbitraje Federal o de D.C.), lo que hace que el reclamo de Titan sea extemporáneo», establece el escrito.
A esto, Titan Consortium se opone, argumentando que «el período de prescripción aplicable es de doce años, de conformidad con el Código D.C. 15-101, que rige la ejecución de sentencias dictadas por los tribunales del Distrito de Columbia».
A partir de estas posiciones contrapuestas y, «tras revisar el pequeño conjunto de opciones viables, el Tribunal concluye que el plazo de prescripción es de doce años y, por lo tanto, la demanda de Titan es oportuna. Por lo tanto, la Corte niega la moción de desestimación presentada por Argentina», concluyó el Tribunal.
La presentación de Titan Consortium es una derivación de la nacionalización, en 2008, durante la primera gestión presidencial de Cristina Fernández viuda de Kirchner, de Aerolíneas Argentinas, que en ese momento estaba en manos del grupo español Marsans.
El Ciadi resolvió en 2019 que Argentina debía pagar 340 millones de dólares por la expropiación. Los españoles acudieron al Ciadi, que en 2019 determinó que la Argentina debía pagar 340 millones de dólares por esa operación forzosa.
Luego le transfirieron los derechos del litigio al Fondo Buitre Burford Capital, el mismo bufete inglés que lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, en 2012, que a su vez se los traspasó a Titan Consortium, dos años después.
Titan Consortium finalmente llevó el caso al tribunal arbitral en Columbia, distrito al que pertenece la ciudad de Washington DC.
El Ciadi es una instancia de arbitraje y no puede obligar al cumplimiento del pago de las sentencias, de manera tal que la única vía para cobrar lo que se pretende es a través de la Justicia.
La información fue publicada por el director regional de la empresa de investigación y asesoría Latam Advisors, Sebastián Maril, en su cuenta de la red X.
Titan Consortium podría pedir embargar activos del Estado, ya que la Argentina prácticamente no tiene bienes embargables en el exterior ni tampoco sería viable la confiscación de los aviones de la línea de bandera, porque la demanda es contra el Estado y no contra la empresa. (Jackemate.com)
Fuente: Perfil