Las comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presididas por los legisladores Juan Cruz Cándido y Lionella Cattalini, respectivamente, estuvieron estos lunes reunidos por tres horas con los responsables del Servicio Penitenciario de la provincia, Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi, para analizar la reciente cinematográfica fuga de ochos internos de la cárcel de máxima seguridad de Piñero, unos 15 kilómetros al sudoeste de Rosario, a cuyo término los referidos legisladores expresaron haber recibido más dudas que certezas sobre lo sucedido.
Además de Cándido y Cattalini, también participaron -de manera virtual- los diputados Mónica Peralta, Amalia Granata, Claudia Balagué, Lucila de Ponti, Agustina Donnet, Carlos del Frade, Sergio Basile, Pablo Pinotti, y Gabriel Chumpitaz.
En esta prolongada reunión por lo ocurrido el pasado 27 junio los legisladores de distintos espacios formularon preguntas sobre la múltiple fuga de presos y también en relación al funcionamiento en general del sistema carcelario.
«Las respuestas y explicaciones sobre las fugas de Piñero y las medidas de seguridad en las cárceles resultaron insuficientes”, resumieron al término del encuentro los titulares de las citadas comisiones porque -explicaron- “los funcionarios reconocieron la falta de inversión y la subejecución del presupuesto y dejaron muchas dudas respecto a los tiempos para concretar las mejoras imprescindibles para reforzar la seguridad».
Con respecto a los pormenores de la evasión, el titular de la comisión de Seguridad reveló que tanto Gálvez como Bortolozzi «no brindaron demasiadas explicaciones» sobre cómo se sucedió la fuga, pero sí dieron a conocer que “los agentes penitenciarios dispararon 99 tiros para repeler a las personas que estaban ingresando”.
Casi cien disparos durante la fuga
Y agregó Cándido que “no se sabe -por lo menos no nos pudieron informar- cuántos tiros dispararon los atacantes y tampoco tuvimos en claro en qué momento arrancó el ataque si desde afuera o desde adentro”.
Por su parte, Cattalini calificó como «insuficientes» las respuestas de los funcionarios” porque “no recibimos explicaciones en temas claves y notamos la falta de gestión y demoras especialmente en la inversión en equipamientos carcelario, cámaras y sistemas de videovigilancia”.
Precisó que cuando Gálvez y Bortolozzi fueron consultados por qué en el año 2020 solamente habían ejecutado el 39 por ciento del presupuesto destinado para tal fin, los funcionarios dijeron que “durante todo el año pasado el Servicio Penitenciario estuvo en su totalidad abocado a la pandemia” y reconocieron, además, que “los primeros expedientes, tanto de compras como de arreglo de cámaras, se iniciaron en octubre de 2020 y luego en abril de este año», sostuvo la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías de extracción socialista.
Tras ello, señaló que “nos parece muchísimo tiempo para decidir cuestiones imprescindibles que hacen a la seguridad de los santafesinos y santafesinas”.
Otro de los puntos que más llamó la atención a los legisladores y legisladoras es que de las 128 cámaras de seguridad que funcionaban en el penal a diciembre de 2019, en el momento de la fuga había menos de 100 en servicio.
Respecto de cómo eran considerados los evadidos, Cándido detalló que “Mansilla y Cándia eran detenidos de alto perfil, pero no estaban alojados en los espacios correspondientes. Mansilla era considerado de alto perfil por haber participado de un motín, haber herido a un agente penitenciario y, sin embargo, estaba con el resto de los internos, lo que posibilitó que se haya podido fugar”.
En el mismo sentido, los funcionarios reconocieron que “hay detenidos que, siendo de alto perfil, no están alojados en los espacios constituidos para este tipo de presos con mayores niveles de control, de seguridad, de restricción de comunicación y de visitas, puestos en funcionamiento en la gestión de Miguel Lifschitz”.
A la escasa ejecución presupuestaria en equipamiento carcelario de la gestión de Omar Perotti, la diputada socialista también precisó “la casi nula incorporación de plazas y agentes penitenciarios; la descoordinación entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno, y también los desmanejos y arbitrariedades respecto al Fondo Covid de 60 millones de pesos que recibió el Servicio Penitenciario, admitidas por Bortolozzi”.
Por ello Cattalini expresó la necesidad de “saber si hay acciones legales que indiquen que esos fondos no fueron distribuidos de forma acorde», concluyó. (Jackemate.com)