Por Ricardo Marconi (*)
El ingenio de los narcotraficantes parece no tener descanso, ya que, al parecer, comenzaron a aplicar un mecanismo mortal para dejar cuerpos sin vida, en la vía pública, con el objetivo último de –presumiblemente- enviar un mensaje a sus competidores en el mercado de la droga rosarina.
La novedad criminal, al parecer, consiste en secuestrar al voleo en la calle a cualquier habitante, introducirlo en un auto robado, llevarlo a un lugar determinado –en el primer caso frente a un club de fútbol- obligarlo a descender y sin mediar palabra, efectuarle varios disparos mortales, entre los que se cuenta uno en el cráneo para evitar la variable de la sobrevivencia.
Antes de escapar del lugar, en el caso que nos ocupa, los asesinos dejaron el cuerpo exánime de Lorenzo Altamirano junto una nota a los presumibles posibles destinatarios reales del crimen: Damián “Toro” Escobar, Leonardo Vinardi y Gerardo Gómez, a quienes le dijeron que “dejaran de sacar a los chicos del club para tirar tiros en Rosario”.
Los dos primeros mencionados estarían relacionados con una de las facciones de la banda de Los Monos y tendrían injerencia en la barra brava leprosa.
Si el sistema señalado se transforma en algo habitual, nos encontraríamos ante una alternativa que no había sido aplicada hasta el momento y que implica que para que el mensaje a enviar sea más claro de entender para los destinatarios, se agregará el cadáver, en la vía pública, de un inocente que tuvo la mala suerte de estar en el lugar determinado para ser designado el destinatario de un homicidio innecesario.
De esta manera, cada vez que un rosarino sale a la calle puede llegar a ser la víctima de una especie de ruleta rusa de delincuentes usados como correos de un capo o jefe máximo de una banda narco.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC siguen siendo fuertes en el mercado internacional de tráfico de drogas ilegales, aunque hay que aclarar que ello es sólo una línea de varias que componen su negocio.
Y a Rosario, desde esos grupos internacionales, como de tantos otros conocidos y desconocidos para los rosarinos de a pie, llegan remesas de drogas que implican operativos que intentan detener la continuación de su camino a destinos internacionales de Europa.
Y de esas remesas millonarias en dólares quedan kilos en Rosario, los que dan rédito al mercado del narcomenudeo que deja una estela de muertos.
Ya hemos explicado en varias columnas esto último, aunque el funcionariado provincial y local, dedicado al área que nos ocupa, no habría tomado en cuenta -en su justa medida-, advertencias de expertos que el crimen organizado santafesino puede llegar a expandirse a nivel nacional.
En una de las propuestas, para paliar el fenómeno, se hace referencia a la necesidad de contar con el apoyo de todos los sectores políticos responsables y un trabajo orientativo para erradicar a los actores corrompidos.
La ciudadanía ya ni siquiera tiene ganas de denunciar públicamente y si lo hacen, es en “voz baja” contra la clase política, algunos empresarios y contra lugares donde se vende la droga.
Uno de los jueces federales de Rosario siempre dice que hay tres niveles de participantes en el negocio: El trafi-adicto, el vendedor y el narcotraficante con mayúsculas.
Luego viene el nivel siguiente con los soldaditos, los kioscos, los bunkers y algún dealer que en los 70 vendía marihuana y cocaína entre los que tenían mucho dinero. A partir de la década del 80 la marihuana, a gran escala casi desapareció y repuntó la cocaína entre los que “tenían la mosca”, como se mencionaba a los que poseían el dinero suficiente para pagarse su vicio, ya que no se vendía a gran escala y según otro de los jueces federales: “en esa época nació el contubernio Policía provincial –droga y los periodistas de Rosario comenzaron a colocar la palabra marco-policía.
Vale recordar que en 1992 fue detenido el colombiano “Reda-Reda cuando fue detenido al intentar cambiar 10.000 dólares falsos en el Banco Nación de Rosario.
Frases típicas de los descorazonados
“La elite nunca se cae”, “Los presos son unos secos”, “La policía mueve partes del negocio como la droga, la prostitución y el juego”, “en la política hay mucha hipocresía”, “en Rosario queda mucha merca de paso”, “Es evidente que alguien recauda millones de dólares con los que se vende en la ciudad” y “la droga no respeta clase social…ni horario”. Algunos dichos son reales, otros medianamente realistas y otros no tienen fundamento, según en el barrio en que se dicen.
Un juez con excelente memoria
El juez federal Carlos Carrillo tiene una excelente memoria y es buen contador de historias. A un colega le relató sus recuerdos de los casos “Halford-Salerno”, que seguro desconocen los jóvenes rosarinos, pero que aquellos que cargan sobre sus omóplatos varios años de existencia recordarán.
En el “Caso Salerno” había una estructura familiar con códigos mafiosos y cuando murió el padre de la banda la misma comenzó a ser conducida por su hijo de 25 años.
En 1988 la justicia tomó conocimiento que del interior de la cárcel de Coronda se pedía telefónicamente “cotonina para tener y vender” e incluso se enteró que había políticos “arreglados”. Y ello habría generado otra causa judicial.
El asunto “Mamerto”
A Halford sus enemigos lo llamaban “Mamerto”. Sin embargo de Mamerto no tenía nada y sí había concretado en el tiempo grandes negocios, aunque era un charlatán que batía a los que estaban bajo su nivel en el negocio de las bandas. Lo hizo hasta con los brasileros que le traían la droga.
