Por Ricardo Marconi (*)
En la medianoche del 23 de diciembre pasado, en momentos en que en la zona sur de Rosario dialogaba circunstancialmente con un hombre de mediana edad mientras esperábamos el colectivo, comenzamos a escuchar los clásicos ruidos que producen los fuegos de artificio. Fue entonces que le comenté a mi interlocutor ocasional: “Me parece que se equivocaron los chicos. Los fuegos de artificio se deben tirar mañana por la Nochebuena”.
El hombre me miró como sorprendido por lo que le señalaba y sonriendo me respondió: “No miré el reloj, pero seguro que son las 12 de la noche. Esa es la señal que se utiliza en la zona sur para avisar a los tranzas que ya llegó la “merca” y que tienen que pasarla a buscar por los bunkers y a los compradores para indicarles que ya está abierto el negocio”.
En las últimas columnas de Proyecto Escaño hemos hecho referencia a la magnitud de la problemática de la inseguridad que invadió Rosario con sus secuelas difíciles de desterrar.
En dicha área no sólo no avanzamos en la obtención de soluciones. Ni quiera logramos paliativos. Por el contrario, decididamente vamos retrocediendo en el ámbito local, en el nacional y en el internacional.
En el último nivel mencionado podemos hacer referencia a Lodoño Rojas, un colombiano detenido en Abu Dabi cuando intentaba ingresar a Catar, no como un simpatizante de fútbol que pretendía ver a su selección, sino como “gerente narco” para supervisar un importante cargamento de drogas que había sido descubierto en Rosario este año cuando se hallaba preparado y para supervisar otros dos detectados en el puerto de Rotterdam.
Es evidente que nuestro puerto rosarino tiene serios problemas por el crecimiento del descontrol, debido presuntamente a la falta de vigilancia.
La Oficina Antidrogas de la DEA, ante la facilidad con que la cocaína sale oculta en cargamentos desde el puerto rosarino, hacia destinos del norte de Europa, preventivamente planificó instalar oficinas en Rosario, pero luego de avanzar en la profundización de un análisis operativo que habría determinado que la inseguridad es el pan de todos los días.
Entonces decidió radicarse en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en San Nicolás, para desde esa ciudad controlar movimientos delictivos en los puertos privados que se encuentran sobre el río Paraná y para cubrir lo que sucede en la Hidrovía hasta Paraguay.
Entenderían los funcionarios de la DEA que la droga fluye sin cesar y las autoridades de Santa Fe no serían fiables por las toneladas de drogas que salen en viajes de ultramar a puertos europeos, donde –en muchos casos-, son allí sí son detectados.
Problemas con la droga y también con el personal tienen los concesionarios del puerto Rosarino. En este último ítem, está viviendo el primero de los enfrentados una serie de despidos, a lo que se suma la exigencia de más horas de trabajo, pero sin su equivalencia salarial para los que continuarían y a ello se agrega que los sueldos no son abonados en tiempo y forma.
Hasta que dicho conflicto no se profundizó con el correr de los días, la DEA no otorgaba a la zona portuaria de Santa Fe y al sector norte de la Provincia de Buenos Aires la importancia que se merecía, pero ante la disparada de los millones de dólares que implican cada cargamento no detectado cambió su posicionamiento operativo.
Los lectores que siguen semanalmente estos informes periodísticos saben que la DEA es un organismo que trabaja en relación directa con el gobierno norteamericano y por dicha razón hace fluir su información a dependencias de seguridad, tales como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Estado estadounidense.
Aunque había trascendido que dicho organismo no confía en autoridades policiales santafesinas, y menos en la de Rosario, donde se batió el récord de asesinatos dolosos a manos de bandas que comercializan drogas ilegales y envían sicarios a “cerrar las cuentas pendientes”, restando una semana para concluir el año estadístico. Es evidente concluir que, para la DEA, la Policía Provincial de Santa Fe sería “parte del problema” y no “de la solución”.
