Por Jorge Ferrari (*)
El presidente Alberto Fernández, visto lo ocurrido este lunes en el barrio ‘Los Pumitas’, en la zona noroeste de Rosario, anunció una serie de medidas para reducir el descontrol social que terminó con una cuasi “pueblada” barrial producto del accionar de bandas de ‘narcos’ que operan en el territorio, entre ellas el inmediato envío de 1.400 efectivos federales de la Gendarmería Nacional y de una Compañía de Ingenieros del Ejército Argentino.
En su primer mensaje desde el extremo norte argentino el jefe de Estado reconocía que Rosario y Santa Fe son parte de la Argentina y “vamos a mandarle ayuda”. Horas después su ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, aceptaba públicamente que el país había sido derrotado por los “narcos”.
Tremendas e inoportunas declaraciones de los Fernández frente a un flagelo tan grave como el narcotráfico, especialmente en Latinoamérica, porque estas actividades delictuales están vinculadas directamente con los movimientos terroristas peruanos de ‘Sendero Luminoso’ y con el colombiano de las FARC y hasta me aventuro a sospechar connivencia del Gobierno nacional venezolano en el paso asegurado por su territorio y por su mar de miles de toneladas de droga elaborada en la profundidad de la selva colombiana.
Pero Rosario, como el resto del territorio de la Argentina, especialmente el conurbano bonaerense y las ciudades de Córdoba, Mar del Plata y Mendoza, además de fuerzas federales necesita de una planificación a mediano y largo plazo, de mejorar una vetusta Justicia Federal, proveerla de leyes más fuertes, tanto para el narcomenudeo como para los ‘barones’ de la droga, las entidades y estudios donde -todos saben- se concreta el lavado del dinero mal habido del narcotráfico.
Pero no solamente con estas medidas basta para enfrentar al narcotráfico, porque siempre se necesita mucho más. Y aquí empiezan los conflictos ideológicos y mezquinos de la política y desde la misma Justicia.
Ley de Derribo de Aviones Clandestinos
Cuando se habla de tener una Ley de Derribo de Aviones Clandestinos -como otros países de la región la tienen- que ingresan y surcan el cielo argentino, y de penales especiales de máxima seguridad para todos los que actúen dentro del mundo del narcotráfico, ciertos sectores saltan como leche hervida y a viva voz expresan su oposición, pero sin dar soluciones claras, precisas y posibles de implementar.
Más allá que estos temas de por sí son cuasi, para no decir totalmente tabúes, para la política y algunos miembros y ex miembros de la Justicia por aquello de creer que se estarían violando los derechos humanos, es necesario que empiece a debatirlo abiertamente el pueblo y exigirle a nuestros representantes legislativos que los lleven al recinto para la posible aprobación y ejecución de esas normas.
Hasta la misma cúpula de la Iglesia Católica argentina ya denuncia que en Rosario, una bella ciudad que se hizo merced a su propio esfuerzo, estaría la posibilidad de que cayera en manos de los ‘narcos’ y así producirse el nacimiento de un Estado paralelo, donde las ‘puebladas’ y el ejercicio de la justicia por mano propia serían acciones corrientes como en el viejo oeste norteamericano.
Si el Estado nacional piensa que con 1.400 gendarmes y unos cuantos efectivos militares para hacer tareas de ingeniería urbana en los territorios más calientes rosarinos soluciona el problema. Eso es como tirar una gota de agua en el desierto sahariano y creer que con ello puede crecer una planta tiempo después.
Es necesario que traigan un estricto proyecto estratégico de acción, donde municipio, provincia y Nación interactúen tanto en lo social, político y represivo. Con una verdadera inteligencia criminal y social territorial para que cuando se accione represivamente no haya cabida a errores involuntarios o acciones nocivas colaterales.
Y en esto último, tal como lo hizo otrora el presidente ‘Lula’ Da Silva en las principales favelas de Rio de Janeiro, habría que tamizar el ‘territorio caliente’ centímetro a centímetro, puerta a puerta, casa a casa, para voltear bunkers (hay unos 150 en Rosario) de narcomenudeo, incautar armas de fuego, terminar con las cocinas clandestinas y detener a muchos prófugos escondidos en esos asentamientos con pedido de captura.
Y esto, sin lugar a dudas, amerita la incuestionable necesidad de la presencia de representantes de la Justicia Federal y de la provincial para que los derechos de las personas no sean vulnerados, sino que se garantice su estricto cumplimiento en el marco del procedimiento.
También será necesaria la participación de la Dirección Nacional de Migraciones ante la posible presencia de extranjeros indocumentados, carentes de al menos una residencia temporal, o con su visa agotada, para ser preventivamente retirados del lugar y alojados en sitios especiales para su pronta identificación y posterior (si así lo amerita) expulsión del territorio nacional.
Justamente en muchas de estos asentamientos podrían hallarse escondidos extranjeros vinculados a movimientos terroristas recientes como las FARC y/o Sendero Luminoso, al menos, con pedidos de captura de sus países por actos delictuales serios.
Y hacer esto no significa violar los derechos humanos de los argentinos o de los extranjeros, sino que es cuidar el vasto y profundo territorio nacional, mejorar las condiciones de vidas de todos, reducir a la menor expresión posible la actividad delictual de los ‘narcos’, terminar con la trata de blanca´ y hacer más vivible esos precarios sitios para la gran mayoría de nuestros compatriotas, porque así lo exige nuestra Constitución Nacional.
Hacerlo, cumplirlo y concretarlo es una obligación indeclinable de nuestras autoridades, de nuestros legisladores y de la Justicia. No dejemos que los ‘narcos’ triunfen y armen así un Estado paralelo en nuestra querida y hoy triste Argentina. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Ex Corresponsal de Guerra