La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI, tras reunirse este sábado en Rosario, emitieron una declaración conjunta en la que reclaman “terminar con la impunidad”, que “se juzgue y condene a los involucrados” en temas de narcotráfico, “fundamentalmente a los eslabones más alto de la cadena”
El documento lleva las firmas de los titulares nacionales de la UCR, Mario Barletta, y de la CC-ARI, Pablo Javkin, quienes sostienen que “como ciudadanos santafesinos, queremos aportar a la generación de acciones y políticas imprescindibles para dar respuesta al fuerte y justo reclamo de nuestros ciudadanos en materia de seguridad pública”.
Precisan que “las experiencias atravesadas por otros países de nuestra región en el enfrentamiento contra el narco delito, dejan lecciones para aprender”, y en ese sentido, puntualizan que “la primera es que para luchar con éxito contra ese flagelo se necesita de un fuerte consenso político y de la acción coordinada de todos los poderes y niveles del Estado”.
Señalan, a modo de atención, que “el intento de aprovechar esta crisis para sacar ventajas electorales por sectores ligados al Gobierno nacional, merece un claro rechazo”, para luego aseverar que “este es un problema que abarca a todo el país; es absurdo e irresponsable reducirlo a provincias o municipios gobernados por fuerzas opositoras”.
Por ello, Barletta y Javkin en el documento afirman que “necesitamos de la Nación -en tanto delito federal- del control al lavado del dinero, de acciones de las fuerzas de seguridad en la prevención, inteligencia y persecución de las bandas criminales, control de las fronteras y rutas nacionales y ‘radarización’ del espacio aéreo.
Sobre la Justicia Federal, dicen que “es imprescindible que juzgue y condene a todos los involucrados y fundamentalmente a los eslabones más altos de la cadena del narcotráfico. Hay que terminar con la impunidad”.
Y agregan que “como integrantes del Frente Progresista, sabemos también de nuestra responsabilidad. No es momento de declaraciones altisonantes y, mucho menos, contradictorias de quienes cumplen tareas de gobierno”.
Por lo expuesto proponen “profundizar la reforma y modernización policial, con mayor participación de los poderes locales y de la ciudadanía, con fuerte control político”, entendiendo que “son indispensables las auditorías a regionales y comisarías”.
Y añaden: “Es necesario reglamentar la ley de ética pública y de financiamiento de las campañas electorales, y hacer efectivas las declaraciones juradas de los jefes policiales. Hay que avanzar con celeridad en la implementación de la reforma procesal penal, y en la creación de la policía judicial”.
Más adelante, indican que “la urgencia nos obliga a poner todas las capacidades y energías a combatir el flagelo de la exclusión social en donde más de un millón de jóvenes en el país no estudian ni trabajan, estando cerca del alcohol y de la droga y siendo presa fácil de las organizaciones delictivas”.
Al respecto, recuerdan que “más del 55 % de los jóvenes en la Argentina no terminan sus estudios secundarios. Necesitamos mano dura contra la deserción escolar.
“Sólo con honestidad, educación y trabajo vamos a construir un país mejor. Al delito, enfrentémoslo con dureza y sin dilaciones”, puntualizan.
Finalmente proponen una convocatoria” amplia e institucionalizada” de todos los niveles y poderes del Estado y de los partidos políticos de la provincia con la intención de “coordinar un trabajo común que ponga al Estado y a la política accionando rigurosamente contra el delito y sus redes”. (Jackemate.com)