Por Ricardo Marconi (*)
Un funcionario del Departamento de Justicia estadounidense informó al Congreso que el Gobierno de Trump puede continuar ejecutando ataques militares letales contra presuntos narcotraficantes sin la aprobación del Congreso, ya que la administración no está sujeta a una ley de poderes de guerra que tiene décadas de antigüedad.
El titular de la Oficina de Asesoría Legal -OLC, por sus siglas en inglés-, del Departamento de Justicia, T. Elliot Gaiser, dijo a legisladores seleccionados del Senado y la Cámara de Representantes el jueves que los ataques contra supuestas lanchas de droga en el Mar Caribe y el Océano Pacífico no activaron los requisitos de la ley porque no cumplen con la definición de hostilidades y no requirieron una declaración de guerra del Congreso, según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.
Gaiser se basó en una opinión legal clasificada, producida por su oficina, que justifica los ataques equiparando a los cárteles de la droga con terroristas y se enfoca en las muertes causadas por las drogas que llegan a las costas estadounidenses.
Asimismo, enfatizó el hecho de que las Fuerzas Armadas de EE.UU. no estaban siendo atacadas en respuesta a los ataques como parte de su argumento de que no estaba en guerra, indicaron las fuentes.
Las Fuerzas Armadas norteamericanas, según sus fuentes, han ejecutado, al menos, 15 ataques conocidos contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas desde principios de septiembre, matando a un total de 64 personas, según un recuento de una agencia de noticias. El ataque más reciente conocido ocurrió el sábado en el Caribe, donde murieron tres personas.
Legisladores demócratas, y al menos un republicano, han criticado al Gobierno por no ser más transparente con los detalles sobre la justificación legal de los ataques.
La CNN informó sobre la existencia de la opinión de la OLC, que, según expertos legales, parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de cárteles y presuntos narcotraficantes.
La opinión parece estar diseñada para dar al presidente el poder de designar a los narcotraficantes como combatientes enemigos y matarlos sumariamente sin revisión legal, dijeron esos expertos. Históricamente, quienes participaban en el narcotráfico eran considerados criminales con derechos al debido proceso, y la Guardia Costera interceptaba las embarcaciones y arrestaba a los contrabandistas.
Por otra parte, ‘The Washington Post’ fue el primer medio en informar sobre la sesión informativa de Gaiser a los legisladores.
Hay que considerar que el presidente Trump analiza planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela, aunque aún no ha tomado una decisión sobre si proceder con ellos.
Relación entre Estado y criminalidad organizada
Llegó el momento en que debemos apuntar que los especialistas en el análisis de la relación entre Estado y criminalidad organizada exponen que depende, en gran medida, de las condiciones específicas y de las tradiciones políticas existentes en cada país.
También es cierto que los estudios que se han realizado sobre terrorismo y narcotráfico, se han tratado de demostrar que había estrechos vínculos entre los terroristas y la delincuencia común, aunque, en este sentido, no se han hallado pruebas convincentes, ya que en los estudios no se habría tenido en cuenta, suficientemente, el factor motivacional, es decir por qué un individuo hace uso de la violencia.
Para dar un ejemplo concreto, podemos referirnos a la necesidad de conformar una alianza táctica -temporaria-, como la ocurrida en Colombia, entre las FARC y los cárteles del narcotráfico, en un marco de desconfianza mutua.
Vale apuntar que en América Latina los Barones de la Droga invirtieron sus cuantiosas ganancias –mayormente- en la adquisición de terrenos y por esa decisión tuvieron que ponerse en contra de los agricultores y de los campesinos, que terminaron siendo protegidos por las FARC. 
Es más, hasta el presente no se han podido elaborar conclusiones finales acerca de la centralización o de la descentralización para frenar la expansión del crimen organizado.
Argentina rompe con el citado esquema ya que en nuestro territorio no funcionó el que indica que, a mayor concentración de poder, hay menos chance para desarrollar el crimen organizado.
Los analistas a los que hemos hecho mención también sostienen que todas las asociaciones criminales posen una “patota especial” encargada de realizar el “trabajo sucio” y ese grupo tiene mayor tarea cuando las tensiones y rivalidades entre varias organizaciones se agudizan. Es el momento en que la población en general y las autoridades en particular, advierten que sube la curva de homicidios.
En este sentido hay que dejar claro que no ocurre lo propio en todos los países latinoamericanos, ya que se tienen en cuenta elementos estructurales y otros culturales, ya que no todas las gavillas narcos actúan de la misma manera.
Decimos esto, en razón de un enfrentamiento dañino entre los narcos y las fuerzas de seguridad, o con una organización criminal competidora. En este contexto, sería negativo, ya que aumentaría los costos del tráfico y es por esa razón que –como en otras columnas-, hacemos referencia a la necesidad de utilizar la violencia subsidiariamente, y sólo apelar al enfrentamiento directo cuando no se encuentra otro mecanismo para superar el problema existente.
Lo enunciado no evita decir que, el uso de la violencia es central cuando se trata del dominio de determinado territorio o de su población por parte de una organización criminal. Ello produce una resultante definitoria: El incremento casi incontrolable de asesinatos.
