La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario respondió con un fuerte cuestionamiento a la reforma presentada por Gobierno provincial bajo el título ‘Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Publica’ y remitida al Congreso santafesino para su aprobación en los últimos días, sobre la que afirma que “esconde entre su articulado el menoscabo a reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y un otorgamiento de amplísimas facultades a los órganos encargados de persecución penal”
Agrega que esta reforma “retrotrae la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años y por la cual mucho se trabajó para tener un proceso penal acorde a parámetros constitucionales e internacionales” y precisa que “uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho es el respeto por las garantías constitucionales que todo ciudadano posee frente a cualquier tipo de injerencia estatal”.
Recuerda que “en febrero de 2014 se puso en vigencia un sistema procesal acusatorio, en donde la investigación está a cargo de fiscales y siendo los jueces los encargados de velar por las garantías constitucionales de los ciudadanos”.
Tras añadir que también “se implementó la oralidad como forma de litigar, siendo esta una de las características principales de este nuevo sistema de enjuiciamiento”, asevera que el proyecto de ley que fue presentado recientemente presenta “institutos arbitrarios, absurdos e incompatibles con el derecho procesal penal moderno y sobre todo con el espíritu de nuestro digesto procesal vigente”.
Puntualiza, además, que “existen exorbitadas atribuciones al personal de fuerzas policiales, muchas de ellas habían sido quitadas en la sanción del Código Procesal vigente por ser abusivas, arcaicas, generándose abusos y corrupción policial”.
Asimismo, sostiene que “privarle a un ciudadano de contar con un asesoramiento legal en los primeros momentos de una persecución penal es retrotraerse a épocas nefastas de nuestra historia constitucional, volviendo a la clandestinidad, oscuridad y abusos absolutos por parte de las fuerzas de seguridad”.
Además, esta iniciativa del Ejecutivo liderado por Maximiliano Pullaro genera “preocupación, sorpresa y repudio el dotar a los fiscales de facultades que se encuentran reservadas para los magistrados, quienes deben controlar precisamente la legalidad del accionar”.
Al respecto menciona “allanamientos sin orden judicial; flexibilización de la exclusión probatoria (por buena fe del accionar policial); medidas coercitivas y limitativas de la libertad impuestas por decreto y sin contralor judicial; dictado de sentencias condenatorias por el propio órgano acusador (excluyéndose el juicio previo)”.
Por ello, afirma que “todas estas medidas en cabeza del órgano acusador, y sin control de un juez, pone en jaque la legalidad del acto, desnaturalizando y minimizando el accionar de los magistrados”.
Ante tal situación esta asociación de profesionales del Derecho Penal repudia “enérgicamente una ley del Estado prevea la ‘injerencia en derechos fundamentales’, permitiéndole al propio Estado menoscabar garantías básicas y elementales contenidas en nuestra Constitución Nacional, Constitución de Santa Fe y en los distintos Tratados Internacionales suscriptos por la República Argentina”.
Menciona, además, que “esta intromisión, sin causa alguna en la intimidad de las personas, en sus comunicaciones, en sus dispositivos tecnológicos, de manera ‘preventiva’, sin existir causa previa que haga presumir este menoscabo a estas garantías mínimas de todo está de derecho es un atropello autoritario contra derechos elementales de todo ciudadano”.
También precisa que este proyecto de ley enviado al Congreso provincial cuenta “con numerosos artículos que colisionan contra principios y garantías constitucionales que ocasionaran planteos ante los más altos estamentos judiciales provinciales, nacionales e internacionales, generando responsabilidad y sanción al Estado santafecino”, seguidamente afirma que “ningún Código Procesal Penal de las provincias de nuestro país, posee tamaños menoscabos a garantías básicas de enjuiciamiento penal. Avanzar rápido, no es avanzar justo. El fin no justifica los medios. Las garantías procesales son para todos los santafesinos”, recuerda.
Por tal motivo, cree esta asociación que “es más que necesario que, previo modificar semejantes preceptos, se abra la posibilidad de debatir, analizar y rediseñar, invitando a los actores de todo el sistema, para que el servicio de justicia, sea justamente eso: un servicio a la comunidad, al servicio del ciudadano y no un servicio solo para los operadores del sistema o para el propio Estado”.
Y sostiene su cuestionamiento afirmando que “afianzar la Justicia, es precisamente construirla sobre los derechos y garantías que la Constitución y Tratados Internacionales establecen y que la lucha por estos paradigmas costó muchísimo tiempo, recursos y personas”.
Por ello que esta Asociación de Abogados Penalistas de Rosario exhorta a las autoridades “a rediseñar” el proyecto de ley presentado, que convoque a las partes a un “profundo debate” y que se haga saber que “nos encontramos predispuestos para colaborar con la elaboración de normas bajo parámetros constitucionales”, concluye. (Jackemate.com)