Un interesante proyecto de ley (pero seguramente será polémico por su implicancia social y política) tendiente a prohibir la instalación y funcionamiento de locales popularmente conocidos como whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, ‘boites’ y de alterne, así como cualquier otro de denominación analógica, presentó ante la Cámara de Diputados de Santa Fe la legisladora rosarina del bloque Solidaridad e Igualdad (SI), Alicia Gutiérrez
La iniciativa de la diputada integrante del Frente Progresista Cívico y Social cuenta con el acompañamiento de su par Inés Bertero (bloque del PS) y tiende a la erradicación de establecimientos que faciliten “la explotación sexual y el proxenetismo” y la enmarcó en una campaña de lucha contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena, cuestiones que están penadas por la ley nacional 26.364 y tipificados por el Código Penal.
El artículo quinto del proyecto determina sin perjuicio de las penalidades previstas en otros ordenamientos normativos sobre la materia y la clausura total y definitiva del establecimiento, que serán sancionados “con arresto de hasta sesenta días”, quienes violen la prohibición dispuesta en todo el territorio de Santa Fe, la instalación y funcionamiento de este tipo de locales.
Agrega que la misma sanción será aplicada “a quien regentee, sostenga, promocione, dé publicidad y/o administre los locales descriptos ut supra”.
En tanto, en su artículo séptimo se invita a los municipios y comunas a adherir a las disposiciones de la presente ley y, en especial, a derogar las respectivas normativas municipales y/o comunales que infrinjan las presentes disposiciones.
Esto es considerado importante por la legisladora porque “cada comunidad deberá tomar a su cargo la responsabilidad de controlar la legislación que avale este tipo de prácticas de explotación en su jurisdicción”.
En cuanto a los fundamentos, el proyecto de Gutiérrez hace referencia a que nuestro país es “abolicionista” y la llamada Ley Palacios, sancionada en 1913, fue la “primera normativa” en todo el continente americano destinado a proteger a las víctimas de la explotación sexual, combatiendo el flagelo y penalizando a los responsables.
Por otra parte, la legisladora del SI sostiene en su proyecto que “no consideramos a la prostitución como un trabajo” porque “no hay elecciones para las mujeres que, día a día, entregan sus cuerpos a cambio de un dinero, cuya mayor parte va al explotador, que es el sostenedor de un sistema que trafica, explota y comercializa cuerpos de mujeres y niñas en su mayor parte”.
Por ello, Gutiérrez destaca que se trata de “un sistema basado en la oferta y la demanda más cruel del capitalismo actual” y “nuestra mirada es desde un análisis con perspectiva de género y derechos humanos”.
Añade, en otro párrafo de su proyecto, que “lo más difícil aún es visibilizar la línea entre la prostitución y el abuso sexual infantil y la corrupción de menores, ejemplos en nuestra provincia sobran”.
Y agrega al respeto que “a menor edad de las víctimas, mayores ganancias de los explotadores. Y lo peor, el ‘usuario-abusador’ de niñas y niños no es señalado como un corruptor”.
El proyecto, finalmente, también enfatiza que “no debemos criminalizar a las personas en situación de prostitución” porque “lo que consideramos un delito, y así lo establecen nuestras leyes, es la explotación y el sometimiento de los cuerpos de niños, niñas y mujeres en situaciones vulnerables”. (Jackemate.com)