Estos tiempos electorales son propicios para la reflexión. Hemos entrado en una espiral de enfrentamientos que termina transformando a los adversarios políticos en enemigos. La república democrática que fundaron los constituyentes de 1853 solo es factible sobre la base de la tolerancia y la confrontación pacífica y sincera de las distintas ideas. Del otro lado está el abismo
Estamos lanzados a un proceso de lenta decadencia económica, política y social. Admirados alguna vez por el mundo como los habitantes de una tierra de esperanzas, somos ahora observados –cuando alguien se interesa en nosotros-, en el mejor de los casos, con pena.
Revertir ese proceso será cuestión de décadas. Por eso mismo, cuanto antes comencemos a intentar seriamente recuperarnos, será mejor para todos.
El tema requeriría o admitiría un tratado de varios volúmenes. Este artículo solo pretende hacer algún pequeño aporte en algunos puntos de un campo acotado.
Juan Bautista Alberdi señaló alguna vez que las mejores leyes son las que perduran en el tiempo.
Lo afirmaba pensando que la estabilidad temporal hacía que fueran adentrándose en el conocimiento popular, y que ellas fueran enriquecidas por el aporte de la doctrina y la jurisprudencia.
Los Códigos Civil y de Comercio precisaban, quizás, algunas reformas, en muchos casos anticipadas por la jurisprudencia. Tenían coherencia y sirvieron al propósito que se tenía para dictarlos.
Pero la sanción del “Código Civil y Comercial de la Nación”, por la ley 26.994, al unificarlos haciéndolos desaparecer, ha provocado un verdadero terremoto jurídico, cuya magnitud no ha sido todavía advertida por muchos.
A ello debe sumarse el Digesto jurídico, sancionado con la intención de desbrozar la maraña legislativa, deslindando las leyes vigentes de las que han dejado de serlo, que ha modificado el número de las leyes y los correspondientes al articulado de muchas de ellas, a los cuales estábamos acostumbrados.
Para los abogados todo ello implica la obligación de volver a estudiar intensamente. Pero, en definitiva, es lo que quienes elegimos esa profesión debemos hacer siempre. El problema es el del pueblo en general. Y me parece que los autores del Código, los legisladores y el Poder Ejecutivo no lo han tenido en cuenta. Durante bastante tiempo los argentinos nos veremos obligados a manejarnos a tientas.
¿Era necesario? Creo firmemente que no. Y creo también que la sanción del código unificado es disvaliosa, porque generará inseguridad.
No nos olvidemos que el derecho se presume conocido por todos. Se trata de un principio que se basa en algo que no es cierto, pero resulta necesario.
Las mujeres y hombres que integran nuestra sociedad se manejan partiendo de la base de conocimientos adquiridos a través de sus vidas. Es un aprendizaje inconsciente. Si en forma repentina se cambia casi todo, la inseguridad resultará consecuencia inevitable.
A lo expuesto deben sumarse otras sustituciones legislativas que están intentado ser llevadas a cabo. No voy a referirme al rumor circulante acerca de la intención de sancionar una nueva Ley de Contrato de Trabajo, tenga o no forma de Código, porque carezco de información suficiente. Pero sí a la de reformar las leyes de seguros, cooperativas y mutuales.
Se sabe que desde la Superintendencia de Seguros de la Nación se está impulsando una nueva legislación en materia aseguradora. El contenido del anteproyecto ha sido mantenido en secreto hasta el presente. Solo circulan rumores.
Desde el INAES, por otra parte, se impulsa un proyecto de ley sobre cooperativas y mutuales que vendría a reemplazar a las leyes hasta hoy vigentes para cada una de esas entidades de la economía social.
La ley de cooperativas fue redactada por un comité de expertos en la materia, y es considerada una de las mejores de su tipo en América Latina. En el anteproyecto de ley sustitutiva se establece, por ejemplo, que cooperativas y mutuales podrían ser intervenidas por la Administración nacional, sin actuación judicial previa.
