Por Ricardo Marconi (*)
En las últimas horas se conocieron detalles de las nuevas imputaciones y citaciones judiciales relacionadas con el robo de expedientes judiciales relacionados con un sonado caso del robo a los Tribunales de Rosario, ocurrido el 8 de octubre de 1984. Una entrevista realizada en 1986 a Gustavo Francisco Bueno, personal civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 121 del Comando del II Cuerpo de Ejército, sirvió como elemento determinante para concretar una nueva citación, ya que el aludido agente describió la composición del grupo responsable de la operación e identificó entre sus componentes a personas que fueron convocadas a prestar declaración indagatoria.
Bueno también explicitó que el trabajo de Inteligencia de la estructura que nos ocupa, requería de información desde los tribunales sobre las causas que investigaban a responsables de delitos de lesa humanidad.
Las nuevas citaciones pretenden ahondar la investigación sobre las responsabilidades individuales de quienes habrían participado en la estructura de Inteligencia y en la ejecución del robo.
Según la nueva evidencia reunida, el operativo habría formado parte de un aparato organizado de poder, integrado por distintos actores que coordinaban sus acciones para sustraer pruebas y obstaculizar el accionar de la Justicia.
Entre los citados se encuentran dos exintegrantes del Personal Civil de Inteligencia, ambos vinculados con el grupo de tareas liderado por Pascual Oscar Guerrieri, con condenas en distintos tramos de esa causa, además de un exjefe de la Sección Segunda del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército.
Los hechos
La noche en que se desencadenaron los hechos, la guardia de los Tribunales Provinciales rosarinos estaba a cargo de Juan Aguirre. Fue minutos antes de las 2 de la madrugada cuando escuchó el timbre de la puerta de ingreso cuando Aguirre se dirigió a abrirle la puerta a dos uniformados de la policía que venían a realizar un presunto trámite desde la Subcomisaría 5ta.
Aguirre les permitió el paso y luego otro efectivo provincial -que estaba a cargo de la vigilancia del Juzgado de Instrucción de la 10ª. Nominación- les facilitó el ingreso a los recién llegados, pero, imprevistamente, se encontró con que estaba siendo –por parte de uno de ellos-, amenazado con una ametralladora PAM.
A las 5 de la madrugada, tras conocer de los guardias lo sucedido, una empleada ingresó al Juzgado de Instrucción y se encontró con que faltaban los tres cuerpos del sumario 6-84, donde se investigaban hechos contra Jorge Pérez Blanco, Eduardo Lebeche y Teresa De Conde, quienes cumplían funciones en el Destacamento de Inteligencia 121.
Más de tres décadas después, el fiscal federal Adolfo Villate pidió al juez Carlos Vera Barros que ordene la detención de tres altos jefes del 121 por el robo del sumario.
El general Víctor Pino Cano, el coronel Héctor Fructuoso Funes y el coronel Luis Américo Muñoz tuvieron que responder sobre sus acciones ante el magistrado por delitos que fueron calificados de lesa humanidad y sin vencimiento.
En 1987 el exsegundo jefe del Destacamento 121, Luis Américo Muñoz le solicitó al entonces presidente Raúl Alfonsín que lo ascendiera a coronel y sacó chapa alegando que además de una carrera intachable había participado del secuestro de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, asesinados en 1983. El segundo fue el robo de los archivos donde la justicia investigaba a tres individuos vinculados al Destacamento 121.
El fiscal Villate entendió que Muñoz no podría haber participado del robo sin conocimiento de sus superiores: el general Víctor Pino Cano y el coronel Héctor Fructuoso Funes y esa misma semana fueron detenidas las tres cabezas con vida del Destacamento 121 y a partir de allí comenzó la espera para determinar si la justicia federal definía si aceptaba el pedido de la fiscalía y dictaba la prisión preventiva.
El matutino de la ciudad publicaba que “los saqueadores tenían gente esperando afuera, mientras realizaban el operativo, entre ellas una mujer” y el episodio “conmocionó en ese tiempo a la opinión pública”. El diario agregó que el robo “se vivió como una afrenta a una democracia que tan solo tenía 10 meses”.
La documentación sustraída
El Juzgado de Instrucción de la 10ª. Nominación, a cargo de Francisco Fermoselle poseía fotos y documentos de una serie de allanamientos solicitados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Es que Fermoselle tenía en la mira judicial al referido Pérez Blanco y Eduardo Rebechi (a) Rébora. La tercera buscada, Teresa De Conde, ya había fallecido.
Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos había dicho que el robo logró frustrar otros allanamientos programados por la Conadep. Incluso algunos procedimientos logrados no tuvieron resultados positivos e incluso en uno de ellos, en Urquiza y Sarmiento habían colocado explosivos en el umbral de la puerta, según publicó el diario El Ciudadano, en 1999. En ese entonces se hizo un escrache en los Tribunales para lograr que se “despertara” la causa.
Marchas por los desaparecidos en los Triubunales Provinciales de Rosario
Según afirmaba Ríos, en la casa de Rebecchi de Dorrego al 1600, “había tres habitaciones repletas de expedientes que contenían datos de estudiantes, políticos y delegados gremiales.
Aunque parezca increíble, también en el procedimiento judicial se hallaron varios kilos de chocolate y cientos de escarapelas que habían sido recolectados para enviar “a las Islas Malvinas, donde nunca llegaron”, según un informe periodístico de Agustín Aranda.
El lugar, además, era un depósito de material bibliográfico secuestrado a las víctimas de la represión e, incluso, había una carta personal del entonces coronel Mohamed Alí Seineldín dirigida a Rebecchi.
En el trabajo periodístico se hizo referencia a la intención de Fermoselle de contratar un camión para trasladar todo al juzgado. Evidentemente no hubo tiempo. Las pruebas más importantes sobre la represión en Rosario habían desaparecido.
Villate, fiscal de la Unidad de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad informó que dos militares retirados de Inteligencia, fueron procesados por su participación en el robo de Tribunales en 1984.
Y el juez federal Nº 3 Carlos Vera Barros procesó a Héctor Fructuoso Funes, integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército y al coronel ® Luis Américo Muñoz, ex segundo jefe del aludido Destacamento. Este último fue desligado del expediente por “incapacidad sobreviviente”, medida que fue recurrida por Villate.
Los imputados fueron procesados como coautores de robo calificado por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad, y encubrimiento agravado por el tipo de delitos precedentes. “Los hechos que nos ocupan son conexos a delitos de Lesa Humanidad y habrían sido cometidos para garantizar la impunidad de los autores de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos durante la última dictadura”, sostuvo la Cámara de Apelaciones actuante.
Asimismo, Muñoz fue procesado por haber ejecutado dicha operación especial de inteligencia militar como jefe del indicado destacamento, en cumplimiento de órdenes recibidas a través de su cadena de mandos y con personal a su cargo, mientras que a Funes le endilgó “haber preparado personalmente o mediante personal a su cargo los planes y órdenes para la reunión de información, el procesamiento de datos y su transformación en los mecanismos de Inteligencia necesaria para definir los blancos a ejecutar.
Villate luego anunció que “un día después de firmar los procesamientos, Vera Barros suspendió “el proceso en relación a Muñoz por incapacidad, sin darle intervención a la Unidad de Lesa Humanidad.
El fiscal agregó que “La psiquiatra que dictaminó en favor de la exclusión del proceso de Muñoz fue su ex médica personal y terapeuta de su esposa, al momento de la certificación, lo que comprometía su objetividad y justificaba que se declarara nulo su dictamen”.
Villate, además, reveló que “durante el allanamiento, realizado en la vivienda de Muñoz, se secuestró un papel con instrucciones que, a criterio de la fiscalía, refieren al modo que debía comportarse el militar para simular su supuesta imposibilidad de comprender y así manipular el resultado del peritaje”.
En el operativo, los delincuentes robaron la totalidad de la documentación y las armas incautadas en la tarea de investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, denunciados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas.
El material sustraído, era de gran importancia para realizar una meticulosa investigación y no había copias, ya que, según el propio Fermoselle : “Consistían en pruebas objetuales y sumarios”, aunque luego agregó que sólo existían copias de los expedientes girados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que registraba una labor de investigación hasta mediados de abril de 1984.
El entonces ministro de Gobierno provincial declaró posteriormente que: “Se trató de un grupo comando, de alto nivel de entrenamiento”, mientras que el radical ministro del Interior de la Nación, doctor Antonio Tróccoli, se reunió con su par santafesino, y se consideró “la evolución de la policía en todo el país y los planes para devolverle la seguridad a la población”. (Jackemate.com)
(*) Licenciado en Periodismo – Postítulo en Comunicación Política