Por Ricardo Marconi (*)
Básima Patricia Elías Nader, quien se había salvado de un escándalo de corrupción internacional, fue condenada a 10 años y seis meses de prisión por transportar y custodiar dineros, así como lavado de activos, relacionados con los sobornos pagados por la empresa Odebrecht.
Los recursos ilícitos tenían como destino el patrimonio de su primo, el ex congresista Bernardo Miguel “Niño” Elías Vidal, siendo esto acreditado por la Fiscalía General. Nader debió pagar, además, una multa equivalente a 1.950 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Vidal cobró en su momento por garantizar estabilidad jurídica y mejores condiciones económicas para Odebrecht mediante la adjudicación del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II, según justificó la Fiscalía al resolver la condena.
El desenfreno de la empresa Odebrecht ha sido considerado como uno de los casos de corrupción más importantes a nivel mundial, ya que precisó un acuerdo indemnizatorio con Estados Unidos, Brasil y Suiza por 4,5 mil millones de dólares bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Por todo Latinoamérica la compañía construyó puentes, presas, centrales eléctricas, carreteras y autopistas para conectar Brasil y Perú, que sobrepasaron más de cuatro veces su presupuesto y en el tiempo, luego de casi tres años de investigaciones la resultante, entre otras, fue que 77 ejecutivos brasileños de la sociedad comercial tuvieron que firmar acuerdos de culpabilidad para reducir sus sentencias. En el tiempo, los cargos judiciales provocaron un efecto dominó en toda la región, el que no ha sido detenido.
Un ejemplo de lo que señalamos respecto de las investigaciones anticorrupción es el caso en que un juez federal de Brasilia suspendió la designación, en el gabinete del gobierno de Michel Temer, de uno de sus hombres de mayor confianza, sospechado de haberse beneficiado de sobornos de la compañía Odebrecht.: Wellington Moreira Franco, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que venía actuando como secretario de Inversiones. Su nombre había circulado de manera insistente en las filtraciones del acuerdo de delación premiada.
Al ordenarse la suspensión del nuevo ministro, a través de una medida cautelar, el magistrado Eduardo Rocha Peneado, de Brasilia, consideró que Temer había incurrido en “desvío de finalidad” para proteger a su aliado.
La justicia venía investigando que el político había omitido en la presentación de sus cuentas, los gastos relacionados con la producción irregular de material publicitario para la campaña de 2014, por lo cual se decidió que haya nuevas elecciones directas de autoridades.
Es necesario, en principio, apuntar que el caso Odebrecht surgió como derivación de las investigaciones sobre corrupción generadas en la petrolera estatal brasileña Petrobras, conocida como Lava Jato.
Y ya que nos referimos al Lava Jato es fundamental hacer notar que en el mundo político de Brasil, todos sabían que en algún momento habría de hacer su aparición la que se denominó “Lista Fachín” debido a que el nombre se tomó del apellido del magistrado Fachín, que contenía todos los nombres de los líderes partidarios, diputados, senadores, gobernadores, ministros e intendentes involucrados en el caso Lava Jato y que ese conocimiento público tendría la fuerza de una explosión termonuclear sobre el sistema político brasileño.
Temer pidió a los parlamentarios que, en vez de asfixiarse en el mar de las acusaciones, demostraran que estaban por encima del miedo que implicaba ir a la cárcel., donde habían terminado algunos colegas.
En los últimos días de las averiguaciones del Lava Jato, las investigaciones golpearon políticamente al presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien fue acusado de recibir aportes ilegales para su campaña de 2014. Es que Santos habría gestionado contratos a favor de una compañía constructora.
Y como era fácil de prever, la Fiscalía General de Colombia denunció la implicación de Santos a través de Néstor Humberto Martínez, luego de recibir datos del mencionado congresista Otto Bula, quien terminó imputado de ser nexo con Odebrecht.
Se calculaba en 6.400 millones de dólares los desviados de Petrobras con destino a funcionarios de altísimos niveles de varios países del mundo, Argentina incluida.
Bula: Un “garganta profunda”
Bula fue considerado el “garganta profunda” del caso en Colombia. Habría dicho que de un monto de 4,6 millones de dólares que aportó la compañía, se destinó 1 millón a la campaña política de Santos.
Además, brindó precisiones sobre instancias de mecanismos, tiempos y lugares relacionados con la entrega de recursos que quizás transitaron países como China y Panamá, antes de llegar a la campaña del candidato.