De Colombia a Rosario
Las informaciones subterráneas que llegarían a periodistas indicarían que hubo una investigación nacida en Colombia, en la que se señalaba que la droga llega al puerto de Rosario, donde hay –como ya saben suficientemente los rosarinos-, un conflicto laborar muy agudo con la empresa contratista que tiene a su favor varios años más de explotación, lo que hace que la situación imperante sea sumamente complicada, ya que se estima que de Rosario habrían salido cargamentos de cocaína valuados en mucho más que 100 millones de dólares.
Incluso en esta página se ha informado debidamente que hubo cargas detectadas y se ha precisado el modus operandi por altos valores económicos, de lo que se infiere el accionar de bandas con experiencia internacional que operarían con empresas de grandes capitales que pueden afrontar pérdidas, con el riesgo de que la carga sea detectada y el dinero abonado quede a la deriva o deba ser pasado a pérdidas en los balances. Esta última decisión no es gratuita para los responsables de la pérdida, quienes saben que la eliminación de sus vidas es un hecho casi irrevocable.
Rechazo a la guerra antidroga
En junio del 2015 Colombia decidió provocar un punto de inflexión al deshacerse de lo que era considerada una piedra angular en la lucha contra las drogas y lo hizo respaldada por Estados Unidos: bloquear las fumigaciones aéreas de plantaciones de coca, usada para producir cocaína.
Colombia, vale apuntarlo, no ha presentado propuestas válidas para generar una propuesta despenalizadora y la frontera sur colombiana diariamente sufre el enfrentamiento de bandas de narcos con las regulares del Estado para paliar los efectos del narcotráfico en la sociedad civil.
Por su parte, Bolivia expulsó a la DEA y permitió que los campesinos cultiven coca, mientras que Chile decidió recolectar cosechas de marihuana con destino médico. Países latinoamericanos tienen la percepción de que los métodos norteamericanos fracasaron en la implementación de la lucha contra las drogas ilegales durante 5 décadas.
El ‘Chapu’ Guzmán y Pablo Escobar Gaviria, dos ex capos del narcotráfico internacional
En Guatemala el gobierno dijo en su momento que crearía mercados legales y regulados por el Estado para determinadas drogas, a los fines de neutralizar el poder de los cárteles de la droga, pero no se hicieron propuestas concretas en ese sentido.
Perú, otro país productor que en su territorio genera cocaína, permitiría que las fuerzas armadas derribaran aviones sospechosos de transportar droga.
Brasil, por su parte aprobó una Ley Antidrogas, diseñada para evitar que los consumidores recreativos terminen en prisión, pero las lagunas legales de la Ley llevaron a un efecto contrario y se disparó el número de presos que abarrotan las prisiones.
Estiman los gobiernos de países latinoamericanos que se han cargado en extremo los sistemas penitenciarios en un intento por disminuir el derramamiento de sangre por causa de enfrentamientos derivados del narcotráfico.
Asimismo, en países como Brasil se ha incrementado el número de consumidores de cocaína como en gran parte del orbe y ello ha influido en el debate del tema.
Armas y narcotráfico
Desde hace cinco décadas el tráfico de drogas ilegales y de armas son dos de las principales arterias del corazón del capitalismo y las restantes tres son el petróleo, los medicamentos y la trata de personas.
Las transformaciones internas que sufren las organizaciones de narcos cuando son detenidos o abatidos los jefes, las segundas y terceras líneas toman los lugares de poder incrementando su violencia y su ferocidad.
Es por ello que analistas de la cuestión que evaluamos dicen que “vamos hacia el Neo feudalismo del Tercer Milenio”: Las bandas terminan quedándose con las tierras, las calles, las viviendas y los cuerpos de mucha gente.
Luego, la toma del poder deviene en negocios millonarios que involucraría a políticos, miembros del Ejército y la elite del empresariado, a lo que se sumaría, en ese último escalón.
