Los concejales rosarinos del Frente para la Victoria, Norma López y Roberto Sukerman, afirmaron que el socialismo “no hace una política planificada contra la inseguridad” y que “tampoco existe una regulación para el uso de las anunciadas 600 cámaras de vigilancia para Rosario y Santa Fe”, por lo que decidieron presentar varios proyectos, aunque señalaron que “sin ser escuchados”
Ante los anuncios del gobernador de Santa fe, Antonio Bonfatti, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, sobre la instalación de 600 cámaras de vigilancia en Rosario, Santa Fe y sus áreas metropolitanas, los concejales del FPV señalaron que “si bien es auspicioso que se invierta en la materia, tanto el gobierno provincial como municipal, deben escuchar los proyectos y soluciones que plantean otros sectores, establecer políticas planificadas para combatir la inseguridad y regular la aplicación de instrumentos tecnológicos que ni siquiera fueron reglamentados a nivel provincial”.
Norma López, vicepresidente primera del Concejo Municipal, señaló que ha presentado “un plan de regulación integral para las videocámaras, de las que, solo se instalaron las primeras 23 de las 100 que supuestamente iban a colocar”.
Y agregó: “Ahora, con este nuevo anuncio, esperamos que cumplan con lo prometido pero, además, que se regule su funcionamiento ya que el Estado debe asegurar la convivencia ciudadana en los espacios público o privados de acceso público, y regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes mediante cámaras. Regulación que hasta ahora no existe a nivel Municipal y que, pese a que fue sancionada hace dos años a nivel Provincial, tampoco se reglamentó”.
Por su parte, el jefe del bloque de ediles del FPV, propuso la creación de una comisión de Garantías “para resguardar los derechos individuales y que los grandes comercios hagan convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo”.
Por ello, dijo que “vamos a tener cobertura en los grandes centros de concurrencia y las cámaras que se pretenden instalar se podrán utilizar en los lugares con mayor conflictividad en materia de seguridad, como los son los espacios alejados del centro, viéndose beneficiados tanto el sector público como el privado”.
Y apuntó: “El Estado sumando más cámaras al sistema de monitoreo, y el privado al ser monitoreado las 24 hs. Esto tiene como objetivo primordial lograr equidad y justicia social. Prever la posibilidad de que distintos actores del sector privado se integren al sistema público de monitoreo comprando las cámaras permite que el Estado pueda invertir en aquellas zonas que de acuerdo al mapa del delito requieran instalaciones de cámaras de video vigilancia”.
Asimismo, los ediles mostraron su preocupación ante los anuncios porque “no sabemos cómo va a funcionar el sistema. Es decir, si existen cámaras de la Municipalidad y la provincia, deberían actuar en forma articulada y no solo con el 911 como anuncian”.
En tal sentido, dijeron que propusieron “un sistema integral de alertas al que denominamos Rosario Alerta 2.0, consistente en la implementación de una plataforma informática que integrará cámaras de video vigilancia, botones de pánico, GPS, teléfonos celulares, pos-nets, internet y redes sociales. Funcionará de manera integrada y coordinada en un Centro de Monitoreo desde dónde se recibirán los llamados y denuncias y se tomarán las decisiones que sean las más adecuadas para la resolución de la situación de emergencia anoticiada”. (Jackemate.com)