La misma fiscalía colombiana, en su denuncia, señaló que desde 2009 al 2014, Odebrecht pagó, además, 11 millones de dólares en sobornos a funcionarios colombianos, a cambio del otorgamiento de obras civiles.
El reconocimiento de las dádivas
El heredero del imperio, Marcelo Odebrecht se vio obligado a reconocer ante la justicia electoral del Brasil que realizó también “donaciones ilegales” a la caja recaudadora de la fórmula presidencial conformada por Dilma Rousseff (2011-2016)- Michel Temer en 2014 y fue este último quien, personalmente, peticionó el aporte económico.
En el tiempo, como consecuencia del pedido, luego de una investigación, fue condenado a 19 años de prisión y tuvo el incriminado que testimoniar durante cuatro horas sobre la conformación de un departamento especial en su empresa para llevar una contabilidad minuciosa relacionada con el pago de las “comisiones” que pagaron, al menos, 12 países, entre las que se encontraba Argentina.
Rousseff terminó destituida por irregularidades presupuestarias (financiación ilegal), aunque no tuvo denuncias por el caso Petrobras.
Nulidad absoluta
En este punto hay que hacer notar que el juez de la Corte Suprema del Brasil José Antonio Días Toffoli dispuso “la nulidad absoluta” de los actos judiciales contra Marcelo Odebrecht. Sin embargo, sigue firme su acuerdo de culpabilidad. El magistrado evaluó que los funcionarios que participaron del Lava Jato “igualaron el debido proceso con el fin de garantizar sus objetivos personales y políticos”, según el medio informativo Ámbito.
El arreglo definitorio, en su oportunidad, se concretó -cena de por medio-, en momentos en que, según el donante, “se estaba realizando la investigación por el denominado “Lava Jato”. Concluida la comida, Odebrecht acordó entregar a Eliseu Padhiha una transferencia ilegal de 3 millones de dólares para el Movimiento de la Democracia Brasileña.
El diario O Estado de Sao Pablo, tras concretar una investigación periodística, dio a conocer que 4.500.000 dólares, de un total de 50 millones fueron girados por la Caja 2 al publicista de la campaña, Joao Santana, quien admitió haber recibido el dinero.
Asimismo, el diario Folha de Sao Pablo, de Brasil, reveló que Odebrecht acusó al senador Aecio Neves, presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña, de pedirle “apoyo financiero”.
Donaciones
Vale señalar que el asunto de las “donaciones” nunca fue tratado directamente entre Dilma y Odebrecht. El contacto se hacía con el exministro de Economía Guido Mantega que, como era previsible, negó el pedido, aunque admitió tener expectativas para el año 2010, terminando el dinero ser usado en el 2014.
Toda la manipulación informativa del episodio terminó por resquebrajar a la coalición oficialista e, incluso, determinó la renuncia del ex senador José Serra a la Cancillería, tras lo cual regresó a su banca en la Cámara Alta.
Los investigadores de lava Jato en Brasil lograron introducirse en las cuentas que permitieron ampliar investigaciones a otras, las que a su vez posibilitaron determinar que obras públicas se habrían pagado con dinero de la ANSES de Argentina. Cartón lleno.
De los 35 millones de dólares que se mencionaron para Argentina, en primer término, se pasó a 100, debido a la continuación de las investigaciones.
Regionalización del escándalo
El escándalo se regionalizó a partir de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló, en diciembre de 2016, que la firma constructora pagó coimas en 12 naciones para obtener contratos.
A todo esto, la Fiscalía de Perú pidió prisión preventiva para un ex presidente: Alejandro Toledo, quien gobernó en el período 2001-2006, quien recibió –supuestamente-, 20 millones de dólares para favorecer la adjudicación de la Ruta Interoceánica. Por esos días, ya era vox populi que la constructora había repartido 1.000 millones de dólares a funcionarios de varios países, Argentina incluida.
Respecto de Perú, se investigó la posibilidad de que congresistas, empresarios y miembros del Poder Judicial hubieran participado en el engranaje de los sobornos.
Agencias internacionales de noticias, en su momento, dieron por probado que Odebrecht pagó 8,5 millones de dólares en coimas para lograr la adjudicación de una ruta en 2009, autorizada por Gabriel García Morales, un ex funcionario del presidente Uribe entre 2009 y 2010 y posteriormente, García Morales aceptó los cargos.
En Perú los sobornos habrían sido pagados entre 2005 y 2014 y la Fiscalía General de Perú solicitó 18 meses de prisión. Se habla que los presuntos sobornos, en total alcanzaron los 29 millones de dólares, en un período que abarcó a tres gobiernos, esto es Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.