Y si el Estado, al enfrentar al narco avanza en sus posiciones, se inicia el incendio de colectivos y automóviles y el inicio de operaciones profundas para incidir en la economía, como por ejemplo, utilizando como pantallas a firmas exportadoras para traficar cocaína.
En los corrillos de los investigadores se habla de que la DEA detectó a empresarios que eran proveedores del Estado paraguayo quienes habrían lavado millones de dólares. Es el mal que en nuestros tiempos se ha profundizado, convocando el alma de muchos seres humanos enfermos de ambición.
El negocio de la droga en Argentina
En Argentina, en línea con lo que ocurre en otros lugares del mundo, el negocio de la droga ilegal, a nivel nacional, ocuparía el séptimo lugar, medido en millones de dólares, por lo que el valor exacto varía con la oscilación de la moneda extranjera en nuestro país, a lo que deben sumarse los valores dolarizados de la droga en tránsito hacia países limítrofes y fundamentalmente al exterior, sensiblemente incrementados con la realización del Mundial de Fútbol en Qatar, tema que se evaluó en columnas anteriores, por lo que dar un número exacto es poco serio. A todo esto hay que sumarle que el valor de un kilo de cocaína puede multiplicar por siete su valor original.
En Argentina el negocio, según se conoce extraoficialmente, no es regenteado por las multinacionales del narcotráfico, que se caracterizan, según los entendidos, por estructuras formadas en escala económica: producen la hoja de coca, refinan y extraen el clorhidrato de cocaína, distribuyen, venden en los mercados, lavan los narcos dólares y después los revierten en la economía de todos los días. En el país no existirían estructuras narcos que se dediquen exclusivamente a producir y refinar para el mercado local.
Operación Langostino
‘Mi Sangre’, narcotraficante colombiano con captura internacional detenido en Argentina
A los desmemoriados les recuerdo que el juez federal Julio Cruciani fue el primer magistrado que dio uno de los más grandes golpes a la mafia de la droga, desarticulando, en 1988, un cargamento de 600 kilos. La cocaína estaba embalada en cajas de langostinos de exportación.
Para que el lector tenga una idea de lo que referimos en kilos de droga ilegal secuestrados debemos apuntar que, en 1989 se secuestraron 462,29 kilos; 1990, 1.0009; 1991, 1.259,27; 1992, 1204,04; 1993, 1.992,10; 1994, 2.220,58; 1995,3.370, 14;1996, 2.333,13 y en 1997, 5.192,55.-
En el mercado local
En Rosario el mercado se dedica solo a comprar y vender, aunque –vale puntualizarlo-, estarían creciendo en número los pequeños laboratorios, muchos de ellos detectados en el Gran Buenos Aires, donde la droga es fraccionada en cantidades limitadas.
Los investigadores del tema dejan trascender el pensamiento que los embarga: El país es una especie de “portaaviones” al que llegan y salen aeronaves transportando drogas casi sin control, mientras que las fronteras terrestres son como los “coladores” que se venden en el bazar del barrio”.
Por allí pasan también millones de dólares, según denunció la Unión Industrial Argentina a través de contenedores que no se revisan. El caso paradigmático del puerto rosarino es un ejemplo inexcusable.
De Bolivia proviene el mayor porcentaje de droga y un kilo de coca sube en su costo de manera exponencial, dependiendo de los distribuidores la seguridad de la “merca”, como dicen los muchachos del tablón. Es la etapa decisiva en la formación del precio en dólares por kilo.
El blanqueo de “la blanca”
La plaza financiera argentina no se caracterizaría por el lavado de narco dólares, aunque parte es blanqueado presuntamente en bancos de la City porteña que reciben operaciones “off shore” con destino a paraísos fiscales. El control se ve obstaculizado mediante la facilidad con la que oficinas paralelas hacen ese tipo de transacciones, ofreciendo tasas de interés más altas.
Se adquieren muchos inmuebles o se invierte en el sector turístico y se compran autos de colección, obras de arte, joyas, jugadores de fútbol y en sociedades de bolsa y en casinos, a lo que se agrega la compra de institutos educativos. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política