El Gobierno nacional decidió este miércoles por uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enfrentar al narcotráfico frontalmente con el uso de radares y otros elementos de las Fuerzas Armadas, inclusive ordenando el derribo de aeronaves transportando droga hacia territorio argentino en los llamados vuelos clandestinos
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en diálogo con una radio porteña, afirmó que se está ante "una situación límite y hay que cuidar a la población", por lo que el gobierno federal ha "decidido tomar el toro por las astas".
En ese sentido, destacó que “el producto ilegal entra al país, se produce, se comercializa y sale del país”, y por ello “hemos dispuesto ampliar el ‘Escudo Norte’ a un operativo ‘Frontera’ que va a ser más exhaustivo", explicó.
Para la incursión en los barrios, la ministra descartó que esa tarea pueda recaer sobre las Fuerzas Armadas porque “no esté en la ley. El Ejercito puede hacer tareas de logística, hace la operación de radares".
Asimismo, informó que el sistema de detención que hoy se encuentra en operaciones detectó en el último año "400 movimientos ilegales" y que precisó eso se logró “con pocas horas diarias de funcionamiento y sin cobertura total del territorio”.
Por ello adelantó que se trabajará con "radares móviles, radares en aviones y drones".
Respecto del decreto de derribo (de aviones) Bullrich argumentó que "tenemos radares, los identificamos, (pero) ¿qué hacemos? ¿Lo saludamos?".
Por último, la funcionaria dijo que se trabaja sobre un proyecto que implique la trazabilidad de los equipajes en los transportes de pasajeros para que cada persona se haga cargo de lo que transporta.
“Protocolo de actuación que consta de siete pasos que son previos al derribo”
Por su parte, el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, recordó también en declaraciones periodísticas, que “hasta ahora no existía un protocolo de actuación claro ante situaciones de vuelos irregulares en nuestro territorio, donde se registran decenas de esos vuelos irregulares semanalmente”.
El funcionario agregó que “en todos los países vecinos, menos Paraguay, existen normas de protección del espacio aéreo”, y señaló que si bien la ley de derribo se utilizó en Argentina mediante decreto “en nueve oportunidades”, con vigencia en plazos determinados de tiempo, era una “deuda pendiente” que tenían los gobernantes con los ciudadanos argentinos y había sido parte de compromiso de campaña previo a las elecciones.
Según explicó Burzaco, la ley establece “un protocolo de actuación que consta de siete pasos que son previos al derribo”.
Precisó que Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen ley de derribos, en tanto que Uruguay tiene un protocolo de protección de su espacio aéreo, para luego aclarar que el derribo es una “circunstancia extrema” y que “la cantidad de derribos en la región no alcanzan a diez”, sostuvo.
Burzaco explicó que, de acuerdo al protocolo que establece la norma que ayer firmó el presidente Mauricio Macri mediante un decreto, “primero se intenta contactar al avión y que su tripulante justifique su actividad”.
Y puntualizó que “sólo en casos muy excepcionales se puede aplicar la instancia de derribo”, ante un escenario que implique “una amenaza” para la población.
Críticas desde el Frente para la Victoria
Obviamente, que desde el Frente para la Victoria conocido el DNU emergieron críticas en torno a esta normativa para enfrentar al narcotráfico, en este caso puntual a los vuelos clandestinos que transportan droga hacia territorio argentino para comercialización o para su fabricación en las llamadas ‘cocinas’.
“Nosotros tenemos una mirada contraria a la ley de derribo. Creemos que se asemeja a instaurar la pena de muerte sin juicio previo”, dijo el ex ministro de Defensa kirchnerista y actual diputado al Parlasur, el santafesino Agustín Rossi.
En declaraciones a una radio porteña, Rossi recordó que esta decisión de Argentina se da después de que el Papa Francisco pidiera a los congresistas estadounidenses que eliminen la pena de muerte.
Agregó en su contra que “nadie puede pensar que los ocupantes de un avión derribado puedan sobrevivir”, y señaló que existen antecedentes en los que el derribo fue un error de información.
El antecedente al que se refería Rossi fue el derribo de una avioneta por parte de la fuerza aérea peruana, que se sospechaba era utilizada por narcotraficantes cuando en realidad viajaba una familia de misioneros estadounidenses.
“El derribo de un avión civil es la posibilidad de la pérdida de vida de víctimas inocentes”, precisó el ex ministro de Defensa, quien agregó que muchas veces la Gendarmería detecta vuelos irregulares que luego de la propia investigación terminan siendo “vuelos que están en contravención del plan aeronáutico”, pero no del narcotráfico o la criminalidad organizada.
Rossi puso en duda los “efectos positivos” que podría llegar a tener la vigencia de esta ley, e incluso se preguntó qué capacidad de acción puede tener un piloto que maneja una aeronave que va a 380 kilómetros por hora, presionado para que no se le escape una nave sospechosa, para tomar todos los recaudos siguiendo los pasos previos que establece la ley antes del derribo.
“Se comprobó que por la presión de que no se le escape la nave, los pilotos saltean los pasos previos”, aseveró Rossi, quien también recordó que en Argentina rige la ley de Defensa y Seguridad Interior que impide que las Fuerzas Armadas entren en cuestiones de seguridad interior.
Finalmente, afirmó que “todo el perímetro norte de Argentina está cubierto por el alcance de radares, que incluso en algunas zonas funcionan superpuestos”,
En la misma sintonía se expresó el ex secretario de Seguridad de la Nación, teniente coronel médico Sergio Berni, quien cuestionó algunos aspectos de la llamada "Emergencia en Seguridad Pública" declarada por el gobierno nacional.
Al respecto puntualizó que "la Ley de derribos", prevista en el decreto como herramienta para combatir al narcotráfico, "es una pena de muerte sin juicio previo".
El ex funcionario sostuvo que esa norma tendrá inconvenientes "de tipo legal" porque "en la Argentina la pena de muerte está prohibida" y recordó que este país adhirió a tratados internacionales que no le permitirían aplicarla.
Al analizar la Ley de derribos, el hoy senador provincial bonaerense sostuvo que su aplicación en distintos países "no ha demostrado importantes avances (en términos de seguridad) y ha generado costos de vidas inocentes", concluyó. (Agencias/Jackemate.com)