Por Cristian Desideri (*)
La economía argentina transita un período de supuesta estabilización macroeconómica, fundamentado en una drástica reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, el relato del orden fiscal y una inflación proyectada en torno al 30% para este 2026 abren un profundo interrogante sobre la legitimidad de sus bases.
El aparente equilibrio de las cuentas públicas no es el resultado de un crecimiento virtuoso, sino de un brutal ajuste que se sostiene sobre el deterioro del poder adquisitivo, la licuación de las jubilaciones y el desfinanciamiento de áreas clave para el desarrollo humano.
Esta situación se ve agravada por la deliberada ausencia del Estado en su rol histórico de escudo de los más vulnerables. Al renunciar a su función de planificador estratégico y regulador del mercado, el Estado ha dejado el bienestar común a merced de la especulación financiera.
Lejos de ser un gasto ineficiente, la intervención estatal es una herramienta indispensable para redistribuir la riqueza, garantizar la soberanía económica y asegurar que los recursos estratégicos se traduzcan en escuelas, hospitales y desarrollo tecnológico.
Para revertir esta crisis de fondo, resulta urgente implementar políticas activas que integren a las grandes mayorías postergadas al mercado de trabajo. Esta inserción no puede ser precaria ni informal; debe consolidarse mediante una verdadera inclusión laboral y un fortalecimiento del sistema educativo público.
Educación técnica y universitaria
La educación técnica y universitaria debe ser el puente que capacite a las nuevas generaciones para las demandas del mañana, transformando los planes de asistencia en empleo registrado con derechos. Solo dignificando al trabajador a través del conocimiento y el empleo formal se podrá sanar el tejido social y dotar al país de una fuerza productiva real.
El crecimiento proyectado del Producto Interno Bruto (PIB) de entre el 2% y el 3% desnudó una alarmante brecha estructural. Estamos ante una economía que avanza a dos velocidades marcadamente asimétricas: el éxito financiero de sectores extractivos y primarizados —como la energía y la minería— contrasta dolorosamente con el desplome de la industria nacional, el comercio y la construcción.
Mientras los balances corporativos celebran el superávit, los grandes conurbanos populares y las clases medias sufren un consumo paralizado y la precarización de un mercado laboral que ya no garantiza la dignidad mínima ni la movilidad social ascendente.
En conclusión, la verdadera estabilidad de una nación requiere un sano equilibrio donde el Estado y el mercado no se excluyan, sino que se complementen. El sector público no debe plantearse desde una postura confrontativa, sino como un actor indispensable: un impulsor, promotor y catalizador del desarrollo privado que asegure reglas claras para la inversión y, al mismo tiempo, garantice que el progreso sea inclusivo.
El gran desafío de la Argentina no es consolidar un frío ordenamiento financiero, sino comprender que la viabilidad económica a largo plazo solo es sostenible si el dinamismo del mercado se coordina con el progreso social, la equidad y una educación pública que potencie el capital humano. (Jackemate.com)
(*) Ingeniero – Docente Universitario – Coordinador del Foro de Reflexión Latinoamericano