Daniel Verdú (*)

La todopoderosa Secretaría de Estado del Vaticano tiene tres meses para transferir todos sus fondos y replantear parte de sus funciones. Deberá traspasar cientos de millones de euros a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el departamento designado por el Papa para gestionar el dinero que hasta ahora administraba la sala de máquinas del Vaticano

La confianza está rota. Los últimos escándalos financieros han reafirmado al Papa y a su entorno en que parte del problema se encontraba en la libertad de movimientos y la opacidad con la que ha actuado durante años un sector de la Secretaría de Estado.

En los últimos tiempos, Francisco ya ha limitado su área de influencia limando algunas de sus jurisdicciones —como la comunicación— o sustituyendo a hombres de peso por otros de perfiles más neutros y menos ambiciosos.

El último movimiento, directamente vinculado con los supuestos problemas de corrupción vividos recientemente, ha sido retirarle todos los fondos de los que disponía -se estima que unos 700 millones de euros, entre inversiones y el óbolo de San Pedro, que recoge las donaciones- y arrebatarle su capacidad de administración financiera.

Una decisión importante que adelgaza sustancialmente el área que más cerca está de la toma de decisiones del Papa, que diseña estrategias y que suele amortiguar también algunos golpes.

La Secretaría de Estado ha sido históricamente el punte de mando del Vaticano. Especialmente desde la reforma en 1967 de Paolo VI, uno de los inspiradores del pontificado de Francisco.

Su titular —actualmente es el cardenal Pietro Parolin— es el segundo de a bordo de la Santa Sede y su personal se ocupaba hasta hoy de algunas de las funciones más delicadas del Vaticano.

El papa Francisco lo reconoce abiertamente en la carta que envió el pasado 25 de agosto al propio Parolin. Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos, ordenó que los fondos pasen a ser gestionados a partir de ahora por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica —el departamento que administra el patrimonio inmobiliario del Vaticano— y controlados por el dicasterio de Economía, que dirige el español Juan Antonio Guerrero Alves, persona de gran confianza del Papa.

Francisco desposeerá también a la Secretaría de Estado de todas las funciones de vigilancia sobre otros entes. Hasta ahora, este departamento flotaba por encima de los demás y encargaba investigaciones paralelas (como la que originó el despido del revisor de las cuentas, Libero Milone, acusado de espionaje).

Francisco apunta, además, que la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, envuelta en los últimos escándalos, deberá rediseñar sus funciones ahora que no tiene competencias ni fondos, o pensar la idoneidad de su propia existencia.

Además, el Papa señala en la carta que es necesario “salir lo antes posible, o al menos actuar de manera tal para que se eliminen todos los riesgos para la reputación” de las inversiones en el inmueble de lujo en Londres que generaron las últimas polémicas.

La compraventa de la propiedad londinense terminó derivando en una investigación sobre el uso de los fondos reservados de la Secretaría de Estado, que durante años gestionó el segundo de dicho departamento, el cardenal Angelo Becciu.

El purpurado, una de las personas que mejor conocía la fontanería política de la Santa Sede, fue desposeído de sus derechos como cardenal y destituido de su cargo como prefecto de la Congregación para los Santos el pasado septiembre.

Los motivos originales fueron una sorpresa: según el Vaticano, el religioso había favorecido a varios hermanos encargando trabajos en las nunciaturas de las que fue responsable (en Angola y Cuba) y autorizando la transferencia de unos 100.000 euros a la cooperativa de uno de ellos.

Las filtraciones sobre los presuntos desmanes de Becciu fueron creciendo con el paso de los días. Desde la creación de una diplomacia paralela con los fondos de la Secretaría de Estado, a presuntos sobornos en Australia para que testigos clave del juicio por abusos a menores contra el cardenal George Pell testificasen en su contra. Teóricamente, el dinero para todas esas supuestas operaciones salía del mismo grifo: el que el Papa acaba de cerrar. (Jackemate.com)

 

(*) Especial – Diario ‘El País’ de Madrid

 

 

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