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Por Ricardo Marconi (*)

SEGUNDA PARTE

 

Ya casi nadie desconoce que hay un enfrentamiento soterrado entre los agentes  de inteligencia  que pertenecen a distintos organismos de las fuerzas armadas. Incluso se llegó al punto que sus peleas internas se publicaron en la WEB, donde se ventilaban intimidades de sus autoridades, las que se actualizaban semanalmente.

Los agentes de inteligencia actuales ya no se visten con traje y corbata como los míticos “hombres de negro”. Ahora lo hacen con un estilo más “casual” y hasta se planeó, en su momento, la generación de una página WEB oficial,  muy parecida a la de la CIA, de la que está Argentina operativamente a siglos de distancia.

Argentina no posee una ley que  permita desclasificar los secretos. Tampoco hay obligación  de guardar todos los datos que se van obteniendo, por lo que la Agencia Federal de Inteligencia fue uno de los “servicios” más oscuros a nivel planetario.

La formación de los organismos de inteligencia dependieron del Ministerio de Seguridad  y en los últimos años  sobrevoló sobre el área el comentario subterráneo de que  hubo y hay  una carencia de controles suficientes. Incluso se ha hecho referencia  a las pobres facultades del Ejecutivo  para acceder a materiales clasificados con la autorización del director de la AFI.

La ponencia Ugarte

Hace dos décadas, en Miami, Estados Unidos, el especialista José Manuel Ugarte presentó la ponencia denominada “Sistema de Inteligencia Nacional Argentino, que las malas lenguas  dijeron era contrapuesto a otro plan reciente, pero sobre la cuestión no se conocieron otros detalles.

Sí hay que señalar que ya hubo reformas de la normativa de inteligencia que nos ocupa, mediante las leyes 25520 y 27126. Sobre esta última vale acotar que se agregó la facultad  relacionada con la producción de la inteligencia criminal, con medios propios para la obtención y reunión de información, sobre delitos federales complejos de narcotráfico, terrorismo y de trata de personas, así como de tráfico de armas, ciberdelitos, delitos contra el orden económico y el orden público, junto a las  constitucionales.

Ugarte ha consignado en uno de sus trabajos publicados que “en nuestro país se asignaron funciones de inteligencia criminal  para ser dedicadas a la inteligencia política”.

Algunas revelaciones del caso Nisman

Debido a profundas falencias, hay cuestiones que perduran en el tiempo sin resolverse debidamente y en el campo del espionaje ocupan ellas un gran porcentaje. Un ejemplo ha sido el caso de un agente de inteligencia “perdido”, como lo calificó el periodista Héctor Gambini en una de sus columnas.

Un ejemplo fue el agente  sin dueño  calificado de “inorgánico” –cobraba en negro y no figuraba en las planillas  oficiales- ya que recibía su “sueldo” mediante los “fondos reservados de inteligencia”, y decía responder a un jefe  que no quiso reconocerlo y, además, lo denunció por ser un falso espía[1].

Eso derivó en que el agente se perdiera en una espesa neblina  y con él el caso del Pacto con Irán, donde hasta esa fecha seguía  imputado junto a Cristina Kirchner y otros dirigentes  del kirchnerismo de armar una trama  para encubrir a los iraníes que volaron la AMIA en 1994, dejando tras de sí una estela de 85 muertos de los que se responsabiliza a Irán.

En la causa del inorgánico fantasma, la Cámara de Casación debe confirmar o rechazar el sobreseimiento que dictó sobre ellos  el Tribunal Oral Federal 8. El espía fantasma no era otro que Ramón  Allan Bogado que de esa manera regresaría de entre las sombras en las que vivió  para ser defendido legalmente. Sobre  Bogado nos ocuparemos puntualmente con más detalle en otra columna.

Sí podemos adelantar sobre ese sombrío personaje que los comentarios “en voz baja” que se escuchan hacen mención a que Bogado  se movía amparado por un sector interno de la ex SIDE  en el momento en que fue descubierto el cuerpo sin vida del exfiscal Nisman. Ese subsector habría estado al mando del director de Reunión Interior, Fernando Pocino.

Bogado admitió  ser dependiente de Antonio Stiuso, que estaba enfrentado con Pocino. Stiuso fue echado por la exvicepresidenta en diciembre de 2014, justo un mes antes de que fuera hallado el cuerpo exánime de Nisman.