En Venezuela y México
Según una investigación de la justicia norteamericana, los pagos de Odebrecht en Venezuela alcanzaron a 98 millones de dólares, con destino a intermediarios que prometieron información confidencial sobre proyectos para asegurar concesiones de obras.
Se afirmaba insistentemente en ese país que el difunto presidente Hugo Chávez fue una especie de mecenas de la constructora que nos ocupa, al “encauzar” , según el New York Times, en un material periodístico firmado por Nicholas Casey y Andrea Zárate, 11 mil millones de dólares con la inclusión de viviendas públicas, que permitieron afianzar su “revolución”.
Hay que dejar claro que puentes y edificios quedaron sin ser terminados. Un caso similar ocurrió en nuestro país con otros protagonistas.
Asimismo, una sentencia del Tribunal Federal de Brooklyn determinó que los pagos de sobornos alcanzaron en México a más de 10 millones de dólares entre 2010 y 2014.
En Ecuador y Panamá
La investigación en Ecuador la realizó el Tribunal de Nueva York por pagos ilegales en la suma de más de 35,5 millones de dólares a funcionarios y ello le generó a la empresa constructora ganancias por 116 millones de dólares.
La trasnacional constructora, en Panamá, habría llegado a cerrar un acuerdo verbal con autoridades panameñas para pagar una indemnización por sobornos en el período 2010 -2014 y en este caso la suma alcanzó a 59 millones de dólares.
En Guatemala, Angola y Mozambique
El Departamento de Justicia en Estados Unidos investigó sobornos por 18 millones de dólares ente 2013 y 2015 durante el gobierno de Otto Pérez Molina y allí la empresa obtuvo 399 millones de la moneda estadounidense.
Es Angola que la empresa habría pagado 50 millones de dólares entre 2006 y 2013, reportándole ganancias por 261 millones a octubre de 2016.
En Mozambique el valor de las coimas presuntas alcanzó a 900 mil dólares entre 2011 y 2014 para obtener la construcción de un aeropuerto. Sólo el proyecto costó 216 millones de dólares.
Más sobre Colombia
En ese país, los líderes, en principio, adoptaron una postura defensiva cuando los fiscales manifestaron poseer evidencias substanciales de que la constructora había “donado” 1 millón de dólares a la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, en 2014.
La reorganización de la indagación
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ordenó en setiembre de 2024 la reorganización del grupo investigador tras encontrar lo que estimó “resultados deficientes”.
Lo hizo con el objetivo de optimizar los esfuerzos para esclarecer que sucedió como consecuencia de la corrupción iniciada por la multinacional Odebrecht que involucró sobornos por 80.000 millones de pesos, según una investigación periodística de Licsa Gómez.
El nuevo equipo de investigación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo se redujo de 17 a 5 componentes. La fiscalía se percató de que existían 169 procesos, distribuidos entre los 17 fiscales, 12 asistentes y 7 analistas.
Uno de los fiscales, durante años sólo trabajó en dos expedientes. Incluso, de la investigación de la Fiscalía aludida, surgió que algunas imputaciones fueron mal dirigidas, ya que eran técnicos sin vínculos ilegales en el caso que se quedó con 144 expedientes, por lo que cada fiscal se hará cargo de aproximadamente 30 procesos. Otros 60 expedientes habrían sido archivados por no cumplir exigencias legales.
Así, los recursos de la Fiscalía General serían utilizados eficientemente en uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina, ya que afectó a países, gobiernos, y partidos políticos. En Colombia, bajo la administración del exfiscal Francisco Barbosa, fueron imputadas 22 personas para delinquir y lavado de activos.
En Argentina
En nuestro país, me dicen, la indagación de Estados Unidos reveló la posibilidad de aportes no legales entre 2007 y 2014, años en los que se habrían pagado 35 millones de dólares a intermediarios y encargados de proyectos.
Por otra parte, el ex funcionario Ricardo Jaime, a 2016, acumuló 12 causas judiciales. Es que sobre él pesaron numerosas denuncias y procesamientos y registró varias causas iniciadas por delitos de corrupción. Los medios de comunicación se cansaron de publicar imágenes de Jaime esposado.
Fue procesado por el delito de dádivas, por presunto enriquecimiento ilícito, por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios, por presunto abuso de autoridad, por presunta malversación de caudales públicos, por presunta asociación ilícita, por desacato a la autoridad al desobedecer una medida cautelar impuesta por un juez y abrir una licitación cuando de por medio existía una orden judicial que la impedía y por posible encubrimiento de lavado de dinero.
