Por Ricardo Marconi (*)
El juez federal Marcelo Bailaque sería imputado por tres causas distintas, ya que los fiscales Federico Reynares Solari del Ministerio Público Fiscal de Rosario; Juan Argibay Molina de la Procelac y Matías Scilabra de la Procunar, darán a conocer los indicios que tienen contra el magistrado, quien está sospechado de prevaricato e incumplimiento en los deberes de funcionario público.
El desarrollo del evento judicial tendrá lugar en los Tribunales Federales de Oroño al 900, presumiblemente en horas del mediodía y por tal motivo es previsible que se soliciten medidas cautelares.
La primera investigación a la que debemos hacer mención está impulsada por el fiscal Reynares Solari y está motivada por la manipulación de fondos que determinó Bailaque sobre la intervenida Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, conducida por Herme Juárez, al que en el mundo sindical se lo conoce por su apodo: “Vino Caliente”, apresado en 2019 por el juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Bloqueo
Dicho magistrado, en razón de un conflicto de competencia, ordenó el bloqueo de mil millones de pesos de la cooperativa y la resolución sobre qué debía pasar con el dinero recayó en Bailaque. Este último, con el fundamento de que daba mejor interés económico dispuso que dicha cifra fuera a una mutual del empresario Fernando Whpei.
Un grupo de estibadores recusó la resolución debido a que la mutual no era una entidad regulada por el Banco Central, y porque sabían que Whpei tenía una amistad con el juez. La presentación judicial fue revisada en la Cámara de Apelaciones, a través de los jueces Aníbal Pineda y Fernando Barbará, los que se ordenaron girar la plata a un plazo fijo del Banco Nación y la situación quedó públicamente “marcada” como una posible maniobra de Bailaque para beneficiar al empresario.
Una segunda causa
Otra causa es la presunta vinculación entre Bailaque y el condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado. Es que el contador personal del juez es Gabriel Mizzau, firmó los balances contables de las firmas que supo poner a su nombre Alvarado y por las cuales terminó condenado por lavado de dinero.
El despacho del juez Marcelo Bailaque fue allanado días atrás por efectivos de GN
No sólo eso despertó sospechas. El hijo de Mizzau trabajó como empleado del magistrado en su juzgado de instrucción hasta hace meses que pasó a un tribunal oral. Y para colmo, a lo mencionado hay que agregar que Bailaque tiene un proceso en el Consejo de la Magistratura, donde se estaría evaluando su accionar en la causa contra Alvarado, después de que los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieran que se analice si hubo irregularidades.
Los fiscales en cuestión ventilaron evidencias durante el juicio provincial donde fue condenado a perpetua Alvarado y en el que se expusieron informaciones que estaban desde 2013 en el expediente federal que Bailaque no movilizó judicialmente contra el incriminado.
Emilio Maximiliano Lencina, como titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Rosario declaró en ese debate oral y público y sugirió que el juez no hizo lugar a intervenciones telefónicas y allanamientos pese a todos los indicios que tenían contra el narcotraficante.
Bailaque, al hacer uso de la posibilidad legal de defenderse manifestó a quienes lo escuchaba que la única condena por narcotráfico de Alvarado había sido instruida por él. Esa decisión la tomó –vale aclararlo debidamente-, por un cargamento incautado en 2017 en Río Negro, a cuatro individuos que se desplazaban en vehículos de las firmas que tenía “ el Esteban” a través de testaferros.
Incautación
Y otra investigación contra el juez es por la que se hicieron los allanamientos la semana pasada, donde se incautó el teléfono del magistrado y de su secretario Gustavo Guazzaroni, quien fue suspendido preventivamente por la Cámara de Apelaciones. Cartón Lleno.
Se trata de un expediente en el que trabaja el fiscal Juan Argibay Molina en el que también están involucrados trabajadores de la ex Afip y Aduana, hoy reconvertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
La Procelac también se anotó un poroto
Es que la Procelac comenzó a realizar presentaciones ante la justicia, elevadas por Claudio Iglesias, ex trabajador de San Cristóbal, cuando estaba por asumir como presidente de la aseguradora y terminó siendo afectado por allanamientos que se hicieron en 2019, tras una denuncia anónima en la que lo sindicaban por evasión tributaria y lavado de activos en sociedad con el agente de bolsa Jorge Oneto.
En este caso, Bailaque no delegó la instrucción. Sí ordenó procedimientos y pocos meses después le dictó falta de mérito al denunciado. Sin embargo, el solo hecho de haber sido objeto de los operativos le valió a Iglesias no asumir como presidente de la empresa de seguros.
En medios de comunicación trascendió que otras investigaciones en las presuntas maniobras, habrían sido direccionadas para afectar a Iglesias con el objetivo de beneficiar a los reales responsables.