Esta oleada de reformas legislativas, realizadas o en vías de realización, no mejoran nada, sino que siembran inseguridad. Lo que pudieran tener de positivo era factible incorporarlo mediante reformas parciales, manteniendo las estructuras en torno a las cuales hemos venido desarrollando nuestras vidas.
La seguridad jurídica es mucho más importante que asignarse la paternidad de leyes sancionadas de apuro, o facilitar negocios editoriales y académicos.
A lo expuesto con respecto a ciertas reformas legislativas debe agregarse el problema que en el mundo jurídico plantean los enfrentamientos de los poderes del Estado. Podría enunciar muchos ejemplos, pero uno bastará por todos.
El Poder Judicial tiene por función esencial poner límites constitucionales a los otros dos poderes. Nadie discute eso en un Estado de derecho. Mientras que el Poder Ejecutivo se renueva, y también los integrantes del Poder Legislativo, el Poder Judicial se integra con jueces que gozan de estabilidad en sus cargos mientras dure su buena conducta.
Arremeter contra el Poder Judicial es hacerlo contra los principios mismos de la República. Así, al haber jueces designados por distintos gobiernos, se garantiza una mayor imparcialidad. Tener jueces que convaliden sistemáticamente lo que los otros Poderes hacen o desean, o no sean capaces de frenar lo ilegítimo o inconstitucional es, prácticamente, carecer de Poder Judicial.
Y no hay Estado de Derecho que carezca del mismo, con carácter independiente e imparcial.
A modo de ejemplo quiero referirme a la reciente embestida contra el Dr. Carlos Fayt, a la cual quiero referirme especialmente, a modo de ejemplo.
El Dr. Fayt es uno de los juristas más destacados del país. Autor de numerosos libros, ha dedicado toda su vida al Derecho Público. Como Ministro de la Corte Justicia de la Nación ha emitido votos que perdurarán en el reconocimiento colectivo por décadas.
Su trayectoria ha sido y es intachable. Tiene hoy 97 años y se trata de desplazarlo en razón de su avanzada edad, lo cual habilitaría, por sí solo, a pedir la intervención del INADI porque tal pretensión conlleva una práctica discriminatoria.
El Dr. Fayt, me consta, continúa en actividad. Hace poco prologó un Tratado de Derechos Humanos en ocho tomos, editado por Thomson Reuters, y continúa escribiendo.
Así como conozco al Dr. Fayt, tuve también el honor de conocer a la Dra. Alicia Moreau de Justo, quien, si la memoria no me falla, murió a los 102 años, habiendo mantenido intacta su capacidad intelectual, aún disminuida por los años su salud física.
Se trata de seres privilegiados biológicamente. Gente como ellos debe merecernos el mayor de los respetos. Es un honor para el país que sean argentinos.
No existe ningún objetivo político que pueda justificar éticamente perturbar a un hombre honorable, que por cierto no permanece en el ejercicio de su cargo por interés personal, ya que ha anunciado que renunciará el 10 de diciembre del corriente año.
Para ser ministro de la Corte lo que debe estar intacto es la capacidad de pensamiento. Y nadie que conozca a Carlos Fayt puede decir que la suya está afectada. Como en su momento no lo estuvo la de Alicia Moreau de Justo a su misma edad.
Pronuncié una conferencia sobre el pensamiento de Juan B. Justo, quien fuera su esposo. Ante mi sorpresa, ella se hizo presente para escucharla. Al finalizar, me saludo afectuosamente y me señaló de memoria cinco puntos en los que no estaba de acuerdo. Tenía las marcas físicas de la edad, pero la mente intacta.
El estado de constante crispación en que estamos envueltos no es bueno para nadie. Debemos retomar el diálogo constructivo. Debemos actuar con respeto frente al Derecho y la República, para no perder lo poco que nos queda. (Jackemate.com)
(*) lcarello@carellocorbella.com.ar