Stiuso negó que Bogado fuera su jefe y lo denunció a Bogado por tráfico de influencias. Las indagaciones judiciales permitieron  procesar  a otros doce imputados y fue entonces que surgió como rescatista de Bogado otro espía de la SIDE, con más de tres décadas de carrera en el área de inteligencia.

Pudo saberse de manera no oficial que “el rescatista” compartió, durante siete años, su estudio jurídico con el ultra K Juan Martín Mena, también denunciado por Nisman en la cuestión del pacto. Mena – fue jefe del agente en la ex SIDE.

Conocida la muerte de Nisman, explotaron las comunicaciones en los celulares, protagonizadas por los espías, entre ellos también figuraría  el que era en esos momentos jefe de custodia de Oscar Parrilli.

En el terreno de especulaciones y versiones periodísticas de Página 12, se  publicó que tras un intercambio de información con  el gobierno israelí,  el mismo día del atentado a la AMIA, se convino  la acusación contra Irán en base a “supuestos datos de inteligencia”, de manera que cuando se concretaron encuentros entre un funcionario de la SIDE y el agregado cultural de Irán Moshen Rabbani, este último  ya era considerado el organizador del ataque contra la mutual judía.

En diciembre de 2014 se mencionaron las posibilidades de que ocurrieran modificaciones internas de personal que podían precipitar una lucha  intestina entre el gobierno y los espías  que se presumían  desplazados.

Entonces, con Cristina K. en el poder,  se vio obligada a tomar  una medida más que necesaria: despedir a Héctor Icazurriaga y a su segundo Francisco Larcher, de quien se decía que era el verdadero controlante del organismo. Ambos no habían querido, aparecer, como los que le  pedían la renuncia a Stiuso y optaron por dejar que Parrili y Juan Martín Mena se hicieran cargo del servicio para que tomaran la medida.

Trascendidos sobre la Justicia Federal de Argentina

Por esa época el rumor más importante sobrevolaba, a baja altura, la sociedad: Se decía que la justicia federal se manipulaba en  función de las necesidades de la antigua SIDE. El ya fallecido Néstor Kirchner pretendía, al parecer, utilizar a la Inteligencia argentina para “perseguir a los adversarios políticos y proteger a los amigos”, según la Nación.

Es más, era “vox populi” que el empresario y político Francisco de Narváez, en la campaña de 2009, habría soportado  que  Kirchner leyera sus correos electrónicos durante una conferencia de prensa con el objetivo de acercarlo a una causa por narcotráfico que investigaba el destituido juez  Fagionato Márquez.

Los correos, según se publicaron en un medio capitalino –por dichos de un capitoste de los espías-, eran “asimilados” mientras el expresidente fallecido,  dormitaba la siesta.

Las informaciones –dicen las lenguas viperinas-,  que se publicaban  en determinados medios de comunicación, eran elaboradas  por un director de Análisis de la Secretaría de Inteligencia, quien luego fue desplazado junto a Stiuso.

Otro enlace con los medios que se murmuraba con el nombre de Fernando, se hizo conocido cuando Sergio Schoklender   habría dicho que lo recibió para negociar la investigación del caso “Sueños Compartidos”.

Tras cuatro paredes y una puerta  las tensiones con el SI se hicieron más agudas  cuando la expresidenta Cristina Kirchner y el espionaje se hicieron menos manejables. Los argentinos recordarán que Cristina  encomendó a César Milani tares domésticas de espionaje con un altísimo presupuesto. La reducción del cerco judicial desató un quiebre  entre la Casa Rosada y el espionaje.

Los argentinos recordarán  que Cristina se sentía engañada por el  SI que –al parecer- emitía información no exacta  y también –se escuchaba-, que los movimientos económicos no salían a la luz por filtraciones  del mismo Servicio que en esa época manejaría Stiuso.

El lapso que nos toca comentar era uno en el que se decía con insistencia que el Ejército hacía inteligencia interna descaradamente. Llegó a tanto el poder de Stiuso, que habría utilizado  una nota que se le hizo para transmitir a sus superiores sus apreciaciones personales  sobre cómo manejar operativamente la inteligencia nacional.

