Malas noticias llegaron para la Casa Rosada, pero principalmente para el vicepresidente Amado Boudou. El fiscal federal Jorge Di Lello lo imputó por enriquecimiento ilícito y el requerimiento fue entregado al juez federal Ariel Lijo, quien también tramita otros dos expedientes vinculados a Boudou. La denuncia -efectuada por el periodista Cristian Sanz- también involucra a Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Agustina Kampfer, novia de Boudou
Según el denunciante, “el escándalo que salpica al vicepresidente Amado Boudou en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros suyos en negocios millonarios con el Estado —que recrudeció gracias a la adquisición de la ex firma Ciccone— no deja de deparar sorpresas día tras día”.
Y señala que “gracias al testimonio de la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, uno de los supuestos prestanombres de Boudou, se pudo descubrir la punta del ovillo de una trama que hoy ha impulsado una investigación judicial por supuestas negociaciones incompatibles que roza al referido funcionario”.
Según sitios digitales de medio porteños, la presentación fue efectuada junto al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y solicitaron que se investigue la configuración de los delitos de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, de acuerdo con el artículo 277 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito.
Por dicha denuncia presentada, Boudou "no solo sería partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la justicia federal, sino también que llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su titularidad, testaferros mediante, de corroborarse -merced a esta encuesta que se propugna-, configuraría el delito previsto y reprimido por el artículo 268 del Código Penal de la Nación".
Allí se mencionan algunos de los hechos que rozan a Boudou, como la compra de terrenos en el exclusivo barrio privado del partido de la Costa denominado ‘Costa Esmeralda’, localidad de Pinamar, Buenos Aires; a su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción ‘Compañía de Valores Sudamericana S.A’ y ‘London Supply’, y en la sugestiva locación “simulada" del inmueble que habita el vicepresidente en Juana Manso 740, piso 25, departamento 3, torre 2, de coqueto barrio de Puerto Madero.
Asimismo, de contar con supuestas “suculentas” sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina, Banco Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década.
En consecuencia, a la Justicia se le pidió el entrecruzamiento de la información de las personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación, todas cercanas al vicepresidente, enfocándose especialmente en los movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas. La causa lleva el número 1999/2012.
Esta denuncia se suma a otras que señalan al vicepresidente: Una por dádivas, realizada por el abogado Ricardo Monner Sans; otra que está en el Juzgado Federal de Sergio Torres por el uso del helicóptero de un contratista del Estado; una efectuada por el diputado nacional porteño del Proyecto Sur Claudio Lozano por uso de fondos de la ANSES, que está radicada en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, y otra más, donde se investiga si puso a su a su nombre un auto con documentación falsa, que instruye el juez federal porteño Claudio Bonadío. (Jackemate.com)