El diputado provincial del bloque ‘Juntos por el Cambio’, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley que busca dar respuesta efectiva a las denuncias por violencia de género y/o familiar que se realicen, determinando la actuación obligatoria de los jueces y/o del Ministerio Público de la acusación ante cada acusación que se presente o se peticione presentar.

“Es imprescindible que avancemos en políticas públicas que den respuesta a la demanda de la sociedad”, afirmó Chumpitaz, porque “la violencia tiene una curva de crecimiento que se profundiza día a día”.

Y agregó: Es por ello, que el presente proyecto establece que jueces y/o fiscales no puedan archivar in limine las denuncias que se presenten ni podrán limitarse a dictar una medida cautelar preventiva o de protección como única actuación.”

El proyecto impone, a su vez, la exigencia de mantener una entrevista personal con quien resulta víctima de violencia de género y/o de violencia de familia, no pudiendo en ningún caso eximirse de esta obligación, bajo ningún fundamento, así como explicar de forma detallada las razones por las cuales descartan las pruebas que fueron sustanciadas y la expresa motivación en la que sostienen tal determinación judicial.

Asimismo, la resolución deberá expresar de manera fundada la no producción de alguna de las medidas probatorias a su alcance.

El diputado provincial, aliado al sector liderado por la porteña Patricia Bullrich, con quien hoy comparte varios espacios en la cartelería de la ciudad de Rosario, aseveró que “nuestra provincia es una de las regiones más violentas de Sudamérica, con números exorbitantes en materia de femicidios y de violencia familiar, por ello es necesario la implementación de programas que como principal objetivo protejan el futuro inmediato de las víctimas”

El proyecto del legislador rosarino destaca que cada denuncia” es un pedido de ayuda” y que “la realidad deja expuesto que la presentación de denuncias por quienes son víctimas de violencia, no tiene el correlato judicial esperado”.

En ese sentido, Chumpitaz precisó que “las estadísticas muestran que muchas denuncias no tienen respuesta judicial de medidas de protección (33%), que aquellas en las que se dictan medidas de protección (77%), en su mayoría quedan sólo con la medida dictada y sólo el menor porcentaje tiene un proceso de sustanciación y prueba”.

Enfatizó que “la realidad diaria acredita que los casos de lesiones graves o femicidios están en el porcentaje de las causas sin medidas de protección dictadas, que evidencia la falta de identificación del nivel de riesgos de los órganos judiciales”.

Chumpitaz, asimismo, sostiene que “esta iniciativa busca que la violencia contra las mujeres, y en el ámbito doméstico, ya sea por agresiones, malos tratos y los abusos cometidos por pareja, ex pareja, o por cualquier otro integrante de tu familia, no quede en una simple denuncia por carecer de requisitos formales, sino que se llegue a la verdad con todas herramientas que los Códigos de procedimiento prevén.”

Además, aseveró que “toda la sociedad puede aportar y contribuir para eliminar la violencia de género y/o familiar, pero es el Poder Judicial el único poder del Estado con la capacidad, la facultad y las herramientas para controlar, neutralizar y sancionar a una persona que ejerce violencia en cualquier de sus formas”, concluyó. (Jackemate.com)

 

 

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