El descubrimiento de reuniones secretas

Los datos de las pruebas de las reuniones  entre la SIDE y los iraníes fueron adelantados por el periodista de Télam Ariel Zak en noviembre de 2016.[2]

En noviembre de 2016 el periodista Ariel Zak dio cuenta de reuniones  entre la exSIDE y los iraníes. Integrantes del Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental, convocados por los fiscales de la Unidad AMIA –Roberto Salum, Leonardo Filippini y Santiago Eyherabide, hallaron informes sobre dichas reuniones, de las que habrían participado Rabbani, y  Anchezar.

Asimismo, se  encontró documentación  entre el Nº2 de la SIDE y los encargados de negocios de Irán. La documentación habría sido conocida por Héctor Horacio Stiuso.

Teherán hacía importaciones desde Argentina por 500 millones de dólares. A cambio pedía que se solucionaran las acusaciones  por el atentado, aunque esa palabra no figuraba entre los que se reunían.

El exsubsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchezar, participante  de los diálogos, inquirido por la prensa terminó por apuntar que “los encargados de negocios de Irán hablaban mal de  Moshen Rabbani”, de lo que se desprendía que había entre ellos una “interna”.

En la página Fiscales .gob.ar se publicó que “En una sala de audiencias sin público, declararon y contestaron preguntas en el juicio por la desviación de la investigación y el encubrimiento del atentado en 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), el ex subsecretario de la SIDE Juan Carlos Anchézar y el ex agente Patricio Finnen. El Tribunal Oral Federal n°2 ordenó por la mañana que se desaloje el recinto en virtud de los cargos que ambos imputados ejercieron y los términos del relevamiento de su deber de guardar secreto y el acceso a información sensible por parte de terceros”.

Más  adelante se apunta: “Al ex segundo en la SIDE se lo acusa de haber participado en las maniobras de encubrimiento, con el fin de abortar las investigaciones sobre la denominada “pista Kanoore Edul”, a pocos días de cometido el ataque. Los delitos que se le imputan son encubrimiento, por el cese de la intervención a líneas telefónicas de los Edul, y falsedad ideológica, por consignar falsamente circunstancias relativas a dichas escuchas.

Finnen, por su parte, llegó a la instancia de juicio oral imputado en calidad de partícipe necesario del delito de peculado, por su presunta participación y transporte del dinero entregado a Carlos Telleldín a cambio de introducir la falsa imputación de los policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Irineo Leal, Raúl Edilio Ibarra y Mario Norberto Bareiro, además de la disposición de los operativos para su “entrega controlada”, durante la ampliación de su declaración indagatoria del 5 de julio de 1996 y en octubre de aquél año.

La pista policial apócrifa refería que Telleldín tenía una deuda con la fuerza de seguridad provincial y que para saldarla le exigían la entrega de automotores, entre ellos la camioneta Traffic utilizada en el atentado”.

Se agrega luego “En la audiencia estuvieron presentes los cotitulares de la Unidad Fiscal AMIA Sabrina Namer y Roberto Salum, junto a los fiscales ad-hoc Fernando Comparato y Miguel Yivoff. Respecto a las declaraciones de Telleldín y su abogado Víctor Stinfale, que estaban previstas para hoy, se llevarían a cabo durante la semana próxima”.

Varios documentos fueron entregados oficialmente en el juicio oral por encubrimiento. En ese proceso fueron acusados el expresidente Carlos Menem, la cúpula  y varios agentes de la SIDE de los años 90, el exjuez Juan José Galeano, los exfiscales, el extitular de la DAIA Rubén Beraja, el exjefe de la Policía Federal Jorge “El fino” Palacios y el principal imputado en ese entonces  y hoy abogado Carlos Telledín.

Todos ellos fueron imputados por Nisman, quien había señalado que  plantaron pistas  falsas pagándole 400.000 dólares a Telledían y “frustrando allanamientos de un sospechoso ligado a la familia Menem”.

Desclasificación

La documentación de la SIDE relacionada con la AMIA está desclasificada desde el 2006, pero Nisman derivó –como indicamos- esa documentación en manos de Stiuso, en diciembre de 2014.

Vale apuntar que también  fueron rescatadas de un depósito de 250 metros cuadrados de la SIDE desgravaciones de encuentros secretos entre la SIDE y los representantes de Irán, así como pruebas de seguimientos y escuchas a los abogados de la causa.