Ese fue su grave error, ya que cuando en ese mundo miserable te quedas sin plata, también te quedas con los que te prestan o te entregan a cuenta.
Las versiones que siempre están dando vueltas entre las malas lenguas salieron a flote y en el mundillo que analizamos se supo que los lugartenientes de Halford terminaron acomodados y que incluso, uno de ellos, trabajaba como ecónomo en la Unidad Regional III de Policía. Seguramente ello será negado. Es lo habitual en estos casos.
Una fuente me aseguró que “cuando parecía en el período Halford –Salerno, que había menos droga en la calle, era debido a que algunos policías se quedaban con parte del cargamento”. Si ello era cierto que ocurría, ya prescribió.
Chimento de la villa La Lata
Otro “chimentaje” que corría en la época a la que aludimos, hacía referencia a que los magistrados, que entendían en causas federales, habían recibido comentarios que puntualizaban la existencia de una casa de dos pisos, cuyo dueño era el hijo de un dirigente gremial de la nefasta época a la que nos venimos refiriendo.
Es más, se decía que la droga era escondida en los ranchitos que estaban ubicados en la misma villa. Los que vivían en La Lata y que no tenían que ver con el tema, no se explicaban como el área de Inteligencia de la policía presuntamente no lo sabía”.
Lo que sí admitió el juez Carrillo en una publicación vecinal es que “Obviamente hay operativos entregados, fruto de venganzas, pases de facturas para que otro se haga cargo de eliminar al enemigo”.
La jueza federal rosarina Laura Inés Cosidoy
El mismo juez admitió en su momento que “hay mucho dinero dando vueltas por reparticiones oficiales, tanto para las brigadas policiales como para organismos que dicen trabajar sobre el tema”. Por el tiempo transcurrido, sus dichos, sin el aporte de pruebas aunque fueran reales, también prescribieron.
Interviene Cosidoy
La jueza Laura Cosidoy fue la que investigó las dos grandes causas Halford-Salerno, de principios de los años 90. Ella demostró la existencia de conexiones políticas –recuerdo sus explosivas declaraciones en un programa nocturno de televisión en el canal 5 de Rosario. Si no recuerdo mal, tuvo que salir del canal con más custodia que con la que ingresó.
La magistrada –con unos ovarios monumentales-, como dicen los muchachos del tablón, demostró la existencia de conexiones políticas y un circuito que desde Brasil y Paraguay hacía base en nuestra Rosario y luego la cocaína se exportaba junto con marihuana. La indagación creció hasta que se detuvo imprevistamente cuando Cosidoy fue ascendida en un lapso de 24 horas. El ascenso ella lo esperaba desde hacía una década y media.
Todos los policías imputados fueron sobreseídos y un íntimo amigo del ex presidente Carlos Menem ni llegó a ser molestado. Todo esto transcurrió en la primera administración de Carlos Reutemann, época en la que al ex corredor internacional casi no se lo escuchaba hacer declaraciones públicas.
A pesar de la transparencia pedida por Reutemann, en menos de dos años que duró el trabajo de Cosidoy, como jueza federal, hubo más de 150 detenidos.
El tiempo pasa, los popes de la droga perduran
Como en el tiempo de Cosidoy, hoy por hoy sigue habiendo popes que distribuyen la droga porque se necesitan grandes sumas de dinero para traerla.
“Sé que no hay decisión política para combatir el narcotráfico en Santa Fe”, afirmaba la ex jueza federal, quien agregó: Sí puedo decir que mi actividad de jueza se acabó cuando en un determinado momento yo tenía las líneas apuntadas y no porque sí, sino por resultados indubitables de una investigación. Había personal involucrado, penitenciario, protagonistas del juego clandestino y las campañas políticas a full del oficialismo en ese momento”.
La magistrada también hizo saber que “había intercambio de cheques entre Bonfiglio, Salazar, Pepón Salerno y un señor Lelli, que había recibido un regalo: un reloj del presidente de la Nación, ya que sé que había aportado autos para la campaña política del oficialismo, en ese momento, en se ámbito. Fue allí que dejé de ser jueza para ascender”.
Situación crítica
Es evidente que la provincia de Santa Fe atraviesa una situación crítica en la que se amalgaman el narcotráfico con acciones del crimen organizado entre la que se destaca el sicariato en su más alto nivel de ejecución con impunidad en lo que concierne a los beneficiarios últimos.
Ello se explica por la complejidad de variables entre las que se destacan las debilidades institucionales y la incidencia de la corrupción transversal, a la que se suma un bajo nivel de profesionalización de las fuerzas de seguridad que no logran tomar control operacional en la ciudad y falta de control sobre, por ejemplo, la Hidrovía y el sostenimiento de la calidad de vida en la periferia urbana, donde un diputado provincial se ve en la necesidad de alertar a los sistemas de seguridad que una banda de narcotraficantes organiza fiestas populares para captar menores de 10 años como brazo logístico y por qué no de ejecución en lo atinente a la vigilancia de barrios en favor de los mismos como “alerta temprana”.
Todo esto demuestra que es esencial que se implemente una reestructuración legal y orgánica policial en Santa Fe. Y la reorganización del sistema de inteligencia criminal, a nivel provincial y federal. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política