En México, los narcos en su necesidad de ampliar sus proyectos económicos, comenzaron a manifestar ambiciones territoriales y ocuparon zonas rurales, barrios de la periferia de las ciudades y el sector central de esta últimas a costa de convertirse en más sangrientas con un crecimiento exponencial de homicidios en los que la crueldad es un elemento distintivo, ya que se utilizan “marcas” en los cuerpos de las víctimas para dejar claro a las bandas enemigas sobre quiénes son y su “estilo” de violencia que permite al receptor del “mensaje”, saber desde donde viene el ataque.
En Latinoamérica, la ola de violencia se explicita por el hecho de que el Estado ha sido incapaz de terminar con el monopolio de la violencia. Para colmo, no es ajeno a los países latinoamericanos, la existencia de una fina línea que divide a la participación de los agentes estatales y el crimen organizado, a tal punto que se ve muy seguido la existencia de los primeros en las bandas criminales.
La aludida opinión de la OLC es significativa, dijeron expertos legales, porque parece justificar una guerra indefinida contra una lista secreta de grupos narcos, dando al presidente el poder de designar a los narcotraficantes como combatientes enemigos y permitir que sean ejecutados sumariamente sin revisión legal.
Históricamente, los involucrados en el tráfico de drogas eran considerados criminales con derechos al debido proceso, con la Guardia Costera interceptando embarcaciones de tráfico de drogas y arrestando a los contrabandistas.
“Según esta lógica, ante cualquier grupo pequeño, mediano o grande que esté traficando drogas hacia EE.UU., la administración podría afirmar que equivale a un ataque contra Estados Unidos y responder con fuerza letal”, dijo un exabogado del Pentágono a quien le describieron la opinión.
Memorando
El memorando del Departamento de Defensa a los legisladores, que describía la base legal para una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe -el cual argumentaba que EE.UU. está en un “conflicto armado” con los cárteles, y decía que el presidente ha determinado que los contrabandistas de los cárteles son “combatientes ilegales”-, se apoyó fuertemente en la opinión de la OLC, dijeron fuentes.
Los legisladores han solicitado repetidamente al Departamento de Justicia y al de Defensa una copia de la opinión legal.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios cuando se le preguntó sobre la opinión de la OLC. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, tiene previsto testificar en el Capitolio, donde probablemente enfrentará preguntas de los legisladores sobre la justificación legal del Gobierno de Trump para realizar ataques letales contra supuestas embarcaciones de drogas y presuntos miembros de cárteles en el Caribe.
En el Pentágono, algunos abogados militares, incluidos expertos en derecho internacional dentro de la Oficina del Asesor General del Departamento de Defensa, han expresado su preocupación sobre la legalidad de los ataques letales contra presuntos narcotraficantes, dijeron fuentes familiarizadas con el tema que nos ocupa.
Varios abogados militares en funciones y retirados, miembros del cuerpo de abogados generales del Ejército, dijeron a CNN que “los ataques no parecen legales”.
Los abogados del Pentágono, incluso si tienen preocupaciones, no pueden anular la opinión de la OLC, que es la interpretación legal predominante del Ejecutivo. Muchos abogados del Departamento de Defensa también son reacios a disentir abiertamente, dijeron a dicha agencia de noticias tres abogados militares en funciones.
“La manera de proceder es simplemente aceptarlo, bajar la cabeza y actuar de acuerdo con las nuevas políticas de Hegseth,” dijo uno. “Ningún abogado militar está tratando de causar problemas o llamar la atención”.
La opinión del Departamento de Justicia constituye una parte clave de la campaña intensificada de la administración contra los cárteles de drogas latinoamericanos, que también incluye la ampliación de las autoridades de la CIA para llevar a cabo acciones letales y realizar operaciones encubiertas en la región.
El presidente Donald Trump actualizó las autoridades de la CIA aproximadamente al mismo tiempo que firmó una directiva secreta ordenando a las fuerzas armadas comenzar a atacar a los cárteles de drogas latinoamericanos a principios de este verano, según las fuentes.
Vale apuntar que se informó en abril que la CIA había comenzado a revisar sus autoridades para usar fuerza letal contra los cárteles de drogas en México y más allá, mientras el Gobierno de Trump avanzaba para convertir la lucha contra los cárteles en una prioridad principal para la agencia de inteligencia. La CIA, hay que recalcarlo, también ya está volando drones de vigilancia que son capaces de estar armados sobre México.
“Finding”
Un ex alto funcionario de inteligencia dijo a CNN que existe una directiva presidencial, conocida como un “finding” (hallazgo), para la acción encubierta de la CIA, relacionada con la misión antinarcóticos que data de la década de 1980.
Sin embargo, ese hallazgo se considera en gran medida “abierto” en cuanto a la definición de las acciones que la CIA puede tomar, agregó el exfuncionario, señalando que ha sido objeto de un debate significativo dentro de la administración desde que comenzó el segundo mandato de Trump.
La administración había estado trabajando para actualizar ese hallazgo a fin de proporcionar mayor claridad a la CIA sobre las acciones específicas que la agencia debe tomar en la región para avanzar en la campaña de Trump contra los cárteles, dijo el exfuncionario.
Sin embargo, la expansión de las autoridades de la CIA para incluir el uso letal contra actores de cárteles también está plagada de riesgos. En América Latina, hay, comparativamente, muchos más ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, personas que podrían tener legitimidad para demandar al Gobierno de Estados Unidos si resultan perjudicadas. Y ese es un problema novedoso para la CIA, según ha informado CNN. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política