Medias contra el encubrimiento

El gobierno de Mauricio Macri, dispuso tres medidas relacionadas con el encubrimiento del atentado:

  • Puso bajo su control la documentación que estaba en la SIDE.
  • Retiró del juicio a dos abogados debido a que estaban “muy activos” contra Menem y Baraja, por lo que los letrados renunciaron, ya que, además, se les pidió que dejaran de entrevistarse con familiares de las víctimas.
  • Se presentó el proyecto de ley de juicio en ausencia que, se entendió como una jugada para cerrar el caso AMIA.
  • Wikileaks filtró cables en los que se verificaba que el gobierno estadounidense le insistía a Nisman  que dejara la cuestión del encubrimiento y se dedicara a condenar a Irán.
  • Wikileaks exhibió el submundo de la influencia norteamericana en la investigación y en los movimientos de Nisman y sus cuentas bancarias en Nueva York y Uruguay, así como sobre un presunto financiamiento oscuro de fuentes israelíes y norteamericanas.

Situación escalofriante

Cuando Oscar Parrilli  y Juan Martín Mena asumieron como nuevas autoridades del área de inteligencia del Estado (AFI) visitaron el depósito de 250 metros cuadrados de la SIDE y calificaron la situación edilicia del lugar como “escalofriante”. El calificativo se justificó  por parte de los funcionarios señalando que “el lugar estaba inundado, lleno de ratas, había expedientes mojados y, en algunos casos, tirados en el piso, sin orden ni clasificación, motivando ello el despido de las dos mujeres que ocuparon cargos decisivos  en el área de terrorismo del organismo, siendo sus iniciales de identificación: M.O y G.R.”

En ese depósito se habrían hallado las grabaciones sobre las reuniones antes mencionadas en las que se escuchan palabras de Rabbani y del encargado de negocios de Irán, correspondientes a los dos encuentros citados. Versiones periodísticas dan cuenta  de que en el lugar se encontraron  pruebas de seguimientos y escuchas.

Cuando la Agencia Federal de Inteligencia  tomó posesión de la documentación antes indicada, la entonces presidenta Cristina Fernández resolvió, al tomar conocimiento de los hechos, que el material fuera  entregado a los fiscales y, posteriormente, el gobierno que asumió pasó la custodia al Ejecutivo –más concretamente a la Unidad AMIA, con conocimiento de Ministerio de Justicia, a cargo de Mario Cimadevilla, quien habría dispuesto su digitalización y el manejo de los documentos.

Hacemos un alto en la historia de la Inteligencia argentina y saltamos en el tiempo imaginario para arribar a abril de 2024.

El exjefe de gabinete nacional Nicolás Posse y el ministro de Economía Luis Caputto se entrevistaron en Langley, Virginia, con el jefe de la CIA, William Joseph Burns, información que brindamos con pelos y señales en una columna periodística de Proyecto Escaño.

  • En la oportunidad se analizó la situación emergente de la crisis de Oriente Medio y un amplio temario que forma parte de la agenda existente  en materia de seguridad.
  • Hay que recordar que, a través de esa columna, señalamos que Burns mantuvo un intercambio personal de información clasificada con el aludido Posse, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori.
  • En este caso se pudo saber que fueron evaluados temas tales como los avances logrados  en las cuestiones antes acordadas en el área de Inteligencia, ciberseguridad  y defensa nacional e internacional.
  • Por este último motivo se evaluó la crisis desatada en Medio Oriente  con el accionar de Hezbollah y la influencia de los gobiernos de Irán, China y Rusia en América Latina.
  • A ese temario hay que agregar los posicionamientos adoptados por Estados Unidos y nuestro país  en torno al, acuerdo que Bolivia estableció con Irán para flexibilizar la entrega de visas a iraníes. El interés de la cuestión enunciada estuvo íntimamente relacionada con el ataque del grupo Hamas a Israel el 7 de octubre pasado y el de  Hezbollah a la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, recientemente confirmados  mediante un fallo judicial de trascendencia internacional.
  • En la medianoche del 16 de octubre de 1998 una noticia extendió su impacto en todo el mundo: el ex dictador Augusto Pinochet había sido detenido en Londres por la policía británica, cumpliendo  la orden de arresto del juez español Baltazar Garzón. De ahí en más se inició una batalla legal que conmocionó a la sociedad chilena e inauguró la transición democrática genuina.
  • En El retorno de la ilusión. Pinochet el fin de la impunidad (en BBA actual España), el periodista argentino Tito Drago volvió sobre la larga estancia del ex dictador en Londres, su sentido para la transición democrática en Chile y para una justicia global. Las hijas del general chileno Carlos Prat  asesinado  en Buenos Aires en 1974, iban a declarar ante la jueza María Servini de Cubría, quien anticipó que podría pedir la extradición de Pinochet  en la causa  reabierta.
  • El libro de Drago siguió la evolución del general. Solicitó a quien el presidente Salvador Allende confió la conducción del Ejército al mismo que  luego  encabezó el asalto al Palacio de la Moneda para instaurar una dictadura sangrienta. El autor analizó el contexto de la detención de Pinochet, mientras gestionaba negocios de armas en Londres y sus relaciones  con Margaret Thacher. Recogió la reacción de los políticos chilenos y españoles  ante la situación creada y se  introdujo en los Archivos del Terror hallados en Paraguay, que prueban la existencia de la Operación Cóndor, el dispositivo de represión coordinada entre las dictaduras del Cono Sur. Sobre la cuestión avanzamos periodísticamente en columnas anteriores de la página que el lector está leyendo. Drago se especializó en temas de cooperación internacional e iberoamericanos. Vivió varios años en Chile, donde dirigió el periódico La Aurora de Chile en el período  1972-1973 y fue jefe de publicidad, promoción y ventas de la editorial Quimantú, la mayor del país. También fue dirigente del Partido Socialista. También  fue presidente  del Club Internacional de Prensa y dirigió la oficina española de la Agencia Internacional de Noticias Inter Press Service (IPS)

