El fiscal a cargo de la causa AMIA, Alberto Nisman, presentó este miércoles una denuncia ante la Justicia Federal contra la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman, a quienes acusó de encubrir a los iraníes acusados de haber sido los autores ideológicos del atentado ocurrido en julio de 1994, que costó la vida de 85 argentinos. La denuncia consta de 300 páginas y por la misma también pidió que ambos acusados sean indagados y embargados hasta un monto de doscientos millones de pesos
Nisman presentó la denuncia cuando nadie hablaba del desarrollo de esta investigación judicial y se trata –por la investidura de los acusados- de una medida sin precedentes en la Argentina, producto de un memorándum de entendimiento firmado por la presidenta con el Gobierno de Irán que, más allá que haya salido con la aprobación de la mayoría automática oficialista del Congreso, fue declarado inconstitucional por la Sala I de la Cámara Federal porteña.
El atentado perpetrado esa mañana del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, durante la gestión presidencial justicialista del riojano Carlos Saúl Menem, se convirtió en el mayor hecho terrorista ocurrido en suelo argentino. Fue muy superior al de marzo de 1992, cuando terroristas hicieron volar la sede diplomática de Israel, en pleno corazón de Capital Federal.
La denuncia del fiscal federal también alcanza al diputado nacional y dirigente de ‘La Cámpora’ Andrés ‘Cuervo’ Larroque; de personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación; de los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche (Quebracho), del ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y del referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil.
Todos están acusados de ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la AMIA, calificado judicialmente como ‘crimen de lesa humanidad y genocidio’. La acusación abarca otros delitos conexos, como estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la denuncia presentada por el fiscal Nisman, habría un plan dirigido a borrar al Gobierno teocrático de Irán del caso AMIA, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, y que habría tenido origen en la previa decisión de la presidenta Cristina Fernández de "acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de “petróleo por granos”".
En su denuncia, según portales periodísticos porteños, Nisman sostiene que "este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní.
“Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar “la inocencia de Irán”", precisa Nisman.
Por las pruebas colectadas se permite afirmar que "el Gobierno (nacional) puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán, a fin de transmitir e instrumentar las órdenes emitidas por la presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina".
Y agrega: "La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. Presidente".
En definitiva, "el gobierno instaló y se valió de una diplomacia para-estatal, integrada –cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el Diputado Nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, según se deprende de un informe periodístico que publica en su sitio digital el matutino porteño ‘Clarín’.
Estos canales de tipo “paraestatales” transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés ‘Cuervo’ Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D´Elía, para llegar inmediatamente a Jorge “Yussuf” Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades iraníes, tanto al encargado de negocios en Buenos Aires de la embajada de Irán como a altos funcionarios de Teherán.
“Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance, fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólume hasta la fecha.
“Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal, terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani", concluye el informe periodístico que tuvo acceso directo a las 300 páginas de la denuncia del fiscal Nisman. (Jackemate.com)