Las malas lenguas habrían dicho que otras personas, habrían contado con información suministrada desde la reconvertida ARCA, donde están bajo sospecha Carlos Andrés Vaudagna –dirección Regional Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero–; Fernando Duncan Amante, Luciano Martín Giunta y Pablo Andrés Allegri, de la dirección Regional Rosario de la ARCA y Román Scattolon de la dirección General Aduanera Hidrovía de la ARCA. Hasta el momento esas apreciaciones fueron calificadas como habladurías que, por el momento, quien esto escribe, ha tomado como tales.
Bailaque dijo que desconocía que Mizzau llevaba los balances de las empresas del jefe narco. El hijo de este profesional ingresó a trabajar de sumariante en 2017, según su padre. El Consejo de la Magistratura investiga el desempeño del juez en esta causa.
El contador Mizzau se dedicaba a llevar la contabilidad de diversas sociedades, entre la que se contaría la de Alvarado, e incluso se señalaba insistentemente de su presunta tarea de lavar dinero, a la vez que un medio de comunicación de Santa Fe señaló que era el contador del juez Bailaque.
El magistrado -seguido de cerca por el Consejo de la Magistratura por cuestionamientos-, habría demorado medidas judiciales que hubieran posibilitado detener la carrera criminal de Alvarado, años antes de su procesamiento.
Y como si esto no fuera suficiente, Sebastián Mizzau, hijo del contador, ingresó a trabajar, en 2017, al juzgado de Bailaque hasta que ascendió. Bailaque, en una actitud temeraria, dijo desconocer que Mizzau –su contador personal-, era también el profesional que llevaba la contabilidad de las empresas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL.
Esas dos firmas, según comprobó la justicia, eran de Alvarado, quien había puesto como testaferros a parientes, entre ellos, a su esposa Rosa Capuano.
Investigaciones judiciales habrían determinado que la firma de Mizzau figura en los balances de la empresa Logística Santino. Pero, además, el propio Bailaque describió, cuando procesó a Alvarado en 2019, que las firmas Toia y Logística Santino “están vinculadas a Alvarado, quien de hecho resulta ser quien las dirige”.
En los Tribunales Federales de Rosario el magistrado escuchó las imputaciones en su contra
Bailaque dijo desconocer que su contador hubiera firmado, entre otros, los estados contables correspondientes al 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017 de la empresa Logística Santino SRL. Según la causa, Mizzau figura además como quien gestionó la habilitación municipal de empresa Sagrado Corazón de María SRL. Estas firmas estarían en manos de testaferros del jefe narco, pero además figuran en la propia causa federal que tramitó el juez. El contador de Logística Santino, según se establece en los documentos que obtuvo Aire de Santa Fe era Gabriel Mizzau.
La fecha de los aludidos documentos es importante, porque datan del momento en que Alvarado traficaba grandes cantidades de droga. El 24 de noviembre de 2017 la policía de Río Negro interceptó a unos 15 kilómetros de la ciudad de General Roca, sobre la ruta provincial 6, un camión que tenía como destino la localidad de Cinco Saltos. El camión fue requisado y así se encontraron, en una baulera metálica ubicada en la parte inferior del semirremolque y en la cabina del rodado, más de 300 paquetes de marihuana con un peso total de 493 kilos.
Vale puntualizar que la opinión pública interpretó que Bailaque no tuvo más remedio que procesar a Alvarado, un narco que era un fantasma caído en desgracia para la Justicia en una causa que investigaba Matías Edery. Es ya un recuerdo que el 2 de febrero de 2019 Alvarado fue detenido en un camping en Embalse Río Tercero, Córdoba, donde se ocultaba.
Al sentirse rodeado, arrojó su IPhone al agua, pero un policía lo rescató. El teléfono se abrió en Estados Unidos, y reveló algunos mensajes comprometedores del narco a través de la aplicación Telegram.
Emilio Lencina, jefe de la PSA en Rosario, presentó en 2013, según se reveló en el juicio, una serie de informes contra Alvarado y los nexos que tenía con el narcotráfico. Su socio, en ese momento, era Luis Medina, un narco que fue asesinado. El juez federal al que le llegó la información era Bailaque, que procesó a Alvarado nueve años después. En definitiva, se estima que Bailaque rechazó pedidos de intervención telefónica, elemento considerado clave para avanzar en cualquier investigación.
Sin duda, resulta curioso -teniendo en cuenta que en el nuevo sistema acusatorio-, Bailaque se desempeña como juez de Garantías y tiene a su cargo las causas residuales del viejo sistema. Llama la atención que a pesar de que está siendo investigado por su actuación en una causa emblemática de narcotráfico fuera designado para que subrogue otro juzgado, el de Rafaela desde el 9 de junio pasado hasta el 8 de junio de 2025. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política