Regresando a la cuestión que nos ocupa, en el transcurso de la presente semana el presidente Javier Milei tomó debida cuenta de cómo funciona actualmente su sistema de seguridad personal ante el embate discursivo del gobierno de Irán y luego de tomar debida cuenta del ataque a Donald Trump.

La Casa Militar, a cargo de la seguridad presidencial, decidió tomar mayores recaudos para proteger al presidente utilizando  un entorno al que denominaron “diamante”, con 16 agente de elite que utilizarán  rifles antidrone. Ya hicieron una prueba piloto acompañando a Milei  al balcón de la Casa Rosada, debido a que el titular del Ejecutivo saludó  junto a una parte de su gabinete a vecinos.

El canal TN adelantó que la custodia está dirigida por Ariel Fernando Bongiovanni y Guillermo Armentano, hijo del jefe de la custodia de Carlos Menem cuando este era jefe de Estado. Fue Milei quien los confirmó luego del 10 de diciembre pasado.

Dicho grupo acompaña las 24 horas al mandatario, independientemente de si este se dirige a una actividad oficial o privada. La custodia, está a cargo de Sebastián Ibañez, pero  tiene autonomía, es decir, hace movimientos sin dar aviso al resto de los equipos de seguridad. Se mueven en autos blindados, además de una ambulancia. Son el escudo que protege al Presidente.

Asimismo, se garantiza el perímetro con agentes propios y coordina los operativos con otras fuerzas provinciales o municipales. Uno de los elementos de seguridad que este año pueden verse son los rifles antidrone  con una mira. Se trataba de un inhibidor de drones, un artefacto electrónico que tiene la capacidad de neutralizar drones en pleno vuelo.

Por otra parte, también puede apreciarse una mayor utilización de inspeccionadores de chasis, unos robots con ruedas que pasan por debajo de los vehículos para ver si allí se esconde algún elemento peligroso que se utiliza habitualmente en la frontera estadounidense con México para combatir el narcotráfico y el contrabando de armas. Este año también se incorporaron equipos de control electrónico para interrumpir radios y comunicación.

Mayor coordinación

Otro de los “cambios” en la custodia presidencial es que se aumentó la coordinación con otras fuerzas la Brigada de Riesgos Especiales de la Policía Federal y  la nueva división de manejo de drones para realizar videovigilancia. La división Inteligencia Criminal de la PFA también se suma a los operativos.

Cuando el Presidente Milei viaja al exterior, TN pudo saber que lo acompaña una comitiva de cinco agentes de la Policía Federal, además de dos o tres jefes de división.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene 20 agentes de seguridad asignados que se dividen en tres turnos. Siempre hay entre 6 y 8 efectivos junto con la funcionaria. En sus eventuales viajes al exterior, la acompañan tres agentes. (Jackemate.com)

 

(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política

[1] Diario Clarín, 13 de abril de 2013.

[2] Página 12.

 

 

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