El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá expresarse si el pacto y los compromisos adquiridos tras la firma del histórico acuerdo entre la UE y el Mercosur, ocurrida el pasado sábado en Asunción, capital del Paraguay, pero que fuera frenado la aprobación por la Eurocámara, con sede en Estrasburgo, al noroeste de Francia. Esta decisión puede tardar meses y hasta años, como ha sucedido en otras cuestiones planteadas.
El Parlamento Europeo frenó la aprobación del acuerdo comercial UE-Mercosur y la suspensión se produce tras una ajustada votación, celebrada este miércoles en la Eurocámara, por la que se ha decidido remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como había solicitado un grupo de izquierda minoritaria.
Si bien no configura una paralización total —incluso desde dentro de la Eurocámara se han producido rápidamente llamamientos a que se proceda a una aplicación provisional—, el éxito de la maniobra parlamentaria supone una muestra más de los múltiples obstáculos que afronta aún el acuerdo que busca crear la mayor zona comercial del mundo y que se ha tardado en cerrar más de un cuarto de siglo.
Con esta iniciativa, la Justicia europea deberá pronunciarse sobre si el pacto y los compromisos adquiridos con los socios latinoamericanos se ajustan al derecho comunitario, y el freno supone también un varapalo político.
Sobre todo en momentos en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que llegaba a Davos mientras en Estrasburgo se realizaba la votación, ha lanzado una nueva retahíla de amenazas arancelarias contra países europeos y, con sus ansias sobre Groenlandia, pone en juego también la soberanía e integridad territorial del Viejo Continente.
El canciller alemán, Friedrich Merz, uno de los máximos impulsores del acuerdo, afirmó que “la decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica” y reclamó terminar con las demoras para poner en marcha el acuerdo que involucra a 720 millones de personas, con un PBI mundial que alcanza al 20 por ciento.
El enfado de Merz tiene una explicación: Según los cálculos del Centro Europeo para la Política Económica Internacional (ECIPE), los retrasos en la aplicación del pacto cuestan miles de millones de euros en exportaciones.
En los cinco años que han pasado entre la firma del primer principio de acuerdo y el segundo, el coste habría sido de unos 183.000 millones, a razón de 3.000 millones al mes. Una actualización de esa cifra eleva el coste a 280.000 si tardara tres años más en entrar en vigor.
El coste económico de la decisión es otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno español para criticar la moción aprobada en el Parlamento.
“El acuerdo suprime más del 90% de aranceles a las exportaciones europeas, lo que ahorrará a las empresas europeas más de 4.000 millones de euros anuales en aranceles. Cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores”, indican fuentes del Ministerio de Economía.
“La entrada en vigor del acuerdo supondría un impulso significativo para nuestras empresas, con más oportunidades de exportación, reducción de barreras y un impacto económico positivo”, insiste el departamento que dirige Carlos Cuerpo.
Manifestaciones contra del acuerdo hubo en distintas partes de Europa
Francia, el país más opuesto por razones sobre todo políticas a un pacto que lleva años provocando duras protestas agrícolas, calificó, por el contrario, como “coherente” la decisión legislativa.
Miles de agricultores franceses llevan protestando desde el martes pasado ante la sede en Estrasburgo del Parlamento Europeo donde se ha celebrado el pleno que ha frenado el acuerdo, con el voto masivo de legisladores franceses de todo signo político.
“Francia asume decir no cuando es necesario y, a menudo, la historia le da la razón”, aseguró el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.
La votación en la Eurocámara fue más alineada con el país de origen de los eurodiputados que con su afiliación política. De hecho, aunque la línea marcada por los grandes grupos —sobre todo el Partido Popular Europeo (PPE) y los Socialistas y Demócratas (S&D)— era la de votar en contra de la moción para continuar el proceso de aprobación del acuerdo, ambas formaciones asumían —y han sufrido— cuantiosos votos rebeldes: eurodiputados franceses y polacos (también muy opuestos al pacto) de ambos partidos, entre otros, se han desmarcado y han apoyado la moción que congela el pacto pese a que el presidente del PPE, Manfred Weber, había llegado a llamar al pacto comercial el “acuerdo anti-Trump”, una “herramienta geopolítica fundamental” para una Europa, dijo la víspera, que debe demostrar que “el enfoque basado en normas sigue siendo posible en Europa”. Su par de S&D, la española Iratxe García, también había advertido de que sería “irresponsable” frenar el acuerdo enviándolo al TJUE.
Ninguno de los eurodiputados españoles socialistas ni del PP apoyaron la moción de la izquierda minoritaria (tampoco la única liberal de Renew), que sí ha recibido el apoyo de los legisladores ultras de Vox y de los afiliados con La Izquierda y los Verdes, impulsores principales de la iniciativa para llevar el acuerdo al TJUE. Esta ha logrado salir adelante con un resultado sumamente ajustado: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
El voto ha descolocado también a los máximos representantes de las instituciones europeas que se han implicado personalmente —y siguen haciéndolo— para lograr que el acuerdo avance en el Parlamento Europeo.
Según lo acordado por esta votación, la base jurídica del acuerdo de asociación UE-Mercosur (EMPA, en inglés) y del acuerdo comercial provisional (iTA, en inglés) será ahora objeto de evaluación por la Corte. Esta puede tardar años en resolver los requerimientos. De hecho, señalan fuentes del tribunal europeo, las tres últimas demandas han tardado 16, 26 y 19 meses de media en resolverse.
La Comisión Europea ha “lamentado” la votación, tanto por el impacto interno como por la imagen que proyecta. La decisión se produce “en un momento en el que los productores y exportadores de la UE necesitan urgentemente acceder a nuevos mercados, y en el que la UE debe cumplir su agenda de diversificación y demostrar que sigue siendo un socio comercial fiable y predecible”, ha advertido un portavoz comunitario, según el cual Bruselas debe analizar ahora los próximos pasos.
“La Comisión consultará ahora con el Consejo y los diputados al Parlamento Europeo antes de decidir los próximos pasos a seguir”, ha señalado al respecto.
Desde Estrasburgo, la número dos de la Comisión Europea, la vicepresidenta Teresa Ribera, ha dejado entrever que el Ejecutivo comunitario va a movilizarse rápido para evitar que esta iniciativa parlamentaria paralice del todo la entrada en vigor del gran acuerdo comercial.
En declaraciones a un grupo de periodistas, Ribera ha indicado que la moción constituye “un planteamiento legítimo que hay que respetar”, pero ha recordado que la mayoría ha sido “muy ajustada” y que no impide que se analicen “en paralelo” posibles vías para “trabajar por la aplicación provisional de un tratado importante que, políticamente, no podemos retrasar por mucho tiempo”.
Por ello, la vicepresidenta anticipa que la Comisión, “en el marco de sus competencias” va a tratar de buscar una fórmula “para que esto no suponga un retraso”.
Es también la opinión del profesor de Derecho de la UE Alberto Alemanno. “No nos equivoquemos: el voto del Parlamento Europeo a favor de remitir el Mercosur al TJUE para que emita un dictamen jurídico no equivale a un voto negativo ni detiene su aplicación provisional”, ha señalado en X. Por el contrario, ha indicado, “esta solicitud puede aumentar las posibilidades de ver la aplicación provisional”. (El País/Jackemate.com)