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Por Ricardo Marconi (*)

El Gobierno colombiano dejaría de extraditar a Estados Unidos a narcotraficantes que negocien con el Estado y no reincidan, a cambio de beneficios jurídicos, según señaló el primer mandatario Gustavo Petro. La decisión la dio a conocer el presidente paraguayo luego de mantener una reunión con representantes del gobierno estadounidense, oportunidad en la que se analizaron otras cuestiones que no fueron reveladas. De esta manera se abren negociaciones con el Estado en Colombia que otorgarían beneficios a quienes no reincidan en su actividad ilícita.

Quienes no negocien y reincidan serán extraditados sin privilegios jurídicos. Al momento de gestarse a presente columna, la comitiva de Petro fue atacada. Vehículos de avanzada presidencial fueron baleados.

El primer mandatario propuso cuatro cambios para casos de extradición de narcos, pero no se suministró información al respecto, ya que sólo se dijo que “continuarán los diálogos con el gobierno de Washington”.

La respuesta

El director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, que la política del Joe Biden “es holística y de responsabilidad compartida, incluyendo temas de salud pública, desarrollo, medio ambiente, servicios estatales y seguridad”.

Gupta agregó que “la administración Biden está en una nueva era sobre la política de drogas, basada en la ciencia y es compasiva, estando enfocada y centrada en las personas”. Más adelante aseguró: “Colombia debe ver a Estados Unidos como un aliado cuando se trata de impulsar el desarrollo y la seguridad para las comunidades “marginalizadas” en Colombia”.

“Ansiamos seguir cooperando en asuntos antinarcóticos y de seguridad mientras trabajamos en alinear a nuestras autoridades y a nuestros intereses en común”, agregó Gupta. Fuentes del gobierno colombiano aportaron en “off”, a una agencia internacional de noticias, que entre los temas sobre los que se dialogó contemplan rebajas de penas. Como ya hemos adelantado en Jackemate.com, el conflicto permanente existente en Colombia por el tráfico de drogas ilegal ya ha costado, al menos, 450 mil muertos entre 1985 y 2018.

El presidente aceptó públicamente en la ceremonia de su asunción al cargo, que  “la  guerra contra las drogas ha sido un fracaso” y comentó, además, un proyecto de ley de su gobierno presentado al Congreso para legalizar la marihuana “recreativa”.

Asimismo, en su gobierno se admite la pelea por dicha cuestión entre ex guerrilleros y bandas paramilitares que luchan por el control de territorios, ya que ello significa que el narcotráfico es una fuente de ingresos para la delincuencia, ya que el flujo de drogas ilegales nunca cesó.

Anoniot Usuga (a) Otoniel, en mayo pasado, fue extraditado y su extradición fue anunciada en Nueva York por la administradora de la DEA Anne Milgram.

Vale destacar que el narco Darío Vale puntualizar que en Colombia la extradición fue abolida en 1991, en el marco de una asamblea que reformó la Constitución, en el medio de una intensa campaña de amenazas, asesinatos y ataques con bombas de narcotraficantes, siendo luego reestablecida en 1997, por una reforma aprobada por el Congreso.

Colombia –como ya lo hemos adelantado en anteriores columnas-, está considerada como primer productor mundial de cocaína y entre 2019 y 2020 se redujo en un 7% el área sembrada de coca, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Se pasó de 154.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, en 2019, a 143.000 en 2020, aunque a pesar de la reducción del área sembrada, la capacidad de obtención de cocaína por hectárea se incrementó.

Los partidarios de la nueva legislación colombiana creen que la legalización del cannabis recreativo puede alejar a miles de agricultores del narcotráfico y llevarlos al mercado lícito, con autorización para exportación a mercados extranjeros como Estados Unidos y Canadá.

Un estudio de 2016 del gobierno colombiano estimó que el narcotráfico, con el flujo de cocaína valía el 3,8% del PIB colombiano.

 

Atacaron avanzada presidencial

Por otra parte, una avanzada de su visita a la región de Catatumbo, a dos días de la recorrida presidencial de Gustavo Petro, fue baleada en un retén ilegal en la región de San Pablo, en cercanías del municipio colombiano de El Tarra, en el norte de Santander.

Los que viajaban en los vehículos se encuentran a salvo bajo la protección de las autoridades. La avanzada pertenece a la Unidad Nacional de Protección UNP, que verificaba la seguridad ante de la visita de Petro a la región en la que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC se disputan el control territorial.

Los vehículos fueron atacados con armas de fuego de largo alcance a manos de un retén ilegal. Los atacados, cumpliendo con una de las premisas elementales para este tipo de ataques, hizo caso omiso a la orden detención y uno de los rodados sufrió la pinchadura de un neumático.

En un comunicado de la Presidencia se señala que uno de los funcionarios fue retenido, pero luego se lo dejó en libertad. Por estas horas hay una investigación para establecer quienes están detrás del ataque.

Curiosamente, el presidente de Colombia, había ordenado suspender órdenes de captura y extradición a negociadores del Ejército de Liberación Nacional para reiniciar diálogos de paz y para ello firmó el decreto correspondiente.

De esta manera, Petro intenta construir un camino expedito para que la organización deje de funcionar como una organización insurgente. (Jackemate.com)

 

(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política

 

 

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