Una parte de los 14 miembros de la firma agroexportadora ‘Vicentín’, que este martes fueron imputados por los delitos de estafa, defraudación y balances falsos por el fiscal de Rosario, Miguel Moreno, podrían perder su libertad en la próxima audiencia, fijada para este jueves venidero, ya que desde la Fiscalía actuante podrían pedir la prisión preventiva.
El fiscal actuante de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario durante esta audiencia imputó a los directivos de Vicentín por los delitos de balance falso en concurso real por defraudación y estafa en seis hechos cometidos contra bancos extranjeros damnificados por el default de la empresa.
Esta audiencia imputativa se concretó en horas de la mañana en el Centro de Justicia Penal, en el llamado barrio rosarino de ‘Hospitales’, a unas 20 cuadras del microcentro rosarino.
También Moreno imputó a todos los ejecutivos por el delito de estafas en carácter de coautor contra las acopiadoras de quienes recibió granos hasta el momento de declararse en estrés financiero y posterior cesación de pagos, precisaron fuentes judiciales santafesinas.
Los imputados de esta mega causa judicial
Los imputados de esta mega causa judicial durante la audiencia imputativa
Los 14 imputados fueron identificados como Daniel Néstor Buyatti (presidente de Vicentin), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director financiero), Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, Raúl González Arcelus, Omar Adolfo Scarel (síndico) y Miguel Vallazza.
Buyatti, además, fue imputado, en forma personal, por el delito de apropiación indebida de tributos, y, junto al resto de los directivos, recibió la imputación por el delito de estafa contra el Banco Macro, una de las instituciones financieras locales afectadas por las maniobras de Vicentin, junto a los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, fuentes tribunalicias aseguraron que el juez interviniente, Román Lanzón, deberá decidir este jueves si dicta o no la prisión preventiva de algunos directivos, medida que será solicitada por el fiscal en el entendimiento de que pueden influir para alterar el proceso, o si acepta la oferta de fianza ofrecida por la empresa por una suma de US$ 5 millones.
Tras la citada audiencia, el fiscal Moreno, en declaraciones periodísticas, dijo que «si bien la pena contemplada por estafa es de seis años, por la acumulación de delitos imputados estamos en condiciones de pedir la pena máxima, que son hasta 50 años».
Entre los directivos de Vicentin, sólo Máximo Padoan hizo declaraciones a la prensa al retirarse y manifestó su «desconcierto» por la imputación recibida.
Tras el cuarto intermedio, en el tramo final de la investigación que Moreno encaró desde hace casi un año y medio, durante la audiencia del jueves los defensores de los imputados harán su descargo, ya que señalaron que tienen que analizar en detalle una evidencia electrónica de 36 millones de archivos que les llegaron a último momento.
Investigarían a la consultora que auditaba balances
Además de las diligencias de los principales acreedores y bancos perjudicados, la semana pasada el Banco Nación pidió que se investigue a la consultora que auditaba los balances de Vicentin, dados los elementos que permitieron deducir la falsificación documental, aun cuando los auditores adujeron que la caída de la empresa en 2019 fue una crisis que arrastraba desde años anteriores.
La encuesta del fiscal analizó la actividad desarrollada por los representantes del órgano de dirección y fiscalización de Vicentin, que “habrían celebrado contratos de compra venta y recibiendo mercadería, sabiendo y conociendo la imposibilidad de afrontar los pagos de la misma”.
A los imputados se les atribuye haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
La fiscalía sostiene que también confeccionaron y presentaron ante los bancos internacionales, informes trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio 2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019.
El fiscal Miguel Moreno podría pedir la prisión preventiva para algunos de los imputados
Esos informes exhibían una aparente sólida situación patrimonial de Vicentin “con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades financieras y así, provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que superan los US$ 500 millones en virtud de líneas de créditos acordada”.
Los bancos extranjeros denunciantes son la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Grupo Banco Mundial); los holandeses Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., Coöperatieve Rabobank U.A e ING Bank; y Natixis New York Branch, de Estados Unidos.
“Una puesta en escena de empresa solvente y confiable”
El fiscal Moreno definió las maniobras de Vicentin como “una puesta en escena de empresa solvente y confiable”, a fin de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios, cooperativas y corredores, “quienes, engañados, entregaron toneladas de granos bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas”.
Identificó entre los afectados a las firmas locales Cuatro Hojas S.A, Olzen Industria y Comercio de Calzados S.A., Maniagro S.A., La Clementina S.A., Commodities S.A, a las que ofrecieron mejores precios que la competencia y plazos muy superiores para fijar precio. (Télam/Jackemate.com)