La Municipalidad rosarina no puede por orden de la Justicia subastar ni reducir vehículos, según se lo confirmó la doctora Viviana Cingolani, fiscal de los Tribunales provinciales, al concejal del bloque ‘Rosario Federal’, Diego Giuliano, durante una reunión que mantuvieron en el Concejo Municipal en torno de las investigaciones que se llevan adelante por los robos perpetrados en el Corralón municipal.
El eje fundamental de la conversación que tuvo la fiscal Cingolani con el edil Giuliano fue la diferencia entre los 54 reclamos de damnificados por los robos en el Corralón Municipal y las 11 denuncias que finalmente llegaron o terminaron en sede de la Justicia.
“La Justicia ha ordenado a la Municipalidad detener la subasta y compactación de vehículos dentro del corralón municipal”, destacó el edil a los periodistas que aguardaron el término del encuentro para hablar con Cingolani y Giuliano, quien enfatizó que “conseguimos que sea la propia Justicia la que detenga un procedimiento de compactación de 3.000 vehículos, que puede significar el desbaratamiento de pruebas o eliminación de rastros de hechos delictivos”.
Giuliano, de quien por estas horas se habla de su posible precandidatura a intendente de Rosario por el PJ reutemista local en las elecciones primarias, obligatorias y abiertas del 2011, recordó que esta orden judicial “la habíamos planteado ya el pasado 4 de octubre, pero lamentablemente el socialismo se opuso a parar la compactación”.
Por su parte, la fiscal aclaró que no hay imputados y que la Municipalidad no puede, por orden de la Justicia, subastar ni reducir vehículos.
Por ello, Giuliano precisó que “esta causa tiene que seguir el trámite ordinario y concentrar todos los sumarios y denuncias en un sólo juez, lo que significará una respuesta más concreta a los pedidos de los ciudadanos”.
Y agregó: “Estamos satisfechos porque lo que veníamos reclamando desde hace mucho tiempo en el Concejo Municipal, que era impedir el desbaratamiento de pruebas, ahora lo exige el propio Poder Judicial“.
El concejal dijo, además, que la fiscal proporcionó información sobre las once causas en trámite por robos o sustracciones perpetradas en el Corralón municipal, y luego afirmó que “nos resta investigar si ante cada reclamo, fue la propia Municipalidad la que cumplió con su deber de denunciar ante la justicia la probable comisión de delitos”.
Concluyó diciendo que “si no lo hubiera realizado, estaríamos frente a una omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes propios de los funcionarios públicos”. (Jackemate.com)