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Por Ricardo Marconi (*)

La espiral de sangre, en cada metro cuadrado del mapa de México, está creciendo a pasos agigantados, fundamentalmente en los estados de Zacatecas y Guerrero. En todo el territorio azteca se nota el incremento del mercado negro de la cocaína y la marihuana, que estaría abarcando a todas las clases sociales, incluidas las profesionales que antes consumían en menor medida.

La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas no da abasto –como en Rosario los Tribunales Federales-, donde diariamente se reciben denuncias de nuevos crímenes en los que las víctimas aparecen con las manos atadas a la espalda y cráneos separados a varios metros de distancia.

En dichos territorios mejicanos, la policía, diariamente, se encuentra con cuerpos sin vida, tanto en viviendas como en el interior de vehículos carbonizados o torturados y hasta incluso colgados de puentes y decapitados.

El porcentaje de casos de homicidios sin resolver es de hasta el 90 por ciento, dando ello un marco terrorífico que alcanza, en muchos casos, a decenas de víctimas, tanto directas como indirectas.

A tal punto se ha incrementado el número de hechos delictivos, con las consecuencias apuntadas, que los dos estados aludidos decidieron trabajar de manera conjunta.

Y lo novedoso es que, desde enero de 2022, se ha incrementado el homicidio de periodistas y, para ser más precisos, se produjo un ataque -en el mes de febrero pasado-, de sicarios que produjo la muerte de 10 personas en un solo episodio, mientras que en otra oportunidad 6 individuos aparecieron colgados desnudos de un puente.

Dispensarios 

Hay que puntualizar que en Méjico hay lugares que comercializan droga de manera legal. Se realiza la venta en lugares denominados “dispensarios”, cuyos titulares deben pagar mayores impuestos que los que comercializan bebidas alcohólicas con control estatal. Los dispensarios deben pagar sus impuestos de manera mensual y por adelantado.

Rosario, donde las autoridades registran el mayor número de homicidios, por cuestiones relacionadas con las bandas de vendedores de drogas que se enfrentan entre sí, es el territorio de una guerra cuyo objetivo final es quedarse con el negocio ya instalado.

Aún con las regulaciones hay miles de dispensarios ilegales en Méjico y hasta cadenas de suministros ilegales. A marzo de 2022, el costo de cada “raviol” de cocaína, alcanzaría un mínimo de 2 dólares.

En el desierto de Mojave 

El desierto de Mojave no sólo es un enclave donde se han visualizado cientos de objetos voladores no identificados. También allí, semanalmente, las autoridades deben realizar de 3 a 12 operativos por semana para detener vendedores ilegales que comercializan droga con camiones que tren marihuana de plantaciones que mueven medio millón de dólares por semana

La comercialización alcanza también a sectores donde hay colinas calificadas de “inseguras”, que se hallan controladas por grupos armados que utilizarían armas tales como las A 215 y las AK 47. En esos lugares el mayor costo operativo es la utilización de la electricidad, pero eso también está cambiando. Habría plantaciones que consumen la energía solar para abaratar costos.

El ‘Chapu’ Guzmán, jefe asesino del cártel de Sinaloa, cuando fue extraditado a EE.UU. 

Es necesario dejar claro que el 90 % de esos negocios que se manejan en el centro del desierto de Mojave, dependen de mayoristas que manejan millones de dólares anuales. En esos negocios hay muchos chicos trabajando y es por esa razón que hasta los sindicatos estarían “prendidos del negocio”.

Para que el lector tenga una idea delo expresado, es fundamental aclarar que un cargamento de plantas para producir droga, puede llegar a ser comercializado en más de 360.000 dólares y se calcula la existencia mínima de 60 mil cultivos ilegales en México.

Incluso habría plantaciones en parques nacionales, por lo que la DEA se ve en la necesidad de utilizar drones para detectar plantaciones donde se generan daños ambientales, ya que se mezcla el agua potable con compuestos químicos.

Cadena de distribución y pagos 

La cadena de distribución, que opera contra el pago en efectivo, movería valores multimillonarios, ya que se repartiría más de una tonelada por día en varios centros de distribución obviamente ilegales que cobran, al menos, 1 millón de dólares diarios vendiendo paquetes de 450 gramos.

Es una obviedad señalar que gran parte de la droga cruza la frontera de México con Estados Unidos y, aunque parezca poco entendible, en Estados como el de California, en 2016 se actualizó la legislación para controlar el tráfico. Sin embargo, luego de que ocurriera ello, creció la venta.

El polvorín de Colombia 

En el territorio colombiano es también comenzó a notarse con más fuerza la creciente venta de droga y la profundización de la violencia de grupos organizados que actúan coordinadamente en comisarías –Los capuchas-, al que se está sumando un grupo terrorista disidente de las FARC.

Colombia se está transformando en un polvorín en el marco de toda América Latina, con un marco creciente de pobreza y hartazgo social que podrían desembocar en protestas masivas de las que la oposición se hace eco por las medidas tributarias que se pretenden imponer. Esas decisiones económicas están generando una pronunciada caída de la calidad de vida, fundamentalmente en la niñez.

En El Salvador 

Los jefes de los distintos carteles mexicanos y los estados que ocupan 

En El Salvador se intensifica la crisis económica-social y, paralelamente, con la falta de respuesta a problemas estructurales, que se pretenden tratar con mayor presión tributaria, las clases sociales baja e intermedia buscan la salida en el consumo de estupefacientes.

Ello, obviamente, es negado por el presidente Nayib Armando Bukele Ortez, de 41 años.  Es un empresario que llegó al poder, con el 54 % de los votos, de la mano de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, tras haber actuado políticamente como exalcalde de San Salvador.

Bukele destituyó a la Corte Suprema y al fiscal general, a la vez que logró la mayoría absoluta en el Congreso, motivaciones que desencadenaron tensión regional porque se lo considera actualmente como un individuo sin ideología y sólo preocupado por apoderarse del poder total y del control judicial.

Organizaciones de Derechos Humanos estarían estudiando denuncias en esa área por la utilización de arrestos de ciudadanos utilizando, al parecer, el mismo mecanismo que otros estados que se sirven de grupos parapoliciales.

Droga en Buenos Aires  

Analistas argentinos, en temas de seguridad, sostendrían que Buenos Aires forma parte de la región que se encuentra en un tercer lugar en lo concerniente a la venta de droga, con un alto conocimiento, por parte de la población de los lugares donde se vende como forma de vida. Se habla de que los vendedores estarían ganando hasta 6.000 pesos diarios.

Esos mismos analistas refieren que “El 90% de los vendedores sabe dónde la policía no entra y es el principal ingreso de las barras de fútbol, motivo por el cual abundan los enfrentamientos entre ellas. Incluso las barras importantes captan gente de tras barras bravas más chicas”.

Otros especialistas acuerdan en que muchas barras bravas “completan sus entradas actuando como trapitos, cometiendo, además, alrededor del 40% de los delitos menores”.

Otras insistentes versiones están indicando que algunos narcos locales abatidos por las guerras internas estarían siendo reemplazados por excomponentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.

Por otra parte, no son pocos los comentarios en “off” que indican que los grandes capitalistas narcos estarían adquiriendo viviendas de hasta 20 millones de dólares que venden otros narcos que lavan sus negocios.

Títeres y titiriteros 

No queremos concluir esta columna sin dejar de señalar un comentario que en su momento apuntó el diputado Carlos Del Frade, quien dijo: “El problema de la droga no son los títeres. Son los titiriteros”. (Jackemate.com)

 

(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política

 

 

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