Lunes, Febrero 24, 2020
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Introspecciones: El arte de mandar a matar sin remordimientos

 

En nuestra última columna en ‘Jackemate.com’ nos referimos a los mecanismos que utilizan las empresas privadas que firman contratos con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para realizar “tareas de campo” en el área de inteligencia militar para llevar adelante y sostener los conflictos armados que el país del norte viene llevando adelante en los territorios de Irán, Irak, Afganistán y Yemen.

El analista político y profesor de literatura David Bromvich hizo conocer su pensamiento sobre el tema señalando en uno de sus comentarios para el New York Review of Books, señalando: “...La contabilidad y responsabilidad separadas y urdidas para Blackwater, Dyn Corp, Triple Canopy, y negocios similares, formó parte de una transferencia cuidadosa de la supervisión del Congreso al vicepresidente y a los administradores de sus políticas en varios departamentos y agencias de seguridad.

El que gran parte del trabajo sea repartido entre compañías privadas que no son responsables ante las reglas del ejército o la justicia militar, significaba, entre sus numerosas otras ventajas, que el costo de la guerra podía ser ocultado más allá de toda detección...”

Los eufemismos son palabras destinadas a engañar y EE.UU. ya comenzó a ahogarse en ellos, al utilizar en la invasión estadounidense de Irak – expresiones de nuevo cuño destacados por Bromwich como ser “cambio de régimen,” “técnicas realzadas de interrogatorio,” “guerra global contra el terrorismo,” “dolores de parto de un nuevo Oriente Próximo,” “ligero aumento de la violencia,” “llevar la tortura hacia el derecho,” “ahogo simulado” y, por cierto, “daño colateral”.

Ya en todo el mundo saben los conocedores de este lenguaje que se quiere decir matanza de civiles desarmados por soldados y aviones estadounidense, seguida – pocas veces – por disculpas a la ligera.

Es importante que no se confunda la intrusión de funcionarios corporativos no elegidos, con motivos ocultos de lucro, en lo que son ostensiblemente actividades políticas públicas, con negocios privados que compran cintas adhesivas y sujetapapeles.

Transferencia de responsabilidades mortales

Como adelantamos en nuestra última columna, la transferencia generalizada de funciones militares y de inteligencia a agentes privados, a menudo anónimos, no comenzó bajo la presidencia de Barak Obama. El precursor fue Ronald Reagan y se aceleró fuertemente el mecanismo después del 11-S bajo George W. Bush y Dick Cheney, su ideólogo en temas de inteligencia.

 A menudo, sin embargo, no se entiende bien lo siguiente: La mayor expansión privada hacia la inteligencia y otras áreas de gobierno ocurrió bajo la presidencia de Bill Clinton. Parece no haber tenido los mismos motivos antigubernamentales y neoconservadores que los privatizadores de las áreas de Reagan y Bush II.

Sus políticas involucraban típicamente indiferencia hacia – y tal vez incluso ignorancia- de lo que realmente se estaba infligiendo al gobierno democrático, responsable, en nombre de la reducción de gastos y una supuesta mayor eficiencia.

Reagan, en su momento, lanzó su campaña para reducir el tamaño del gobierno y ofrecer una gran parte de los gastos públicos al sector privado con la creación en 1982 del “Estudio del sector privado sobre control de costos.”

A cargo del estudio, que fue conocido como la “Comisión Grace”, nombró al empresario conservador J. Peter Grace, Jr., presidente de W. R. Grace Corporation, una de las mayores compañías químicas del mundo, tristemente célebre por su producción de asbesto y su participación en numerosos juicios contra la contaminación.

La compañía Grace también tuvo una larga historia de inversiones en Latinoamérica, y Peter Grace estuvo profundamente comprometido con el menoscabo de los que consideraba como sindicatos izquierdistas, en particular porque a menudo propiciaban el desarrollo dirigido por el Estado. Los logros reales de la Comisión Grace fueron modestos.

El mayor fue indudablemente la privatización en 1987 de Conrail, el ferrocarril de carga para los Estados del noreste. No pasó mucho más en ese frente durante el primer gobierno de Bush, pero Bill Clinton volvió enérgicamente a la privatización.

Clinton según Shorrock

Según Tim Shorrock, el periodista dedicado a la investigación de las empresas privadas dedicadas al negocio de la inteligencia norteamericana, señaló que “...Bill Clinton recogió el garrote donde lo había abandonado el conservador Ronald Reagan y... lo usó profundamente en servicios que otrora eran considerados inherentemente gubernamentales, incluyendo operaciones militares de alto riesgo y funciones de inteligencia que estaban reservadas sólo para agencias del gobierno. A fines del primer período [de Clinton], más de 100.000 puestos del Pentágono habían sido transferidos a compañías del sector privado – entre ellos miles de puestos de trabajo en la inteligencia. A fines de su [segundo] período en 2001, el gobierno había reducido 360.000 puestos de trabajo de la nómina federal y el gobierno gastaba un 44% más en contratistas de lo que había hecho en 1993...”

Luego que Bin Laden concretara el ataque a las torres norteamericanas en el 2001, Bush y Cheney agregaron una justificación racional al proceso que Clinton ya había lanzado con tanta eficiencia.

Eran partidarios entusiastas de “un impulso neoconservador para manipular gastos estadounidenses de defensa, seguridad nacional, y en programas sociales a favor de grandes corporaciones amigas del gobierno de Bush. [1]

El resultado final

El resultado final es lo que vemos en la actualidad: un gobierno ahuecado en términos de funciones militares y de inteligencia.

La KBR Corporation, por ejemplo, suministra alimentos, lavanderías, y otros servicios personales a soldados destinados en Irak gracias a contratos extremadamente lucrativos adjudicados sin licitación, mientras Blackwater Worldwide suministra seguridad y servicios analíticos a la CIA y al Departamento de Estado en Bagdad.

Los gastos – tanto financieros como de personal – de la privatización en los servicios armados y en la comunidad de la inteligencia exceden cualquier supuesto ahorro, y algunas de las consecuencias para la autoridad democrática pueden resultar irreparables.

Esas consecuencias incluyen: el sacrificio del profesionalismo dentro de los servicios de inteligencia de EE.UU.; la buena disposición de contratistas privados a emprender actividades ilegales sin remordimientos y con impunidad; la incapacidad del Congreso o de los ciudadanos de realizar una supervisión efectiva de actividades de inteligencia administradas por privados por el muro de secreto que las rodea, y, tal vez, lo más serio, la pérdida del recurso más valioso que posee cualquier organización de inteligencia, que es la memoria institucional. (Jackemate.com)

 

Por Lic. Ricardo Marconi

 

 

[1] “Espías de Alquiler”, de Tim Shorrock (Pág. 72, 73)

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