Por Ricardo Marconi (*)
En la primera parte del informe que nos ocupa, Básima Patricia Elías Nader, quien había evitado, en principio, un escándalo de corrupción internacional, terminó siendo condenada a 10 años y seis meses de prisión por transportar y custodiar dineros, así como lavado de activos, relacionados con los sobornos pagados por la empresa Odebrecht.
El juez de la Corte Suprema de Brasil Antonio Díaz Tufoli, dispuso “la nulidad absoluta” de los actos judiciales sobre el ex congresista Bernardo Miguel Elías Vidal pero evaluó que seguía firme su acuerdo de culpabilidad sobre funcionarios que participaron del Lava Jato que igualaron el debido proceso, con el fin de garantizar sus objetivos personales y políticos”.
Emilio Lozuna, en 2020, fue aprehendido por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y crimen organizado. A raíz de su arresto señaló como autores de los delitos -que se le imputaron-, a diversas figuras políticas. Por ello recibió apoyo fiscal y se lo calificó de testigo protegido del gobierno federal mexicano.
El 9 de junio de 2017, vale recordarlo, Clarín hizo mención en una nota firmada, a que la Casa Rosada tenía en su poder catos tales como nombres de ex funcionarios que habían recibido coimas de la constructora Odebrecht, así como datos de los operadores que habían participado en los pagos.
Las informaciones las habrían suministrado contactos de autoridades judiciales de Brasil y EE.UU. y otros se habrían obtenido de los registros de obras públicas que posee el Estado, consecuencia de reuniones privadas en ministerios mantenidas entre directivos de la empresa y ex funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner.
Vale recordar que Marcelo Odebrecht admitió datos sobre el destino de los sobornos en juzgados internacionales y Ricardo Vieria luego confirmó como nuevo CEO en conversaciones secretas en las que admitió cifras superiores a 35 millones de dólares, demostradas-según trascendió-por documentación.
En una nómina de investigados, elaborada –dicen diversas fuentes-, por Elisa Carrió estaban Julio De Vido, el ex secretario Roberto Baratta y el ex segundo de la entonces AFI, José María Olazagasti, aunque transcendió que también habría cobrado José López, ex secretario de Obras Públicas, así como el ya nombrado Ricardo Jaime y su operador de negocios Manuel V., quien hasta llegó a efectuar reclamos por correo electrónico a la constructora.
Las versiones, en su momento insistentes, decían que colaboradores de Mauricio Macri habría tenido en sus manos datos de lo enunciado, peo no documentos, por lo que no podía hacer denuncias a la justicia. También la ex funcionaria Gil Carbó cayó presa de comentarios que señalaban su decisión de enviar a funcionarios a Brasilia, presuntamente para trabar informes.
De manera informal fue mencionado a un “cuevero”, que habría involucrado a un funcionario de la AFI, pero luego se conoció que el juez federal Sebastián Casanello concluyó que esa declaración “no tenía validez”.
Fiscales de 11 países decidieron coordinar estrategias de investigación, junto a un grupo regional de periodistas en el que participó Argentina, comprobándose el pago de coimas entre 2006 y 2014 por parte de la empresa que nos ocupa.
El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) recibió la admisión del ejecutivo brasileño Hilberto Mascarenhas, que pertenecía al “Departamento de Sobornos” de Odebrecht. La confesión fue hecha ante el juez Hernán Benjamin quien inició una causa por presunto abuso de poder político y económico. En el marco de la fórmula Rousseff-Temer, aunque –vale aclararlo-, la primera había sido destituida.
Es más, el TSE había tomado otras declaraciones a ejecutivos de la empresa que llegaron a un acuerdo con la justicia para dar datos sobre pagos ilegales, a cambio de la reducción de condenas. La empresa declaró a través de 77 arrepentidos.
El 60 por ciento de los millones en coimas fueron destinados a las campañas políticas de Brasil, y el resto terminaron en Angola, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Argentina y Venezuela. El dinero estaba guardado en cajas de seguridad de la República Dominicana, siendo utilizado 60 millones, en 2006; 80 millones de dólares en 2007; 120 en2008; en 2009, 260 millones y en 2009, 260 millones. Otras cifras fueron retiradas en 2010, 2011, 2012 (en dos oportunidades); 2013 y 2014. En estos dos últimos años las coimas alcanzaron a los 750 y 450 millones de dólares, respectivamente.
Tsunami Odebrecht
Hay que indicar que Temer también solicitó “contribuciones” para su campaña (5 millones) y la donación quedó registrada. Unos 200 políticos fueron citados a prestar declaración como “arrepentidos”, ya que fueron beneficiarios de sobornos del que fue denominado “Tsunami Odebrecht”.
Facturas
Algunos “pentitos”, o sea arrepentidos en el argot mafioso habrían admitido la confección de 5000 facturas confeccionadas para el libro Ventas de Odebrecht por un monto cercano a los 100 millones de dólares de los cuales 35 pertenecerían a cuentas de 42 personas involucradas.
Finalmente hay que mencionar que se investigó una caja chica de 503 millones de dólares, pero no pudo detectarse el origen de la cuenta y hasta en Bariloche se estableció que estaba prevista la construcción de un barrio con dineros ilegales, pero la maniobra no se habría concretado. Versiones, que se dicen. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política