Senadores y diputados santafesinos no necesitaron más de 30 minutos para decidir “unánimemente”, en una sesión conjunta realizada este viernes en el Parlamento, la “suspensión preventiva y temporal por 180 días, más la disminución de su salario en un 50 por ciento” del fiscal adjunto de la 2ª Circunscripción Judicial, Gustavo Ponce Asahad. El funcionario rosarino fue implicado por un empresario del juego casildense en una causa por la que se lo investiga por los delitos de cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes y filtración de datos reservados
La primera votación fue entre los senadores, donde los 15 presentes votaron de manera afirmativa. En tanto, los 48 diputados decidieron de igual forma, no habiéndose registrado, según los voceros, votos negativos ni abstenciones cuando debieron considerar el dictamen propuesto por la Comisión de Acuerdos del Congreso provincial santafesino.
El senador provincial Raúl Gramajo, de extracción justicialista y presidente de la comisión bicameral, fue el único en tomar la palabra en el recinto.
Dicha bicameral se había reunido el martes pasado con el objeto de elaborar el dictamen que se votó este viernes y que ya designó al diputado radical, Fabián Bastía, como el miembro acusador en el proceso de remoción que se inicia contra Ponce Asahad, el fiscal acusado de cobrar coimas a bandas delictivas y de filtrarles información sensible.
En su alocución, Gramajo destacó el trabajo de la auditora del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, ya que «a una semana de los hechos estamos haciendo la sesión conjunta», dijo legislador del departamento Nueve de Julio.
Vranicich fue la encargada de acercar el martes pasado las pruebas que había en contra de Ponce Asahad para ponerlas a consideración de la Comisión de Acuerdos. Ese día también estuvo el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, quien también brindó un informe de las actuaciones que se hicieron en el marco del MPA.
Hay que recordar que este último martes la Justicia dictaminó la prisión preventiva por noventa días para el citado fiscal, quien está acusado de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores. Ponce Asahad seguirá preso mientras avanza la investigación.
Las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, hicieron las acusaciones contra Ponce Asahad en su carácter de fiscal adjunto y Nelson Ugolini en carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Según se desprende de las actuaciones, dichos fiscales les atribuyen a Poce Asahad y a Ugolini la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación del ahora destituido fiscal Patricio Serjal (en carácter de fiscal regional).
En ese sentido, se los acusa de “diseñar y ejecutar un plan cuyo objetivo fue recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado), a cambio de transmitir información reservada, y no investigar hechos que podrían construir delitos e interferir en las investigaciones en curso, así como retardar u omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperen posibles imputaciones”. (Jackemate.com)