Una nueva tormenta de confrontaciones verbales de impensadas consecuencias ya se vislumbra en el horizonte santafesino. Es que el ministro de Salud provincial, Miguel Capiello, en declaraciones periodísticas, comparó el alquiler de vientres con la trata de personas porque entiende que se considera a la mujer como “mercancía de cambio”.
La opinión fue del jefe de esta cartera del gobierno santafesino liderado por el socialista Hermes Binner fue vertida este jueves en LT 8 Radio Rosario justo cuando en la Legislatura provincial avanza un proyecto para legalizar este tipo de práctica médica.
En ese sentido, Capiello aseguró que el proyecto, que fuera presentado en la Legislatura provincial por el diputado justicialista Alberto Monti, “lo único que hace es legalizar una situación en la que, en la mayoría de los casos, se aprovecha para ganar dinero”.
Y tras ello afirmó: "En el alquiler de vientres se toma a la mujer como una mercancía de cambio", para luego sostener que “es algo que no debería ser contemplado para obtener un hijo” porque enfatizo “muchas personas la usan para conseguir dinero, como si se tratara de un traficante de personal. No me parece correcto".
Sobre este controvertido proyecto presentado para que las obras sociales contemplen entre sus prestaciones la fertilización asistida, Capiello dijo que "avanza sobre algo que no se pueden hacer, que es obligar a la obra social a prestar este tipo de servicios".
Y destacó que "lo más grave es que, en el caso de la parte pública, no dice de dónde deben salir los recursos económicos para solventar la práctica".
Ante ello, el ministro santafesino explicó que "nosotros (por el Gobierno provincial) hemos empezado a trabajar en la baja complejidad para después, con más experiencia, llegar a la fertilización asistida de otras complejidades".
Para luego destacar que “en principio, ya hay una lista de espera que llega hasta marzo de gente que ha ido a hacer consulta al servicio de fertilización la Hospital del Centenario".
Por último, señaló que este proyecto del diputado provincial justicialista "no está bien estudiado ni fundamentado" porque “cuando, como en este caso, se avanza sobre una obra social que es autárquica, y ellos no tienen esa posibilidad de hacer una ley que obligue al Iapos, más allá que puedan obligar al Gobierno provincial siempre y cuando uno tenga los recursos", concluyó. (Jackemate.com)