Además, fue acusado y procesado como responsable del choque ferroviario que le costó la vida a 51 personas y dejó heridas a otras 800 y por presunto incumplimiento en los deberes de funcionario público, entre otros delitos.
Evidentemente, en lo que concierne al Código Penal, puede opinarse que Jaime no se privó casi de nada. También fue investigado el extitular de Inteligencia Gustavo Arribas, al igual que un magistrado.
La búsqueda de un acuerdo
En la Procuraduría General de la República, en Brasil, los fiscales argentinos Sergio Rodríguez, Franco Picardi y Carlos Stornelli se reunieron con sus pares brasileños para lograr un acuerdo a los efectos de obtener datos sobre sobornos por los ya mencionados 35 millones de dólares pagado por Odebrecht en nuestro país.
La reunión antes organizada se concretó entre los fiscales y el viceprocurador José Bonifacio Borges de Andrada y los argentinos, en esa reunión propusieron hacer valer, por sobre la ley local, los tratados internacionales en materia de corrupción y crimen organizado, especialmente los convenios firmados por ambos países con la Organización de las Naciones Unidas, que son más flexibles que la Ley del arrepentido.
De esa manera, se otorgaba inmunidad penal para los ejecutivos brasileños que hayan declarado sobre los sobornos en la Argentina, pese a que ellos también hubieran cometido el mismo delito al pagar esas coimas. Ni la ley de argentina ni los convenios internacionales permiten acuerdos con esos beneficios para los arrepentidos.
En la mafia estadounidense, uno de los principales “mercados”, en los que se trabajaba a pleno, era el de la construcción. En ese sentido puede el lector tener mayor información descriptiva y minuciosa en El Rompecabezas de la Muerte en Rosario, de quien esto escribe, editado en 2024.
Volviendo al tema Odebrecht, vale puntualizar que, en una reunión entre funcionarios argentinos y abogados de la empresa, se habrían producido cruces verbales muy duros. Estos últimos “buenos muchachos”, pretendían seguir operando en Argentina y prometieron para que se los autorizara a continuar su gestión, dar las listas de implicados, previo pago de una multa. Argentina no aceptó el acuerdo y pretendió conocer que delitos se cometieron en nuestro país, ya que eran distintos de los concretados en Brasil.
Por esos días se la conocía a la clase media de Argentina como la “Clase Corpiño”, ya que “sostenía”, el peso de la economía.
La admisión de los pagos irregulares
El ejecutivo brasileño Hilberto Mascarenhas, quien según pudo saberse pertenecía a un sector dedicado al “Departamento de Sobornos”, admitió, entre 2006 y 2014 el destino de más de 3.300 millones de dólares para pagos de coimas.
La confesión la realizó ante el juez Hernán Benjamín, del Tribunal Superior electoral (TSE) en una causa en la que se lo acusaba de presunto abuso de poder político y económico en la campaña presidencial de 2014 en el marco de la fórmula Rousseff-Temer. La primera componente ya había sido destituida por el Congreso, acusada de manipulación de las cuentas públicas.
El TSE tomó declaraciones a varios exejecutivos de Odebrecht que llegaron a un acuerdo con la justicia para entregar datos sobre pagos ilegales a cambio de la reducción de condenas. La empresa, a su vez, declaró a través de 77 arrepentidos, los que admitieron que el 60 por ciento de las coimas fueron destinados a la campaña en Brasil.
El dinero estaba depositado en una cuenta de un banco de la República Dominicana de la que se utilizaron en 2007 por 80 millones; en 2006, 60 millones; en 2008, 120 millones; en 2009, 260 millones; en 2010, 420 millones; en 2011, 520 millones; en 2012, 730 millones; en 2013 y en 2014, 450 millones de dólares.
Temer –recordamos-, ni lerdo ni perezoso, también solicitó “contribuciones” para su campaña -5 millones- y la donación fue registrada, por lo que 200 políticos fueron citados como arrepentidos, ya que debían declarar como beneficiarios. Del denominado “Tsunami Odebrecht”.
Jorge negó relación con otro Jorge
Seguramente, los argentinos recordarán a Jorge “Corcho” Rodríguez, quien se reunió, como asesor de la constructora, con representantes de la empresa, aunque negó luego tener alguna relación con el exministro de Obras Públicas Jorge De Vido.
