Por Ricardo Marconi (*)
La lucha contra el tráfico de estupefacientes implica el enfrentamiento de los sistemas de inteligencia de los Estados latinoamericanos y de los que asisten a las organizaciones clandestinas de tráfico internacional que, en muchas oportunidades se movilizan junto a las terroristas en un escenario de crisis casi permanente. Es válido hacer mención a que, en el marco de operaciones de seguridad de cada Estado, es importante considerar puntos en común.
Para la mayoría de los países latinoamericanos, las conclusiones siguientes, en el campo de la inteligencia, son consideradas básicas: La problemática de la inseguridad pública desde la visualización estatal es tratada sectorialmente y es por ello que los diagnósticos situacionales no serían elaborados sistémicamente y, en muchos casos, las políticas de seguridad no tienen el enfoque integral necesario para encarar el problema con anexión a lo global.
Justicia ineficaz
Para colmo, la justicia es vista como ineficaz por efecto de la escasez de recursos materiales, la falta de actualización de normas legales y la presunta corrupción existente, a lo que se suma que las fuerzas de seguridad no tienen la eficacia deseable por problemas de capacitación, falta suficiente de equipamiento y de entrenamiento, carencia de recursos y casos puntuales de corrupción que los medios de comunicación dan a conocer, aunque, vale subrayarlo, es también la justificación de la impericia y la falta de control interno, facilitando ello el accionar de elementos externos.
Para colmo, se nota cada vez más, en los sistemas carcelarios y penitenciarios, que adolecen de los mismos problemas de las fuerzas policiales y a ello hay que agregar que no disponen de la infraestructura y los procedimientos apropiados para la rehabilitación de los detenidos, aún a pesar del nivel de cooperación interestatal para contener adecuadamente el accionar trasnacional de organizaciones delictivas.
El déficit se nota más por la falta de medios tecnológicos y los recursos humanos suficientes para proveer las e estadísticas, los registros y las bases de datos sobre violencia y criminalidad apropiados para actividades preventivas, aunque cabe admitir que se ha crecido en ese sentido.
En la sociedad civil está instalada la cultura de la protección desproporcionada de los victimarios y delincuentes, en desmedro de la justicia que debe primar en sociedades democráticas.
Efecto devastador
Fuerzas de seguridad usan la tecnología y la informática para enfrentar la narco criminalidad
Hay un criterio social en la población argentina que señala que la corrupción y el crimen organizado penetró en todos los estamentos del Estado y esa circunstancia estaría ejerciendo un efecto devastador en instituciones y en el cuerpo social. La consecuencia primaria y directa de ello es que la gente se está acostumbrando a vivir bajo el imperio de la violencia y la delincuencia pública que desgasta principios y valores.
Es imprescindible que, al considerar claves para optimizar la seguridad pública, los Estados elaboren planes y programas específicos para enfrentar la inseguridad de manera integral, con la intervención plena de todos los sectores gubernamentales, comprendidos en la visión estratégica y relacionada con la cuestión que nos ocupa, junto a las instituciones comunitarias y el sector privado.
La seguridad pública, es obviamente una responsabilidad primaria del Estado, y es la ciudadanía la destinataria de ese elemento, a lo que debe agregarse, inexcusablemente, el respeto de los derechos humanos como piedra angular de la política pública. Las políticas de seguridad deben ejercer un efecto disuasivo o inhibitorio del delito y, finalmente, la inclusión social es un requisito esencial para contenerlo.
Bandas descontroladas
Se han hecho todo tipo de consideraciones respecto de la droga detectada en el puerto rosarino, tema que hemos detallado en nuestras columnas para contar una trama gris.
Pero vale aclarar que lo más grave de esa operatoria, para los rosarinos, es que en ese movimiento de tráfico y acopio hay, en el medio, una ostensible falta de control de parte del Ministerio de Seguridad de la Nación –territorio federal-, que permite que las bandas locales, antes desperdigadas, se potencien uniéndose. Hay preocupación por el crecimiento de dichas bandas, como pasó en Paraguay y Brasil, hasta el punto en que la más importante reciba la anexión de los componentes de las más pequeñas y que la primera decida aniquilar a las restantes.
Exacerbación metodológica
Las autoridades provinciales y locales de seguridad de Santa Fe estarían notando que habría crecido la llegada de la droga mediante la metodología de hacer sobrevolar avionetas cargadas de cocaína y marihuana sobre campos cercanos a Rosario, en los que se arroja la misma, debido a la falta de controles.
Luego de ser recogida, la droga ingresaría a nuestra ciudad y se acopiaría para luego distribuirla. Ello habría provocado el enfrentamiento entre gavillas, generando una mini guerra doméstica entre las bandas para apoderarse de esa droga, alimentando de esa manera las cifras de homicidios por el manejo de millones de dólares.
