Para la abogada penalista y especialista en seguridad, Florencia Arietto, el joven rosarino Diego C, de 25 años, quien mató a dos motochorros instantes después de ser asaltado por ellos, “es la víctima tanto de los criminales, que lo asaltaron, como de los funcionarios, que lo metieron preso” y por eso la profesional porteña exigió su libertad, tras ser dictada por el juez actuante la prisión preventiva por 60 días en una celda común.
En el marco de su visita a la ciudad de Rosario, Arietto acompañada por el diputado provincial por ‘Juntos por el Cambio’, Gabriel Chumpitaz, analizó la actualidad de la provincia y se reunió con familiares de Diego y vecinos del barrio de Fisherton para acompañarlos en el pedido de Justicia.
“Exigimos la libertad de Diego, que es la víctima tanto de los criminales que lo asaltaron como de los funcionarios que lo metieron preso”, afirmó Arietto, para luego reclamar también que haya “juicio por jurado en la provincia de Santa Fe para que la razonabilidad y el sentido común primen sobre los dogmas garantistas en la Justicia”, aseveró.
En el mismo sentido, Chumpitaz manifestó que “hace tiempo que venimos diciendo que nuestro Código de Procedimiento Penal debe evitar estos atajos para que los que delinquen transiten su juicio en prisión y no en la calle cometiendo otros delitos”.
Y enfatizó que “no podemos continuar a merced de decisiones garantistas y de doctrina ‘zafaroniana’ para quienes verdaderamente infringen la ley, y dar la espalda a los ciudadanos que día a día salen a la calle a trabajar”.
Por otra parte, Arietto y Chumpitaz coincidieron en que “hay que modificar muchas leyes en la Argentina y en la provincia de Santa Fe para que haya más Justicia, pero también jueces y fiscales con sentido común en sus resoluciones”.
Ambos participaron de un encuentro con los padres y alumnos del Colegio Latinoamericano de Rosario, apoyando el reclamo ante la ocupación del campo de deportes y el intento de adoctrinamiento de sus hijos.
“Es inconcebible que para evitar una usurpación la institución del Centro Educativo Latinoamericano (CEL) haya tenido que ceder el uso de su predio deportivo a la UTEP. Hay que terminar con estas organizaciones delictivas en todos los terrenos y sin ser permisivos”, afirmó Arietto.
Por su lado Chumpitaz sentenció que el Colegio Latinoamericano “siempre ha sido una comunidad de excelencia y ejemplar en esta ciudad, no vamos a permitir su quiebre moral”.
También Arietto y Chumpitaz se reunieron con los titulares del Grupo Razzini, que tiene más de 50 años en Rosario, ya que esta empresa de materiales de la construcción fue objeto hace meses de uno de los aprietes laborales más violentos de los últimos años por parte “de grupos sindicales que atacan al que genera empleo”, concluyeron. (Jackemate.com)