Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) de Rosario se reiteró que no participaron ni organizaron la ola de saqueos que se produjo en comercios rosarinos, pero el Gobierno provincial abrió una investigación a partir de una denuncia de comerciantes sobre presunta extorsión policial para custodiarlos cuando arreciaban los actos de vandalismo
"Pedimos rectificación o ratificación de los funcionarios que nos endilgaron haber sido parte de los saqueos", lanzó Rubén López, secretario general del CGT Rosario, y enrolado en el Sindicato de Camioneros local.
López afirmó: "Si tienen pruebas que la presenten en la Justicia. Estamos lamentablemente mal por las denuncias falsas que han lanzado desde el gobierno que en vez de representarnos a todos los argentinos salen a injuriar a los trabajadores".
Por su parte, Marcelo Andrada, titular del Sindicato de Recolectores de Rosario -quien alega que fue enlodado desde algunos sectores políticos como instigador- sostuvo en reunión con el periodismo que "ya hace varios días que nos vienen involucrando y golpeando a los sindicatos demostrando que esa es una de las formas que utilizan para callarnos"
Por eso, agregó que "nosotros les queremos decir que por más que nos aprieten o digan lo que digan no van a lograr hacernos callar".
Asimismo, el dirigente gremial agregó que "ningún trabajador del área de la recolección participó en los saqueos, como ningún trabajador de otros sindicatos. De hecho ninguno de los detenidos tiene relación con ningún sindicato y tampoco con organizaciones barriales de las cuales participamos. Nosotros hacemos contención en la sociedad", concluyó el dirigente de los recolectores.
En tanto desde la provincia se supo que abrió una investigación de oficio tras la denuncia de un grupo de comerciantes sobre presunta extorsión policial para custodiarlos en medio de los actos vandálicos.
Al menos cuatro propietarios de locales barriales dieron detalles sobre el accionar de los efectivos, quienes habrían reclamado mercadería y hasta cinco mil pesos para brindar seguridad.
"No voy a abrir un juicio de valor sobre lo denunciado. Resolvimos actuar, Asuntos Internos inició un sumario y dimos instrucciones para que intervenga la división judicial de la Policía", señaló el secretario de Seguridad Pública, Matías Drivet.
Los cuestionamientos hacia el accionar policial por su desempeño durante los actos vandálicos del 20 y 21 de diciembre pasados fueron numerosos y, en ese sentido, hubo sospechas de zonas liberadas y críticas por su tardía llegada a zonas calientes, por lo que empezaron a trascender denuncias sobre presuntas prácticas extorsivas de los uniformados para custodiar determinados comercios.
El primero en dar detalles sobre esta modalidad fue Blas Contreras, comerciante boliviano que resistió a piedrazos el robo de su local en Lagos al 4400.
"Les pagué 3.000 pesos a dos policías para que se quedaran acá enfrente, pero duraron 15 minutos y se fueron. Hasta pan dulce y sidra me pidieron", contó.
Desde el supermercado de Ayacucho al 6300, uno de sus encargados, relató que el viernes pasado, a eso de las seis de la tarde, “un grupo de vecinos quería volver a robar el local”, por lo que se acercó un móvil policial".
No después de muchos ruegos y amenazas de abandonarlos, los integrantes del móvil policial, cuyo número de identificación no indicaron, señalaron que "después que le ofrecimos unos cinco kilos de carne y bebidas que pusimos en el baúl del patrullero y permanecieron unos 20 minutos hasta que llegó el herrero".
Drivet se excusó de opinar sobre las denuncias, sosteniendo que "no vamos a emitir un juicio de valor, decidimos actuar, investigar de oficio sobre un hecho denunciado que por ahora no tiene identificados a los implicados. Asuntos Internos ya abrió un sumario administrativo e investiga la división judicial de la Policía".
Por su parte, el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, reiteró que lo sucedido respondió a "grupos que han estado fuera de la ley y, por eso, muchos terminaron detenidos, de los cuales más de 30 aún permanecen en esa condición".
Sin pelos en la lengua, Galassi dijo que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto no fue producto de la necesidad, fue producto de delincuentes que aprovecharon cualquier circunstancia para sacar provecho”.
Además, descartó que haya existido una conexión con bandas narcos porque "no surge a priori de las personas que fueron detenidas ni de la investigación que estén vinculadas al narcotráfico", indicó.
Desde el Ministerio de Seguridad, recordaron que sigue habilitada la línea telefónica gratuita 0800-444-0999, para recibir información sobre los hechos de vandalismo. La línea funciona desde el jueves, lo hará por 15 días más.
La Cámara de Autoservicios y Supermercados propiedad de Residentes Chinos en la República Argentina (Casrech) consideró “insuficiente” la ayuda económica que la provincia y el municipio ofrecerán a los comercios que fueron afectados por los actos de vandalismo de jueves y viernes pasado.
El Ministerio de la Producción ratificó ayer que habrá hasta 150 mil pesos en créditos blandos para los locales afectados pagaderos en 36 cuotas con una tasa de interés del 10 por ciento. El representante legal de Casrech, Pablo Barello, advirtió que evalúan realizar un reclamo judicial ante las autoridades “por falta de seguridad”. (Jackemate.com)