Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ambos ex secretarios de Transporte de la Nación en las gestiones presidenciales del extinto Néstor Kirchner y del actual periodo presidencial, Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente, no solo fueron confirmados sus procesamientos en la llamada causa por la ‘Tragedia de Once’, sino que la Sala II de la Cámara Federal porteña agravó sus conductas al procesarlos por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo por su responsabilidad en la falta de control que derivó en la muerte de 52 personas y más de 700 heridos en aquella jornada del 22 de febrero
La misma calificación -mayor a la que había impuesto el juez Claudio Bonadío cuando los procesó en octubre pasado- les corresponde al ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, y a los ex interventores en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero y Eduardo Sícaro.
Según el sitio digital del porteño diario ‘Clarín, Bonadío había procesado a los ex funcionarios por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Sícaro, ex asesor del ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, había sido sobreseído por el mismo juez porteño.
En la resolución de los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzún y Eduardo Farah se estableció que “el progresivo deterioro de los trenes y, con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por el correcto y normal desarrollo del servicio , pues ha quedado demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios deberes ejerciendo un control meramente formal que, como tal, resultó insuficiente para encauzar las obligaciones emergentes del contrato de concesión y velar así por el correcto uso, conservación y custodia de los bienes públicos y la seguridad de los usuarios”.
Además, fue procesado el maquinista del tren de la línea Sarmiento Marcos Antonio Córdoba a quien Bonadío había sobreseído. El delito del que se lo acusa es el de estrago culposo.
En tanto, a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que explotaba el ferrocarril Sarmiento al momento del choque, la Cámara los halló responsables del delito de estrago culposo y administración fraudulenta.
En primera instancia el juez Bonadío los había procesado porque consideró que integraban una asociación ilícita que manejó a su antojo los millonarios subsidios recibidos del Estado nacional. El caso por los desvíos de los subsidios será investigado por el juez Sebastián Ramos.
Pero también los había procesado por “estrago doloso”, lo que implicaba que habían manejado la concesión del Sarmiento de tal manera que inevitablemente iba a suceder una tragedia. Los camaristas le morigeraron el procesamiento a los Cirigliano y a los directores y gerentes de TBA y de sus vinculadas.
Para los camaristas, la concesionaria TBA desarrolló “una política empresarial desaprensiva que, lejos de tender a conservar en un umbral mínimo los riesgos propios de la operación, priorizó la atención de asuntos corporativos en desmedro de las específicas funciones asignadas, permitieron y avalaron el paulatino y constante crecimiento de los peligros con los resultados que quedaron finalmente materializados la mañana del 22 de febrero de 2012”.
Según la Cámara los empresarios “no dieron cumplimiento al compromiso contractual oportunamente asumido, contribuyendo de tal forma al resultado típico producido: descarrilamiento parcial, acaballamiento de algunas unidades y, a consecuencia de ello, las muertes y lesiones causadas a numerosas personas”.
En la causa se hallaron constancias del desmanejo de los trenes del Sarmiento como “ausencia o anulación de compresores, adición de suplementos inadecuados para corregir falencias, ausencia de freno de guarda, falta de controles en torno a la velocidad máxima permitida, entre otras irregularidades”.
Los camaristas, también conminaron al Estado “como titular indiscutido de los bienes concesionados y a través del organismo pertinente, brindar apoyo y contención a las víctimas y familiares del choque ferroviario, previendo y disponiendo de todos los medios adecuados para darles integral asistencia”. (Jackemate.com)