También, nuestros connacionales recuerdan que el juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en oficinas de Odebrecht por el caso Lava Jato. El magistrado buscaba documentación vinculada a dos plantas potabilizadoras, cuyas obras estaban a cargo de Aysa, sospechada de sobreprecios e irregularidades en la adjudicación de trabajos. Vale hacer mención que actuó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas e hizo lo propio en la intervención, mediante la cual se secuestraron documentos.
Asimismo, se allanaron otras empresas y oficinas de Odebrecht en Argentina, ubicadas en Alem 855 piso 32 y se investigaron obras en Paraná de las Palmas.
Además, se analizaron balances y constancias de transacciones, así como informes contables, ya que Paraná de las Palmas pasó en una licitación de un presupuesto oficial de $ 1.893.424.855 a $ 2.224.921.124, más dos agregados de 700 y 173 millones.
Datos explosivos
Para los primeros días de junio de 2017, la Casa Rosada manejaba datos que consideraba explosivos. Se trataba de los nombres de los ex funcionarios que habían recibido coimas de la constructora y datos de los operadores que habían participado de los pagos.
De un informe de Clarín surgieron datos de los que habrían suministrado contactos de autoridades judiciales de Brasil y Estados Unidos y de registros de obras públicas que habitualmente tiene el Estado como consecuencia de reuniones en ministerios entre directivos de la empresa y exfuncionarios de la ex presidente Cristina Kirchner.
Marcelo Odebrecht proporcionó información sobre destinos de los sobornos en juzgados internacionales y Ricardo Vieria confirmó conversaciones secretas en las que admitió cifras superiores a 35 millones en base a la documentación que se le expuso. Vieria fue el reemplazante de Rodney Rodríguez, superintendente de Odebrecht en Argentina.
En la nómina de investigados estuvieron por Argentina el exministro Julio de Vido, Roberto Baratta y el exsegundo de la AFI, José María Olazagasti.
Los descarados secretos del Waldorf Hotel
El Waldorf Hotel estaba regenteado por Osvaldo “Bochi” San Felice y del análisis contable surgió una lista de 42 personas que se comenzaron a investigar junto a las que se sumaron en Brasil y Estados Unidos, país que, ante el avance internacional de la indagación, optó por colaborar con Argentina.
Era tan descarado el mecanismo que, en algunos casos, con las facturas del hotel se llegó a comprobar que se superaba la capacidad del mismo, implicando la posibilidad del lavado de dinero y una diputada investigó una cuenta con un saldo de 1 millón de dólares. Incluso se llegó a analizar la posibilidad de que una parte de las transacciones se hizo con dinero de la ANSES. Fue precisamente en dicho hotel que se habría iniciado la maniobra.
Precisamente, en nuestro país comenzaron a aparecer otros nombres, como el del mencionado ex ministro De Vido, escondido bajo el entramado de la empresa IECSA, que fue posteriormente vendida.
Y relacionado con otra prebenda de 53 millones de dólares resurgió el apellido Baratta, así como el nombre de Ricardo Jaime, quien admitió el pedido de coima y terminó tras las rejas. También resultó involucrado José López –el campeón en lanzamiento de bolsos con dineros sobre paredones y José María Olazagasti, mano derecha de De Vido.
Se comentó mucho que la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gil Carbó habría intentado bloquear la investigación teniendo “cajoneada información”, y en Brasil se aseguraba que la funcionaria buscaba trabar informes.
En esos tiempos, en un editorial de La Nación, se aseguraba que la constructora había desembolsado 3.390 millones de dólares en coimas para campañas políticas en América Latina y África.
Coordinación de estrategias
Fiscales de 11 países decidieron coordinar estrategias de investigación, junto a un grupo regional de periodistas, los que descubrieron que entre 2005 y 2013, mediante la integración de consorcios, en uniones transitorias de empresas, lograron que se conocieran el pago de coimas.
En Argentina, la empresa Odebrecht reconoció el pago de coimas entre 2007 y 2014, a cambio de obras que luego trascendió públicamente como el Caso Skanska.
A ello hay que agregar que en Bariloche estaba prevista la construcción de un barrio que al final no se concretó. Es más, fue investigado un convenio con la empresa Valle Mitre y por el mismo prácticamente había una factura por día.
Cabe detallar finalmente que en el desarrollo del escándalo se confeccionaron 500 facturas que se registraron en el libro Ventas de Odebrecht por la suma de 100 millones de dólares, de los cuales 35 correspondieron a asientos contables de los que surgen 42 involucrados. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política