La Conferencia Episcopal Argentina, con el título de una parte del Salmo 24,1 ‘Del Señor es la tierra’, emitió un comunicado referido a las recientes usurpaciones de tierras que se vienen registrando en distintas provincias del país, en el que afirma contundentemente que “la Iglesia no avala las tomas” y agrega que “nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás”.
El comunicado lleva las firmas de Oscar V. Ojea, obispo de San Isidro; Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires; Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza; Carlos H. Malfa, obispo de Chascomús, todos miembros de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina.
“En estos días de extrema vulnerabilidad para el cuerpo social que conformamos, se repite con dolorosa frecuencia la toma de tierras, un fenómeno conocido en la Argentina desde los orígenes mismos de nuestra historia”, puntualiza la nota conocida al mediodía de este jueves.
“En estas últimas décadas, las distintas ocupaciones de tierras evidenciaron la precaria situación de tantas familias, que han debido procurarse un lugar para vivir. En este sentido, como cristianos nos sentimos interpelados ante toda forma de exclusión que deja a hombres y mujeres sin un techo digno.
«La pérdida de la concepción de la tierra como don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de toda concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales.» (Una tierra para todos, Comisión Episcopal de Pastoral Social, CEA, 2005).
“Ello, no obstante, nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás. La Iglesia no avala las tomas. Son ocasión de violencia y agitación social, muchas veces incentivadas.
“Mucho menos aceptable es el oportunismo de quienes se aprovechan de la extrema necesidad de los más pobres para usarlos en función de sus propias ganancias y clientelismo político.
“Asimismo, no podemos dejar de expresar también la preocupación por cualquier resolución de estos conflictos que naturalice la violencia y ponga en riesgo la vida de las personas.
“Hoy más que nunca se hace necesario un Estado presente que se haga responsable de políticas proactivas en materia de acceso a la vivienda y al trabajo digno. En estas horas dramáticas, en que los casos se replican, confiamos en que una diligente intervención de la Justicia evitaría escaladas de violencia entre las partes”, puntualiza.
Y sostiene seguidamente: “Con la autoridad de su mediación se facilitaría el diálogo con las autoridades proponiendo posibles alternativas para las familias pobres que verdaderamente necesiten un lugar para vivir. Nos conmueve la cantidad de niños implicados, ellos esperan una respuesta seria y rápida de nosotros los adultos.
En el arte de la política, siempre necesario, los distintos niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, deben velar por la seguridad de todos los habitantes y trabajar con todas sus energías para desarmar las estrategias de aquellos que sacan ventaja de esta dolorosa situación”, concluye. (Jackemate.com)