En Brasil se intentó terminar con el mismo tipo de mecanismo con operativos del Ejército, pero dicha fuerza armada no logró su objetivo de terminar con esa matriz para vender droga.
La utilización de inteligencia artificial
En estas columnas anticipamos –cuando realizábamos análisis de la guerra en Afganistán, que Estados Unidos en su cárcel para terroristas utilizó la inteligencia artificial, entre otros usos, para identificar a los detenidos, no sólo por su rostro y antecedentes, sino hasta por su forma de caminar.
Los drones recibían, antes de bombardear sectores puntuales en el territorio afgano, datos de los terroristas aún libres, para precisar identidades por la acumulación de las informaciones que recibían, reduciendo de esa manera, la probabilidad de error.
La IA en Rosario
La inteligencia artificial puede llegar a precisar –o predecir-, por el cruzamiento de datos, cuanto tiempo demora una persona para movilizarse caminando en nuestra ciudad de un punto a otro, con el apoyo de cámaras, pudiendo hacer lo propio con los vehículos.
La defensa que tienen los que pueden ser vigilados, es determinar los “puntos ciegos” de las cámaras para escapar al control de sus movimientos. Y esa circunstancia puede haber ocurrido, a la altura de San Lorenzo y Oroño, con el individuo que caminando llegó en horas de la madrugada, al frente de las dependencias del Tribunal Federal local, efectuar un par de disparos con su arma de fuego y retirarse también de la misma manera. A pesar de lo indicado, no todo es color de rosa para los que utilizan la IA, ya que los delincuentes también la utilizan.
Al parecer, los cuatro custodios nocturnos de la dependencia federal, no habrían escuchado los disparos porque habían estado “descansando” y habrían sido advertidos del ataque por parte de los que tenían que reemplazarlos en la mañana y por los empleados judiciales que se atemorizaron al ingresar a sus labores al detectar restos de los vidrios de la cabina de los “guardias”. Quizás, tal vez, se produzcan sanciones laborales.
Preocupación
El Departamento de Estado norteamericano se está incrementando sustancialmente la preocupación por poco avance de la lucha contra el narco en nuestro país y por el lavado de dinero y el episodio de los Tribunales Federales habría encendido, en este sentido, una luz roja, fundamentalmente en el área de la Triple Frontera, en la que se mueven miles de millones de dólares por la multiplicidad de los delitos relacionados con el contrabando y lavado de dinero que –según la CIA-, serviría para presunto alimento económico de Hezboallah.
La caída de “Don Lucho”
Uno de los que más fue investigado por EE.UU. ha sido hace una década “Don Lucho”, quien, en setiembre de 2012, en Venezuela, logró lavar 1,5 billones de dólares, producto del narcotráfico, estableciendo un récord a nivel mundial. “Lucho” terminó por entregarse a la DEA, pero terminó asesinado.
El manejo público del temor
Sobrevuela en nuestro medio, según el criterio de analistas del accionar criminal local, un clima de temor cada día más pronunciado entre los comerciantes y empresarios de Rosario, ya que el número de balaceras y homicidios superan todos los cálculos probables, a la vez que hasta en los medios radiales y televisivos se apuntan cifras difíciles de admitir cuando se indica que los extorsionadores llegan a pretender cobrar hasta 250.000 pesos semanales para “dejar trabajar tranquilos” a los extorsionados.
Esta circunstancia obligó a negocios y comerciantes menores a cerrar sus operaciones y mudarse a otra provincia. Se maneja en comentarios suburbanos que en el negocio local de la cocaína se moverían 100 millones de dólares, equivalentes a varios presupuestos del intendente y el que más tallaría en el ramo sería un joven que se hace llamar “Pablo Escobar”.
El acopio de droga, que resulta ser el sobrante de lo que se exportaría, estaría incrementándose en Rosario y los especialistas en el tema, en voz baja, se distribuye localmente por medio de grupos criminales que anteriormente no tendrían contacto aceitados con bandas externas y ello produce enfrentamientos para quedarse con el tesoro local de la cocaína. Eso ya pasó en Paraguay y en otros países latinoamericanos.
En esos mismos medios de comunicación a los que hicimos mención, en la última semana, dieron a conocer escuchas de un exfuncionario provincial del área de seguridad, que estaría cobrando un sueldo de 850.000 pesos.
Y los que pagan las extorsiones, comentarían a quienes quieran escucharlos, que los “recaudadores”, no llegan a los 15 años., y que cada viernes se llevan de los búnkers millones de pesos de baja denominación para presuntamente ser lavados en financieras.
Ya nos olvidamos de la efedrina
Ya dejó de ser título de páginas periodísticas en Argentina el tema del tráfico de efedrina, pero en realidad se ha empezado a hablar soterradamente de la cuestión. Pasamos de importar 20 kilos anuales de efedrina a 2 toneladas anuales en 2007, las que se habrían lavado en negocios inmobiliarios, de salud y empresariales. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política